Los reclamos sobre la propiedad de un bien deben hacerse ante la Justicia y no a través de la fuerza y esperar a que los jueces fallen al respecto. Destruir los mecanismos institucionales legales hace perder la credibilidad y la seguridad a toda persona que quiera invertir en nuestro país.
Preocupa la inacción de los Poderes Ejecutivos, tanto nacional como provinciales, y también del Poder Judicial que dilata inexplicablemente las acciones que deben llevar a cabo. Sin duda la no intervención de las instituciones que imparten y administran las normas de un país hace más vulnerable al sistema y podría llegar al extremo, nunca deseado, de hacer justicia por mano propia, instando así a hechos violentos como los que se están viviendo en varias regiones de nuestro país.
Por todo ello, desde la Federación de Acopiadores requerimos de forma urgente la intervención del Estado -en su conjunto- en este tema para frenar todas las agresiones que están ocurriendo y encauzar los reclamos por los carriles que correspondan.
La seguridad jurídica y el respeto a la propiedad son valores esenciales en nuestro ordenamiento legal y, por lo tanto, deben ser resguardados de cualquier ataque que pretenda vulnerarlos. No hay futuro sin respeto a la ley.
