En este sentido, consideramos que las restricciones impuestas por el gobierno
de San Luis son un claro ejemplo de cómo se avasallan los derechos previstos en
nuestra Carta Magna, que exceden al sector agropecuario -cuya actividad fue
declarada esencial- porque los productores no tienen acceso a sus campos, pero
tampoco los ciudadanos de los pueblos limítrofes pueden trasladarse a sus
puestos de trabajo, concurrir a centros médicos para continuar sus tratamientos
o asistir a familiares enfermos, por mencionar solo algunos casos.
Alarma aún más que esto se sostenga en el tiempo, ante la falta de respuesta
de un gobierno nacional que no ha intercedido decididamente, pese a ver cómo la
situación empeoraba a medida que pasaron los meses, y las condiciones de
afectación a las personas se tornaron insostenibles. El sistema representativo,
republicano y federal prevé que el gobierno central no haga la vista gorda ante
estas situaciones, que pueden derivar en crisis profundas entre las personas.
Por todo esto, ante los sucesos de público conocimiento y la movilización que
realizarán los productores agropecuarios a raíz de que se les impide desarrollar
su trabajo y su vida normal en la provincia de San Luis, desde la CEEA
acompañamos dicha movilización y bregamos para que se llegue a un acuerdo y se
defina un protocolo de ingreso que la provincia cumpla. Sin dudas, apoyamos la
voluntad de los productores y de todos los ciudadanos de transitar y llevar
adelante sus tareas, tanto como el derecho constitucional a trabajar y acceder a
sus establecimientos para cuidar de los mismos.
Finalmente, desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias hemos pedido a los funcionarios de todos los niveles, en reiteradas oportunidades, que se habilite y asegure el tránsito interjurisdiccional en todo el país.
