Sin precisiones al respecto, en Casa Rosada aseguraron ante El Economista que habrá dos ejes: por un lado el de “Desarrollo Social”, que con un puntilloso mapeo de cómo fue entregado el IFE, busca focalizar en los sectores en los que podría desarrollar “pequeños emprendimientos”, a la espera de la Obra Pública con la que se espera poder dinamizar los barrios. Hoy, el presidente Alberto Fernández presentará obras en diversas provincias.

Por el otro, una batería de estímulos financieros a las pymes y al sector comercio, con la expectativa de lograr la reapertura de muchos emprendimientos que producto de la pandemia y del aislamiento forzoso, se vieron obligados a bajar las persianas.

Las herramientas crediticias y financieras están a cargo del titular del BCRA, Miguel Pesce, y tienen por objetivo llegara a pymes a las que el ATP no les alcanza con financiamiento a bajísimo costo. A pesar del acuerdo alcanzado con los bonistas, el mercado cambiario continúa siendo la fisura por la que el goteo de dólares continúa mermando las reservas del Central. Es por eso que en el Gobierno son conscientes de la imperiosa necesidad de generar herramientas de ahorro en moneda local.

Es por eso que se muestran optimistas respecto del programa agroexportador que las entidades del Consejo Agroindustrial le acercaron tanto al Presidente, como a Cristina Kirchner. “Queremos tener una buena relación con el campo”, razonan en el oficialismo. Ayer, la Comisión de Agricultura del Senado, que está presidida por Adolfo Rodríguez Saá, analizó el plan presentado por las entidades productivas. En el Gobierno son conscientes que ahorro en moneda local, y mejora de las performance exportadora son la dos caras de una misma moneda.

En tanto en el despacho que conduce Cafiero se mostraron ante este diario satisfechos con la primera semana del funcionamiento de los gabinetes temáticos, especialmente con el de Promoción Federal y esperan poder llegar a cada región productiva con las especificidades del caso.

Al mismo tiempo en el oficialismo ven “imposible” al menos en el contexto actual, avanzar en el proyecto de renta universal que impulsaba el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, fue la encargada de comunicarla durante el fin de semana.

Con la negociación con el FMI por venir, pero con el objetivo de presentar el Presupuesto como hoja de ruta a mediados del mes próximo, el Gobierno cree que la situación social se encuentra de momento contenida gracias a la inserción territorial de las organizaciones sociales y apuestan a una pronta reactivación.

Aunque nadie en el sistema político lo admita públicamente, el horizonte electoral del 2021 ya está en la mira y es por eso que en Casa de Gobierno creen que las masivas manifestaciones del 17A, exhiben la desunión dentro de la coalición opositora. Incluso, deslizan que de no renovarse el protocolo de sesiones virtuales en la Cámara de Diputados, el costo político lo pagará Juntos por el Cambio.

Fuente: El Economista