Tan grave era el problema que ni siquiera se hablaba de crecimiento económico. La agenda de políticas económicas estaba monopolizada por el desafío de bajar la inflación. Obviamente que el principal escollo era cómo ordenar el Estado para bajar el déficit fiscal. Luego vino la década de los ‘90, cuando hubo una reforma del mercado y del Estado y se bajó la inflación a cero. Con lo cual la necesidad de “políticas antiinflacionarias” desapareció.
Luego vino la primera década del nuevo siglo en donde, si bien hubo un golpe inflacionario a la salida de la convertibilidad en el 2002, la inflación pudo controlarse. Luego fue creciente, fundamentalmente a partir del 2006, pero no volvió a ser un problema como lo era en la década de los ‘80 porque la bonanza económica internacional trajo al país crecimiento económico, dólares de exportación y superávit fiscal. Si bien el gasto público nacional se expandía a una tasa que duplicaba al (alto) crecimiento de la economía, los agoreros que alertaban que la situación fiscal se complicaba, no eran escuchados porque el clima era de fiesta, propio de una bonanza.
Pero la fiesta terminó en el 2011, cuando terminó la bonanza internacional. Esto hizo emerger el problema del desmedido crecimiento del gasto público. El deterioro ya era visible con el Indec midiendo una inflación oficial del 10% y las consultoras privadas midiéndolas en 25% y sufriendo una abierta persecución con conflictos hasta judiciales por el tema de las estadísticas.
A partir del 2012 comienza la larga noche argentina que se estira hasta el presente. Tuvo algunos atisbos de luz, pero fueron efímeros. En el 2012 comienza a funcionar el cepo cambiario porque los dólares oficiales ya no entraban, entonces las autoridades querían tapar la salida. Luego el gasto público superó el 35% del PIB y la inflación (medida por las consultoras perseguidas), 35% anual. El déficit fiscal (bien medido porque también se le aplicaban trampas contables) iba camino al 5% del PIB.
Si bien las autoridades del momento negaban la inflación, actuaban contradictoriamente. Porque crearon las Lebac. Los bonos del BCRA para succionar del mercado la emisión excedente que ocasionaba el alto déficit fiscal.
En el 2015, el Gobierno de Cambiemos se encuentra con un escollo fundamental. Los focus groups daban que la gente quería que la inflación baje, pero se negaba rotundamente a aceptar la expresión “política antiinflacionaria”. La asociaban con otra palabra maldita: “ajuste”. De este diagnóstico surgió un remedio: el gradualismo.
La idea era endeudarse en el exterior en dólares, con esto hacer crecer la economía y mantener el gasto público creciendo al ritmo de la inflación, no más. De esta forma, el crecimiento de la economía iba a hacer que el gasto público, medido en términos del PBI, disminuyera. La entrada de dólares de deuda también implicaba emisión que se siguió succionando del mercado con las Lebac. Se mantenía la inconsistencia entre un gasto público que se expandía y el BCRA que succionaba el excedente de emisión. La historia terminó en fracaso.
El actual Gobierno gana las elecciones y asume con la misma consigna: “No al ajuste”. Comienza su gestión cumpliendo, ya que en los tres primeros meses de Gobierno –cuando todavía no estaba la cuarentena– el déficit fiscal creció 2,3% del PIB. Luego vino la cuarentena donde el déficit fiscal se fue al 8% del PIB. La mitad de este déficit se está financiando con emisión monetaria. Mágicamente, parece que la emisión monetaria no genera inflación. Por lo tanto, no hacen falta volver a la historia para rememorar “políticas antiinflacionarias”. Es más, la recuperación pospandemia debe venir por la vía de seguir aumentando al gasto público financiado con emisión.
El punto es que el BCRA está haciendo lo mismo que llevó al fracaso a Cambiemos. Succiona (esta vez no con Lebac, sino con Leliq y pases) el excedente de emisión monetaria. La situación está peor que cuando a Cambiemos le estalló la crisis. En el 2018, el BCRA succionaba el 40% de la capacidad prestable de los bancos. Hoy el BCRA está succionando 50% de la capacidad prestable de los bancos. O sea, la emisión contenida succionada por el BCRA es cada vez mayor. Aquí está oculta la presión inflacionaria que todavía no se ve.
De todas formas, se comenzó a hablar de la necesidad de un acuerdo de precios y salarios. Pero persiste la negación a hablar de política antiinflacionaria consistente.
Hay que recordar que el organismo internacional que más dolores de cabeza la causó al expresidente Raúl Alfonsín en los ‘80 era el Fondo Monetario Internacional (FMI). Porque insistía recalcitrante con la necesidad de contar con un política antiinflacionaria consistente que políticamente era muy complicado de instrumentar. Ahora hay que volver a hablar con el FMI. Algunos opinan que el FMI cambió. Se verá. Si no cambió, Argentina no va al futuro. Vuelve al pasado. A la década de los ‘80.
Fuente: El Economista
