El permiso social es fundamental, no tenerlo tiene un montón de consecuencias económicas, políticas y personales”, dijo el consultor Jorge Giacobbe, que presentó los resultados de una encuesta de opinión pública acerca del sector agropecuario. De acuerdo con el estudio, los productores agropecuarios tienen un 35% de imagen positiva, la mitad de los trabajadores rurales, y un 30% de imagen negativa, cinco veces más que aquellos. Por otro lado, mientras estos últimos fueron asociados espontáneamente a palabras como “laburantes”, “sacrificados”, “explotados”, “esclavos”, en el caso de los productores, en el top of mind aparecieron “trabajadores”, “especuladores”, “explotadores”, “oligarcas”, dijo Giacobbe.

El estudio también preguntó “quién se beneficia cuando el agro produce más”: más del 50% indicó que solo los agronegocios, aunque un 45,7% opinó que todos los argentinos. No obstante, de poder decidir sobre las retenciones, el 45% dijo que las aumentaría.

Por otra parte, siete de diez opinaron que el Estado beneficia al agro, contra tres que dijeron que lo perjudica. Entre otros datos, la mitad desconocía qué es la siembra directa, el 67% está en desacuerdo con la modificación genética de animales y plantas para consumo humano, y el 69% dijo que la actividad está concentrada en pocos productores.

Para Giacobbe, el productor agropecuario no tiene el prestigio que tiene el farmer en Estados Unidos, aunque en esto comparte la suerte de los empresarios y los políticos. Modificar la imagen, aseguró, no requiere una batalla solo comunicacional ni de lobbying, sino un diálogo social profundo, no reactivo, para convencer a la opinión pública.

Pablo Orozco, de la Universidad de Cornell, contó cómo encaran la comunicación científica de nuevas tecnologías desde la Alianza por la Ciencia, que “busca promover el acceso a la innovación científica como un medio para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida global”. Para él, el ambiente de la comunicación científica lo conforman los procesos y convenciones que permiten reconocer la ciencia cierta como válida. Y la comunicación científica está entre la ciencia válida y las decisiones, mediante procesos de diseminación a diferentes actores. Cuando existen disputas sobre hechos relevantes que impiden tomar decisiones, es que la evidencia científica falla, muchas veces por una contaminación del ambiente de la comunicación.

Respecto de la comunicación de nuevas tecnologías, Orozco dijo que lo elemental es construir una red global de líderes locales y nacionales, crear capacidades y comunicar en un marco de mensajes positivos. “El principal rol de la comunicación científica es asegurarse de que no haya contaminación y que cada individuo tenga capacidad de reconocer la ciencia cierta”.

Durante 27 meses trataron de “tomar el pulso de los medios en cuanto a biotecnología y edición génica, en medios tradicionales y en redes”. En ese período, la conversación sobre edición génica fue favorable en el 85% de los casos. Y en el primer trimestre de este año tuvo una cobertura más fuerte y positiva, “tal vez debido a las historias relacionadas con COVID-19. La aparición de edición génica ha ayudado a empujar el debate hacia una dirección de tendencia más positiva que significativa”.

Como cierre, Orozco planteó cinco lecciones aprendidas: la comunicación de tu tecnología es más importante que tu tecnología; es necesaria una estrategia integral; los comunicadores son importantes; cuanto más específico, mejor; hay que hablar fuera de las “cámaras de resonancia” para evitar el sesgo de confirmación.

El INTA también está pudiendo tomar protagonismo en la percepción pública gracias a la crisis sanitaria, comentó Susana Mirassou, presidenta del organismo autárquico que ya tiene 63 años, cuenta con 6.915 empleados y tiene una gran territorialidad, a través de 400 unidades: “En todos los pueblos están la Iglesia, el Correo, el Banco de la Nación y el INTA”, sonrió Mirassou. “La percepción pública es clave para estar más cerca de las soluciones”, dijo.

La funcionaria dijo que hay actividades del INTA que la sociedad no conoce o no percibe como importantes, hasta que llega un momento en que son aplicadas, como ocurrió en la actual crisis del COVID-19, que puso de manifiesto trabajos como el estudio de la epidemiología y virología de los coronavirus bovinos y porcinos; el desarrollo de herramientas diagnósticas; el estudio por deep sequencing de virus en poblaciones de murciélagos en cuevas de la Argentina, entre otros. “Muchas de las cosas que los equipos vienen desarrollando desde hace muchos años hoy podemos ponerlas al servicio de la salud; algunos laboratorios, en particular el de Castelar, están apoyando la red de diagnóstico del coronavirus”.

En cuanto al sector productivo, mencionó que se utiliza el gran sistema de comunicación institucional del INTA (la web, redes sociales, Pampero TV, radios, etc.); se potenció la app de extensión virtual para solicitar asesoramiento; realizaron cursos virtuales; colaboraron con otros organismos en la elaboración de protocolos de trabajo para distintas actividades productivas, entre otras acciones. “Y otro aporte es al sistema educativo, con acceso libre a toda la bibliografía del INTA, para distintos niveles educativos”, a los que accedieron más de 78.600 usuarios, dijo Mirassou.

En tanto, la institución sigue con sus actividades habituales de investigación agronómica, genética, de agricultura de precisión y estudios de suelo, entre otras que agregan valor a la agroindustria argentina.

De acuerdo con Mirassou, las palabras que aparecen con mayor frecuencia en la cartera de la comunicación del INTA son Innovación, Desarrollo territorial, Cambio climático, Agregado de valor, Bioenergía, Big data, Genética, y otras asociadas.

Dalia Lewi, reciente directora de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dijo que “si no se conoce cómo se evalúa algo, cómo es el proceso, y no se tiene confianza en las agencias y organismos regulatorios, difícilmente haya consenso”.

Y refirió las tres áreas de incumbencia de la Dirección de Biotecnología: los productos derivados de la biotecnología moderna, a través de la CONABIA (una comisión pionera, nacida en 1991, que aborda la evaluación de los organismos, microorganismos y organismos animales genéticamente modificados, así como la edición génica); los bioinsumos, que también tienen su comisión, la CABUA, y los biomateriales, a través de la COBIOMAT.

La funcionaria contó que, hace dos años, se creó el sello Bioproducto Argentino para los biomateriales, para darles valor. “Ahora va a ser también para bioinsumos de uso agropecuario”, dijo.

También recordó que, según el marco regulatorio de los OGM de la Resolución 763/11, hay tres instancias de evaluación de estos productos: el SENASA para la aptitud alimentaria y salud humana y animal; la CONABIA para la bioseguridad del agroecosistema; y la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios para la evaluación económica e impacto en las exportaciones.

La CONABIA tuvo un reconocimiento de la FAO como Centro de Referencia en Bioseguridad, dijo Lewi.

En el caso de la edición génica (NBT), va a haber una instancia de consulta previa para que la CONABIA determine si es o no es OGM: pueden hacer la consulta los desarrolladores, en la etapa de diseño o cuando el producto fue obtenido, para lo que deben presentar información.

De acuerdo con la funcionaria, en la Argentina se están promoviendo nuevos ejes o políticas con respecto al uso de biotecnología, tomándola como política de Estado y promoviendo la articulación. “Estamos creando un área nueva vinculada a un programa de innovación para desarrollos locales”, comentó. “Tiene distintos tipos de abordaje, agregó”.

Por otra parte, contó, “estamos proponiendo, para mejorar el vínculo y el diálogo, hacer una red de responsables de bioseguridad para tener un canal de capacitación directo”.

“Creo que algunos científicos pueden hacer una comunicación efectiva, no todos. Es fundamental que la población tenga confianza en los sistemas regulatorios. Queremos reforzar la comunicación de cómo se evalúa. Evidenciar y transparentar quiénes, cómo y con qué criterios lo hacen”.