Una empresa emblemática del interior del país, dedicada hace mas de 90 años a un negocio que es el que mejor sabe hacer la Argentina, termina sus días de la peor forma y podría transformarse en la versión 2020 de la Resolución 125.

Esta empresa santafecina de Avellaneda, de la tribu de colosos agroindustriales nacionales como Arcor, o Aceitera General Deheza cuyos orígenes se remontan a fines de la década del 20 en un comercio de acopio y ramos generales comienza su decadencia por agosto de 2019. Después del resultado de las PASO que consagraron como fórmula vencedora a Fernández-Fernández, la confianza de los productores que le entregaban sus granos a fijar comenzó a menguar.

Los chacareros demandaron liquidarlos todos a la vez ante la amenaza de un aumento de retenciones. Este embate se duplicó por la falta de crédito por parte de los bancos, que también sufrían una corrida del lado de los ahorristas que retiraban dólares, y por el aumento de las tasas de interés. En diciembre, Vicentin entró en cesación de pagos. El lunes pasado, siete meses después de asumir la presidencia, Alberto Fernández anunció su intervención.

Los juristas son claros sobre el avasallamiento que significa que el Poder Ejecutivo intervenga una empresa que está en un proceso judicial provincial, antes de que el Congreso trate su expropiación. "Si algún acto faltaba como prueba de la decadencia institucional y destrucción progresiva del derecho a manos del poder político, lo produjo el Poder Ejecutivo con la intervención directa de una empresa privada, judicializada en jurisdicción provincial. Esto es el fin del estado de derecho", dijo tajante Juan Pedro Merbilhaa.

Vicentin financiaba sus operaciones de nada menos que 3000 millones de dólares con prefinanciación de exportaciones, en un negocio de volumen con márgenes de entre el 1 y el 1,5% de la facturación. Si ese numero se acercaba al 1,5, cuentan que sus dueños festejaban con champagne. Una de sus caras visibles, Sergio Mono Nardelli fue un gran aportante a la campaña presidencial de Macri, que visitó su moderna planta Renova.

Su gestión, sin embargo, eliminó el diferencial arancelario del que gozaba la industria aceitera. Otro de los referentes de Vicentin, Alberto Beto Padoán fue procesado por el juez Bonadío en la "causa de los cuadernos". Luego se declaró la falta de mérito. Presidió la Bolsa de Comercio de Rosario desde 2015 hasta 2019. Muchos socios le critican la excesiva cercanía de la Bolsa con el gobierno macrista. Otros dicen que Padoán fue ganando adeptos allí a través del plus que ofrecía Vicentin por tonelada de soja.

Como sea, el tendal de acreedores particulares que Vicentin dejó en Santa Fe aceleró gestiones del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti ante Alberto Fernández para encontrar una solución. Muchos de los acreedores tuvieron que salir a liquidar sus activos ante la falta de pago de la firma. Entre los 2300 acreedores se encuentra la Asociación de Cooperativas Argentinas, con alrededor de US$100 millones, y una larga lista de cooperativas del interior del país, bancos nacionales y extranjeros, y los fiscos nacionales y provinciales, por un total de 1300 millones de dólares.

Pero ni en sus sueños mas salvajes debe haber imaginado Perotti la palabra expropiación. Ahora, con una provincia en ebullición y la amenaza de renuncia de su ministro de Producción, Perotti, oriundo de Rafaela y conocedor de la tozudez de los habitantes de su tierra, opera para que no se repita la historia y para que los dos trenes que vienen de frente a toda velocidad no vuelvan a chocar como en 2008.

La primera mecha luego del anuncio de Fernández se prendió el martes cuando el subinterventor Luciano Zarich arribó a Reconquista, situada a menos de cinco kilómetros de Avellaneda, sede de Vicentin, y sus habitantes no lo dejaron ingresar a sus oficinas comerciales. Una operación de hernia inguinal hace menos de 10 días salvó al interventor Gabriel Delgado del convite.

Los habitantes de Avellaneda, algo mas de 20.000 llevan con orgullo la historia de la firma. "No vamos a permitir que nos saquen la empresa que nunca le falló ni a los productores ni a sus empleados, salvo esta vez", dijo Norberto Niclis, productor de la zona y representante de Coninagro.

Menos todavía cuando en el proceso judicial en marcha, ya estaba casi arreglado el pago total por los 1900 acreedores con deudas menores a los 30.000 dólares, no se dejó de pagar el sueldo a los 6000 empleados, y la empresa ya tenía negociaciones avanzadas con posibles compradores o nuevos accionistas, cumpliendo todos los tiempos del proceso judicial.

Pero la aparición del nombre de José Luis Manzano y de un fondo extranjero como posibles comprador es de Vicentin aceleró los tiempos. Fernández, dicen, jamás imaginó semejante reacción luego de su anuncio. Por eso se abrió un compás de espera y la expropiación podría virar a una integración de empresas, con la participación de YPF como accionista por la parte acreedora estatal y también la de alguna cooperativa. "Se envió un proyecto de ley al Congreso pero ahora se abren un montón de caminos", dijo una fuente cercana a la intervención.

Si eso no tiene éxito y prima el ala dura en el Gobierno, el proyecto de ley pasaría cómodo por el Senado y la definición esta vez se daría en Diputados. Dependería allí de que la oposición evite el quorum; es decir, de los diputados cordobeses que responden al gobernador Schiaretti, y del interbloque Unidad Federal mendocino presidido por Jose Luis Ramón.

Lo cierto es que los volantazos económicos y políticos de la Argentina dejaron a la empresa con un pie en el abismo. Vicentin, como otros actores del negocio de los granos, sufrió un doble embate a partir del resultado de las PASO que le daban la primera victoria a Alberto Fernández, que el lunes dio una señal que alarma. A 12 años de la resolución 125, habrá que ver si el mismo elenco de entonces logra ahora desacelerar el tren que quiso llevarse puesto el derecho de propiedad y la división de poderes que sostiene a la República.

Sintonías diferentes

Dato curioso, casi al mismo tiempo en que Alberto Fernández anunciaba la intervención de la empresa Vicentin y el envío al Congreso Nacional de una Ley para su expropiación bajo el argumento de la soberanía alimentaria, la Cancillería argentina emitía un comunicado de prensa en el que destacaba la reunión del canciller Felipe Solá y del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, con 37 cámaras del sector agroindustrial.

"El sector privado es un actor fundamental en el proceso de negociaciones comerciales de la Argentina, por lo que estamos en consultas permanentes para que la posición nacional tenga en cuenta los puntos de vista de cada una de las cadenas productivas" destacaba Neme y agregaba: "después de la pandemia nuestros exportadores, principalmente del sector agroalimentario, van a jugar un gran rol clave para el mundo que viene".

La misma tarde, bajo la bandera de la defensa de los puestos de trabajo y de la soberanía alimentaria, el presidente Fernández anunció la intervención de Vicentin previa a una expropiación. Según reconoció el propio Presidente en declaraciones posteriores, ni siquiera su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaba enterado de semejante decisión.

Por: María Martini