Durante el debate, los participantes expresaron su preocupación y hubo coincidencia acerca de que la decisión de varios municipios y provincias de realizar este tipo de bloqueos es absolutamente inadecuada.

Esto se debe a que, por un lado, generan inconvenientes y hasta la imposibilidad de la libre circulación de personas, garantizada por la Constitución Nacional, cuando un número importante de ellas deben trasladarse por necesidades de atención médica o de salud, entre otros motivos. Muchas de estas localidades exigen, además, sus propios permisos habilitantes, generando dificultades al transporte de bienes y servicios.

Estos obstáculos han producido accidentes viales, que incluso provocaron la pérdida de vidas humanas. Sin ir más lejos, la semana pasada se produjo un accidente en la Ruta 1, en el límite entre San Luis y Córdoba, que produjo la muerte de una persona. Otro ejemplo es el ocurrido en la ciudad de Junín, Buenos Aires, a causa de un montículo ubicado en Avenida República, a la altura de la Escuela 4. El montículo había sido colocado por el propio municipio, que lo retiró al día siguiente del accidente.

El miedo y el intento de proteger a las diferentes poblaciones del país de esta pandemia, que está generando pérdidas humanas en todo el mundo, son comprensibles. Sin embargo, esta protección debe tener en cuenta varios aspectos, incluyendo el hecho de que, a raíz del confinamiento, personas que viven y trabajan en ámbitos suburbanos o rurales deben recorrer varias decenas de kilómetros extras y que, muchas veces, al intentar superar los mencionados obstáculos, se producen accidentes con desenlaces fatales.

Asimismo, en el marco de la crisis económica y fiscal que trae aparejada la pandemia y la cuarentena, en muchas localidades y provincias, los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento y las obras de los caminos rurales sufren reasignaciones, cuando esos recursos tienen un fin específico por tratarse de fondos dentro de los impuestos inmobiliarios rurales o tasas viales que, por definición, deben ser una contraprestación por el servicio de mantenimiento de los caminos.

Este tema también despertó gran preocupación entre los asistentes, dado que la situación de crisis que atraviesa nuestro país hace que cada vez se posponga más la búsqueda de una solución definitiva para los ya de por sí relegados caminos rurales, sin tener en cuenta que por ellos debe pasar la producción que resulta tan necesaria para abastecer de alimentos a la sociedad y de divisas al país, indispensables para afrontar estos difíciles momentos.

No obstante, como ejemplos de buena gestión, se mencionó la experiencia de la provincia de Córdoba, donde los fondos recaudados para asignar al mantenimiento y recuperación de caminos rurales se manejan a través de fideicomisos específicos. Hubo consenso en que esta modalidad debería ser adoptada en forma generalizada por las diferentes jurisdicciones.

En el aspecto climático, en los últimos meses el tiempo ha acompañado y la falta de lluvias ha facilitado la tarea de mantenimiento, frenando el deterioro. Es recomendable, empero, que se aproveche este momento para realizar tareas de mantenimiento y recuperación de cunetas y alcantarillas.

La Mesa Nacional de Caminos Rurales hace un llamado para que la situación de estas importantes y fundamentales vías de conexión para toda la sociedad vuelva a formar parte de la agenda pública argentina en función de su relevancia.