El reclamo se fundamenta no puntualmente en el último incremento de la tasa, sino en la elevada presión impositiva que cada vez recae más sobre el sector y que afecta los niveles de rentabilidad. De acuerdo con las entidades rurales, mediante impuestos, el Estado se queda con más del 60% de la renta agrícola. Para el caso de la soja, la participación del Estado ahora llegará al 70%.

El Economista dialogó con Félix Piacentini, especialista en economías provinciales, que durante el Gobierno anterior se desempeñó como director nacional de Asuntos Provinciales en el Ministerio de Hacienda. Piacentini señala que la aplicación de retenciones le da ventajas a los competidores y prevé que en caso de que mantengan esta carga tributaria, el conflicto podría escalar el próximo año.

¿Qué opinión tiene sobre la decisión del Gobierno de incrementar las retenciones a la soja?

Creo que el timing no pudo haber sido peor. El precio de la soja está hoy en mínimos de los últimos doce años, Brasil espera una cosecha récord (con el real depreciándose y aumentando todavía más la ventaja en costos) y Argentina está experimentando factores climáticos que ya permiten prever una menor producción en dos millones de toneladas. Para agregar no una frutilla a la torta, sino dos, en las últimas semanas la economía mundial convulsionada por el coronavuris y un fuerte efecto sobre el principal comprador de la soja y sus subproductos, China. Y a esto se suma la reciente guerra de precios del petróleo que inició Arabia Saudita. Estos dos factores, si se mantienen en el mediano plazo, contribuirán a una depresión mayor en los precios de la soja.

¿Qué consecuencias trae esta medida de fuerza y qué podría traer en caso de que escale el conflicto?

Los paros o lock outs pasajeros no tienen un efecto contundente. En todo caso, atrasan la comercialización por el tiempo que duren, pero todo se recupera una vez levantadas las medidas. A partir del momento en el que un productor se ve obligado a perder plata y patrimonio para cubrir pérdidas, la escalada en el conflicto puede producirse en cualquier momento y una repetición del movimiento de protesta de la 125 puede estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no creo que el momento político sea el propicio para un gran conflicto, con un Gobierno que recién empieza. Si se desatara sus efectos serían importantes, como lo fueron en 2009, año en el que como este además se presentaba un panorama internacional convulsionado. Pero, reitero, no espero una escalada en el corto plazo, aunque el año que viene puede ser distinto si nada cambia.

Según el ministro Basterra, esta medida no tendrá ningún impacto en el Fisco ya que lo recaudado volverá al campo. ¿Qué ganancia le traerá al Gobierno esta implementación que tanto rechazo genera en el sector?

Es un argumento absolutamente inverosímil. El único motivo del aumento en las alícuotas es fiscal. La argucia de presentar la medida como neutra en términos de recaudación y justificada como instrumento de redistribución de productores más grandes a chicos es poco creíble. Y si fuera el caso, es totalmente ineficiente y el peor instrumento para lograr ese resultado, ni en términos de redistribución, que no es necesaria, ni en términos de financiar infraestructura faltante, porque su financiación y ejecución deberían salir de otra parte. La justificación de la medida es inverosímil y sólo busca dividir a los productores para lograr apoyo.

¿Es realmente beneficioso un esquema de compensación?

El pasado muestra que no. En primer lugar, no tiene sentido compensar por lo que hubiera correspondido de entrada. Siempre es más fácil y eficiente que el exportador liquide la alícuota neta correspondiente. Que el Estado retenga montos para luego devolverlos a determinado rango de productores nunca ha funcionado eficientemente y siempre se han producido enormes demoras que han carcomido la compensación por el costo financiero e inflacionario con las tardanzas. Además, las compensaciones suelen estar acompañadas de una maraña de burocracia que las hace muy complicadas. Y ni hablar de las ventanas que se pueden abrir para generar maniobras que intenten eludir las mayores alícuotas con productores grandes vendiendo a chicos que no llegan a superar las mil toneladas de producción y por ende se encuentran en rangos menores al 33%. De repente, va a aparecer un montón de productores chicos.

¿Cómo afectará este último incremento de las retenciones sobre la rentabilidad de los productores? La participación del Estado sobre la soja es altísima…

Con la alícuota del 30% ya quedaban en rojo muchas explotaciones, sobre todo las más alejadas de los puertos de salida. Ciertamente, una alícuota mayor agudiza aún más la pérdida de rentabilidad, especialmente si el campo es arrendado (la mitad de la superficie destinada a cultivos). Pero el mayor daño se infringe a las unidades agrícolas del NOA y NEA, para las que ya el elevado costo del flete las dejaba afuera del juego antes del incremento de los tres puntos porcentuales. Pero en este caso no sólo tenemos que pensar en el perjuicio de las retenciones en sí, sino también en la presencia de un tipo de cambio desdoblado con una brecha en torno al 30% que presiona aún más sobre la ya diezmada rentabilidad.

¿Hasta qué nivel sería adecuada o equilibrada la tasa de retenciones para el sector?

La mejor alícuota de retenciones es cero (0%). La retención es una medida que provoca enormes distorsiones sobre el sector productivo y la asignación eficiente de recursos, alentando el desarrollo de otros cultivos para evitarlas (decisión que no siempre es eficiente ni sustentable) o “subsidiando” artificialmente las actividades de transformación (ganadera, avícola, tambera) por encima de su nivel óptimo. Esto último provoca que cuando esta transferencia del productor al transformador desaparece muchas unidades deban cerrar sus puertas por no tolerar el precio libre de su principal insumo (el alimento). No podemos soslayar que las retenciones sólo existen para algunos granos en Rusia y alguna otra exrepública socialista, y que nuestros competidores del primer mundo son subsidiados en lugar de expoliados. Aplicar retenciones es dar una ventaja incomprensible a nuestros competidores, algo que sería impensado en cualquier otra actividad local.

¿Qué debería implementarse para mejorar la productividad e impulsar al sector del campo?

El sector agrícola ha demostrado ser el más eficiente de la economía argentina, a pesar de retenciones y demás obstáculos que ha tenido que sortear a lo largo de la historia. No hay mucho que el Estado o funcionarios iluminados puedan enseñarle para aumentar su productividad. Apelando a frases más que trilladas, con dejar de pisarle la cabeza es más que suficiente.

Una de las entidades del agro cuestionó al Gobierno mediante una propuesta para que el ajuste se lo haga a la política y no a los sectores productivos. ¿Qué opina sobre esto?

En términos fiscales, el gasto de la política no mueve el amperímetro, aunque sí es importante como una señal de austeridad para los que están haciendo el esfuerzo. Al final del día, y lamentablemente, al ajuste lo termina haciendo el ciudadano común. Pero este llamado sí es relevante en términos de exigir que se continúe con la senda de reducción del gasto público que se inició en 2016. En este sentido, el Gobierno actual ha incrementado la presión fiscal, pero no para mejorar el resultado primario, que dice que lo hará recién en 2023, con lo que la señal es que piensa aumentar el gasto hasta el fin de su mandato. Sin dudas, muy negativo.

Mañana termina el paro, según está previsto, y el Gobierno asegura que no cederá. ¿Cómo cree que seguirá esta historia?

Yo creo que el sector podría seguir con el mismo tipo de medidas tomadas esporádicamente pero sin escalar, por ahora, ya que las medidas encontraron a los productores en el medio de la campaña. Para el inicio de la campaña que viene, y teniendo en cuenta que en 2021 hay elecciones intermedias, puede haber una escalada en la medida en que no se corrija ninguna de las variables que hoy afectan la rentabilidad del sector.

Fuente: El Economista