Maniobra elemental y tosca para torcer la historia de los juicios por corrupción. Un tuit de Alberto Fernández que sorprendió por su falta de contexto sobre la existencia del improbable lawfare y sobre violaciones increíbles de los derechos humanos durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Se trata, acaso, de hechos inconexos? ¿Surgieron, entonces, de la creación particular y autónoma de algunos funcionarios y legisladores? Es conocida la picardía del cristinismo para arreglar lo que no tiene arreglo con ardides que convierten a las instituciones en cómplices.

La primera información que debe consignarse es que Cristina Kirchner no se conforma solo con una dilación eterna de sus juicios. Quiere ser declarada inocente por la Justicia.

La inocencia no solo la redimiría ante la historia; también le devolvería todos los bienes y propiedades incautados por los jueces. Una decisión de tal magnitud solo podría ser tomada por la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal, inapelable salvo en casos de derechos humanos, podría anular los juicios por supuestas anomalías en su instrucción o por el principio de la "duda razonable". Por ejemplo, en el caso de los cuadernos, los empresarios arrepentidos confesaron que pagaron sobornos a funcionarios, pero ninguno dijo que puso dinero en manos de Cristina. La investigación concluyó que una maniobra delictiva de semejante tamaño en la administración no podía ser ajena a la máxima autoridad del gobierno y la imputó directamente a ella como jefa de una asociación ilícita. Es cierto que están probadas las entregas de dinero en el departamento de los Kirchner en la calle Juncal y en la residencia de Olivos, pero existe el resquicio como para que los jueces supremos apliquen la teoría de la "duda razonable". ¿Se animarán?

Un juez del alto tribunal admitió que entre noviembre y diciembre del año pasado recibió un mensaje con un pedido del actual gobierno para liberar de culpa y cargo a Cristina y a sus hijos. ¿Y los otros?, preguntó el juez. "Solo a Cristina y sus hijos", le respondió el interlocutor del Gobierno. La solución no será nunca un trámite cualquiera. Los jueces de la Corte saben que el prestigio del tribunal cayó de las primeras posiciones en la consideración social hasta las últimas, donde chapotea ahora. Casi todos los jueces de la Corte (con la excepción de Elena Highton de Nolasco, que ya cumplió los constitucionales 75 años) tienen una edad que les permitirá superar el mandato de Alberto Fernández. Algunos podrían sobrevivir en el tribunal hasta dos mandatos presidenciales. Tampoco será un trámite rápido, porque la Corte es la última instancia que revisa lo que hicieron todas las otras instancias, salvo que recurra al per saltum; es decir, que decida resolver por encima de las decisiones de las instancias inferiores. Un mamarracho jurídico. ¿Qué apuro habría para terminar cuanto antes con trámites que investigan si le robaron al Estado? ¿Solo un capricho? La Corte no puede hacer eso. O no debe, para ser precisos.

Si la declaración de inocencia es el objetivo de máxima, el de mínima no carece de gravedad ni de agravio. Se trata de postergar los juicios hasta que el paso de los años vaya creando las condiciones como para que los jueces sostengan en algún momento que transcurrió el "tiempo razonable" y absuelvan a los imputados. Es lo que ya sucedió con Carlos Menem en el caso del contrabando de armas. La Corte Suprema tiene en sus manos ahora un pedido de Cristina Kirchner para suspender el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz (y su direccionamiento para beneficiar a Lázaro Báez) hasta que los auditores de la Corte revisen todas las obras públicas concesionadas entre 2003 y 2015. La auditoría de los peritos de la Corte podría durar varios años si el tribunal aceptara ese reclamo. Ya se tomaron tres años para determinar si Boudou era rico o pobre antes de ingresar en la función pública.

La decisión de la Corte, aceptando o rechazando el pedido de Cristina, podría conocerse entre fines de marzo y principios de abril.

En ese caso, la expresidenta ya habló durante tres horas ante el tribunal oral y culpó al lawfare y a los "principales medios periodísticos" de su supuesta persecución política. Nada distinto de lo que escribieron en un proyecto inverosímil aquellas senadoras ni tampoco de lo que dijo el Presidente en su sorpresivo tuit.

El mensaje presidencial insistió en que se violó el Estado de Derecho y se vulneraron los derechos humanos de Cristina Kirchner (aunque no la nombra) durante el gobierno de Macri. Desliza que hubo una persecución judicial ordenada por el gobierno de entonces. La realidad desmiente esa información: las causas más graves de la actual vicepresidenta (el lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces) se iniciaron cuando ella era presidenta. Esos casos son los más difíciles hasta para la Corte Suprema, porque el supuesto delito lo cometieron solo la familia Kirchner y los empresarios cómplices (Báez y Cristóbal López). El caso Ciccone, que tiene entre rejas a su entonces vicepresidente Boudou, también comenzó cuando ella era presidenta. Además, una Justicia arbitraria y manipulada por el poder político la hubiera podido poner presa a Cristina entre los años 2015 y 2017, cuando ella no era senadora y, por lo tanto, carecía de fueros. Ni la Corte Suprema ni la Asociación de Magistrados ni la Asociación de Fiscales denunciaron nunca presión del poder político de entonces para perseguir a la expresidenta. ¿Cuándo se violaron los derechos humanos? ¿Quién lo hizo? Las denuncias sin precisiones no sirven de nada.

Del proyecto de las cinco senadoras se desvincularon tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández.

Pero es imposible que Cristina no haya estado al tanto. Esas senadoras y dos o tres senadores más (que ya cumplieron su mandato) permanecieron al lado de Cristina cuando Miguel Pichetto formó un bloque no kirchnerista, después de las derrotas de la expresidenta en 2015 y 2017, y se llevó a la mayoría de los senadores peronistas.

El proyecto significa una modificación del Código Penal y estipula que la prisión preventiva deberá concluir en el acto si hubiera repercusión periodística del caso. O los jueces no podrán investigar la corrupción por el solo hecho de que hubo información periodística o el periodismo no podrá informar sobre la corrupción para que los jueces puedan hacer su trabajo. Si se diera el caso de que los jueces dictaran prisiones preventivas sobre casos que están en el conocimiento público, las prisiones deberán ser revocadas por las instancias superiores y, lo que es obvio, los jueces serán recusados. En síntesis, los jueces no podrán investigar la corrupción.

Ya el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, había sentado un precedente en la misma dirección cuando pidió una auditoría a la Comisión de la Memoria (que nada tiene que ver con la Justicia) sobre el trabajo del periodista Daniel Santoro; le solicitó a esa comisión que determinara si hubo acción psicológica para influir en investigaciones judiciales. Ramos Padilla podría ser premiado con un juzgado mucho más importante en Buenos Aires, mientras no ascendería a juez el fiscal Ignacio Mahiques. Mahiques y Gerardo Pollicita fueron los fiscales que investigaron precisamente el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Premio y castigo. El viejo estilo no cambió.

Todos esos hechos no son inconexos; por el contrario, buscan la definitiva impunidad de la jefa política de la coalición gobernante. En ese inquietante paisaje, una modificación del sistema previsional de los magistrados podría desencadenar un éxodo masivo de jueces y fiscales. Se irán más jueces honestos que deshonestos (estos tienen recursos para vivir bien al margen del sueldo), que permitirán de esa manera la colonización definitiva de la Justicia. La reducción de la jubilación podría ser del 20 por ciento. No deja de ser reprochable que para muchos jueces y fiscales, buenos y malos, la independencia judicial valga tan poco. La deserción no es un mérito.