Con el debut del nuevo gobierno, el ministro de Economía Martín Guzmán empezó a esbozar su plan para reestructurar la deuda. La semana pasada dijo que para que la economía argentina se recupere, el esfuerzo deberán hacerlo los acreedores. “No hay espacios en 2020 para aplicar una mayor contracción fiscal”, detalló. Para los analistas esto implicará una propuesta agresiva para los bonistas, con una reestructuración escalonada según el tipo de bono y un planteo ágil que permita cerrar la negociación en no más de tres meses.
La reestructuración “a lo Guzmán” supone recuperar la capacidad de crecimiento de la economía para luego poder pagar. El ministro cree que el mercado estará dispuesto a avanzar con una negociación ágil porque sabe que la situación actual es insostenible y a la vez comprende que la idea de emitir más pesos para poder pagar sería desestabilizante.
Pese a que el flamante ministro definió el jueves pasado a la situación argentina como de “virtual default”, para algunos analistas como FaustoSpotorno, director del EstudioFerreres, “Argentina aún no defaulteó y eso nos deja varios caminos para tomar. Hay muchas opciones todavía”. Para este economista, la primera distinción hay que hacerla entre la deuda emitida bajo legislación nacional y la emitida bajo legislación extranjera. Esta diferenciación es relevante porque las condiciones y las exigencias de los acreedores son distintas según cuál sea la jurisdicción bajo la cual haya sido emitido el bono. De los casi US$60.000 millones de vencimientos para el año próximo, el grueso, US$45.000 millones, son “locales”. “El Gobierno no está ‘obligado’ a negociar con los bonistas que tienen títulos bajo ley local. Esa reestructuración podría hacerse por decreto”, advierte Spotorno. Pero a la vez señala que allí el riesgo no es tanto legal sino económico. En este primer lote se mezclan inversores de tipo institucional, como bancos, compañías de seguros y la Anses, y empresas locales que apostaron a esta inversión como mecanismo para preservar su capital de trabajo en un mercado inflacionario. “En ese caso no pueden plantear un período de gracia de un año, porque esas empresas necesitan recuperar su inversión para tener liquidez para poder pagar sueldos y proveedores”, explica Spotorno.
A nivel local podría esperarse que el mecanismo de negociación sea más “informal”. “Para avanzar en esta negociación hay que tener calle. Hay que ver a quienes les podés plantear una refinanciación a un plazo de dos años y a quienes no. La clave está en entender donde podés romper sin que le pegues a un caño. Ahí es donde entra en juego este consejo de ex secretarios de finanzas”, dice Spotorno, en referencia al Consejo que trabajará en la negociación y que estará liderado por el ex secretario de Finanzas, DanielMarx.
Para el analista, la idea de que avanzar con un período de gracia de dos años “es marketinera, pero no sé si en la realidad va a funcionar”.
En cambio, con los acreedores internacionales “hay más chances de ir por una postergación de pagos. Ahí la pregunta que los bonistas van a hacer es: ¿cómo sé que en cinco años no me vas a volver a defaultear? Para eso hay que ir hacia un superávit primario sostenible. El punto clave es cómo hace la economía argentina para crecer”.
Miguel Kiguel, director de la consultora Econ Views, apunta que “lo primero que necesitamos es un buen diagnóstico. Argentina no tiene un problema de deuda excesiva, lo que tiene es un problema de falta de acceso al mercado. Hay que darles a los inversores una serie de señales para mostrar que realmente el Gobierno tiene voluntad de pago”.
En este marco precisa que el déficit primario es de 1 punto del PBI y el financiero es de 4 puntos, lo que hace que “las necesidades de financiamiento sean de US$16.000 millones y claramente se necesita bajar eso. Argentina necesita tiempo para lograr tener superávit y regenerar la confianza. No es que no puede pagar nada, pero va a necesitar un alivio importante en los pagos de los vencimientos de capital y probablemente en los de los intereses también”.
Para que el acuerdo avance es esencial lograr una alta adhesión. “Lograr consenso con los acreedores es importante. Hay que hacer una oferta razonable para lograr un acuerdo con los bonistas superior al 75% que se logró en 2005. Acá hay que estar más cerca del 90% así se elimina la chance problemática de los holdouts. Eso va a implicar una quita en el valor de los bonos”. Pero como los títulos públicos ya cotizan muy bajo, hay chances de conformar a todos. “Sería un esquema win-win. Las ofertas deberían ser similares tanto para los bonos con legislación local como para los extranjeros.La reestructuración de los bonos en pesos con legislación local se podría hacer relativamente rápido; el resto lo veo un poco más lento. Para terminar en marzo se requiere que todos los astros se alineen y tener un programa macroeconómico. Y esta gestión ya perdió un mes”.
Desde la consultora GMAcreen que la negociación tendrá varias fases. “El cronograma de pagos de vencimientos de deuda invita a pensar que las conversaciones con acreedores privados serían por fases”.
Dos tercios de los compromisos que vencen hasta mayo son en pesos. “Hasta fin del año que viene, el Tesoro debe pagar casi un billón de pesos a privados. De ese total, la mitad son Lecap reperfiladas. Recurrir a la emisión implicaría un aumento del 50% de la base monetaria solo por pago de deuda en moneda local”, plantean.
Una segunda fase apuntaría a las Letes en dólares (23% del total). El BancoCentral tendría unos US$15.000 millones en reservas netas y más de un tercio debería sacrificarse para pagar estas Letras. Subordinada a estos compromisos aparece la deuda en dólares. “Si el Gobierno siguiera cumpliendo con los pagos se quedaría sin reservas en junio. Si cesara de pagar los bonos locales, el Tesoro tendría aire hasta fin del 2020”.
“A la luz de la idea de Guzmán de resolver la negociación en marzo, creemos que es probable que el canje se ejecute de forma secuencial: Lecap y Letes, bonos en pesos, títulos en dólares ley local y bonos en dólares emitidos bajo legislación externa. Es posible que, en los instrumentos involucrados en las primeras etapas, se vean escenarios más adversos para los acreedores. Esta premisa va en línea con la creencia de Guzmán de que los países deberían ser más agresivos en las reestructuraciones”.
Fuente: Rosario Finanzas
