Sostuvo que desde la SRA tiene una postura proactiva, poniendo el tema en
agenda todas las veces que sea posible. “Porque creemos que la solución viene
del buen uso de nuestros insumos, y por lo que hacemos en el campo. Tener esto
en claro es fundamental y hacerlo en red es ir por el buen camino. Tenemos
muchos por hacer con desafíos enormes”, señaló.
El presidente de la SRA también resaltó la sinergia e interacción entre lo
público y lo privado, que se pone de manifiesto en el trabajo logrado con el
manual de las BPG.
La Comisión de Ganadería es de reciente incorporación en la Red de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Su coordinador es Carlos Pacífico que compartió
exposición con Magdalena Fernández, integrante de dicha Comisión.
Después de unos veinte meses de trabajo presentaron la ‘Guía de Buenas
Prácticas Ganaderas’ del ganado vacuno de carne. “Es un trabajo superador porque
establecemos los aspectos positivos”, dijo Pacífico para destacar que tomaron un
concepto de la FAO: “Hacer las cosas bien y dar garantías de que se están
haciendo bien”.
El marco conceptual de La Guía surge de que “la sociedad y los mercados está
interesados en conocer cómo producimos” por eso se destacan “los pilares de las
BPA en general: sustentabilidad ambiental, económica y social; la inocuidad de
los alimentos desde el origen; y el bienestar animal, puntualmente en la
ganadería”, describió.
Las BPG son “todas las acciones involucradas en la producción ganadera, su
comercialización y transporte en pos de obtener productos inocuos, que promuevan
la sustentabilidad del sistema”.
Pacífico destacó que hay casi un centenar de instituciones que avalan el
documento. “Creamos una guía orientativa de cuáles son las acciones que respetan
las Buenas Prácticas Ganaderas para dar esas garantías”, concluyó.
“Esta Guía es un primer paso que establece los criterios destinados a todos
los productores de vacunos de carne, independientemente de su escala de
producción”, dijo Magdalena Fernández. “El impacto de la implementación de
Buenas Prácticas no sólo es en la situación de producción sino que es en todo su
entorno, incluso en la cadena de valor”.
La Guía tiene cuatro secciones: Las Personas y la Empresa; La Infraestructura
de Producción; El Ambiente y la Producción; y el Animal y su Manejo.
“La implementación de Buenas Prácticas desafía a las empresas en la búsqueda
de la excelencia”, instó Fernández, añadiendo que “no son estables, ni la Guía,
porque estamos trabajando en la mejora continua y se actualiza con el
conocimiento que avanza”.
Pacífico enumeró los pasos a seguir a partir de esta presentación de la Guía
de las BPG. En tal sentido destacó que la Guía “tiende a iluminar a los
distintos actores que está desarrollando la actividad”, cada productor puede
encontrar los criterios que necesita según su realidad.
“Desde la Comisión vamos a acompañar a quien quiera implementarla, estaremos
atentos a las validación en el terreno, promoviéndola retroalimentación de la
Guía enriqueciéndola con las realidades regionales”.
Las experiencias y los dichos de Pacífico y Fernández fueron rubricadas por Fernando Stomi, gerente de la Cámara Argentina de Feedlot, y Nicolás Caggiano, representante de la Sociedad de Medicina Veterinaria y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Caggiano además pertenece a la Federación Veterinaria Argentina y a la Coordinadora Federal de Colegios Veterinarios llevan adelante un proyecto titulado ‘Ganadería Siglo XXI’ que abrevará en la Guía de las BPG.
Soluciones a un conflicto
Con Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe, como moderador se
desarrolló el bloque “Aplicaciones de agroquímicos: soluciones a un conflicto”.
“La sociedad ha vivido un cambio de paradigma que se nota, que ha hecho una
sociedad mucho más sensible con los temas ambientales, tenemos una sociedad más
exigente en lo que nos reclama a productores, la industria y todos los actores
de la economía en general. Creo que nos hace bien como sociedad poner la vara
alta en materia ambiental y de salud, sin embargo, nos enfrenta al desafío de la
convivencia en armonía y eso es algo que tenemos que ir profundizando y no
podemos rechazar. El único camino es trabajar en conjunto y no confrontar”,
marcó Landgraf a modo de introducción.
Los primeros testimonios fueron de la docente rural Susana Shrol y el
productor agropecuario Fabio Scheneider, quienes describieron la situación de la
aplicación de agroquímicos en territorio entrerriano.
Luego expusieron sus propuestas y trabajos la diputada nacional y productora
agropecuaria Alicia Fregonese y Horacio “Peco” Repetto, asesor agropecuario.
“Nosotros cuando vamos a legislar, la idea de toda legislación es que proteja a
todos los ciudadanos, entonces lo que tenemos que generar son consensos y tomar
las mejores decisiones para que todos los ciudadanos se sientan representados”,
apuntó desde su rol de legisladora y puntualizó que lo que “sacamos en la
Legislatura es la ley de envases y estamos viendo la ley de semillas, que es una
tecnología que nos va a evitar ciertas pulverizaciones”.
Por otra parte, se presentó y está en análisis un proyecto de cajas negras
para pulverizadoras y destacó el valor del documento firmado el año pasado por
las secretarías nacionales de Agroindustria, Salud, Medio Ambiente y Ciencia y
Tecnología, “porque es todo el Estado pensando cómo puede ayudar a la producción
y al ciudadano que tiene miedo”.
Repetto, por su parte, describió la situación vivida en la localidad de Azul,
donde se sancionó una ordenanza limitando las prácticas de uso de agroquímicos.
“Tenemos que animarnos más a trabajar todas las instituciones en forma
conjunta”, comentó el dirigente y puntualizó la importancia del trabajo por
redes con más de 40 asociaciones de ingenieros agrónomos trabajando en
territorio bonaerense, contra ocho que funcionaban hace dos años. Por último,
marcó la necesidad de mantener el diálogo vivo y no tener miedo a debatir el
tema.
El tema de las restricciones en Entre Ríos llegó a la Exposición
Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) tuvieron su lugar en la 133ª Exposición
de Ganadería, Agricultura e Industria, donde se dispuso un penal para el
abordaje de la ‘Guía para Ganadería’ y ‘Soluciones para las aplicaciones’.
Allí convergieron varios actores entre los cuales hubo productores de la
provincia de Entre Ríos y docentes de las misma procedencia, ocupados en exponer
la situación que se ha generado ante las restricciones para la aplicación de
fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales impuestas por la justicia
entrerriana.
Fabio Scheneider, productor de Colonia Merou, Departamento Crespo; Mariela
Gallinger, presidente de la Delegación Crespo de Federación Agraria Argentina; y
Susana Shro, Directora de una escuela rural en el Departamento Paraná,
compartieron sus testimonios.
“Lo que nos pasa es inédito en el país y en el mundo. Están infundiendo miedo
en toda la sociedad y poniéndola en contra de todos los productores a partir de
un caso de intoxicación en una escuela rural (“que nunca se llegó a comprobar
fehacientemente”, aclara) y la justicia falló por el humor social”, explicó. Se
trata de la demanda de la organización ambientalista ‘Basta es basta’ que obtuvo
un fallo que prohíbe las aplicaciones de fitosanitarios cerca de las escuelas,
las terrestres a 1.000 metros y las aéreas a 3.000.
En Entre Rios hay 1024 escuelas bien distribuidas, lo que hace unas 300 mil
hectáreas en las que se puede hacer nada.
“En todas las actividades están los que hacen las cosas bien y los que no”,
dice Scheneider, quien aclara que su producción es tambo. “No puedo hacer
aplicaciones de productos homologados por SENASA, cumpliendo las buenas
prácticas, para controlar enfermedades de la hoja. No puedo hacer reserva de
pasturas para cuando termine el invierno. Estamos atados de pies y manos”,
objetó.
“No tiene sentido este fallo. No se puede aplicar cerca de las escuelas porque
están los niños, pero esos niños después se van al campo y allí sí se puede
aplicar. No es por la salud de los chicos. Hoy estamos abandonados,
discriminados, a la buena de Dios, porque lamentablemente el gobierno es débil
en la provincia y está especulando hace meses con qué medida va a tomar. Ya se
perdió toda la cosecha de trigo y tendríamos que volver a labores en la tierra
que destruirán décadas de conservacionismo”, describió Scheneider.
Exhibiendo otra cara de la moneda citó los casos de las provincias de Santa
Fe y Córdoba, que tienen sus leyes de aplicación de fitosanitarios. “Se puede
hacer, pero acá estamos totalmente indefensos”, insistió el productor
entrerriano.
“El mejor ambientalista es el mismo productor”, apuntó Mariela Gallinger, que vive en el campo con su familia. “No voy a estar aplicando productos que envenenen a mis hijos y nietos. La acusación que se nos hace es irracional”, sentenció.
“Desde la mirada de mujer, que defendemos la vida y trabajamos por los niños,
por los adultos mayores, nos duele que no nos permitan trabajar. Lamentablemente
se nota la ausencia del Estado y de un gobernador que está jugando con fuego. El
productor debe afrontar muchos compromisos, pero si no podemos producir el
trigo, ni mantener una pastura, ni preparar el barbecho para la campaña gruesa,
entonces el gobierno tiene que saber que esas trescientas mil hectáreas no van a
producir nada. El daño económico lo va a sentir”.
Scheneider, en una misma línea citó informes de especialistas del INTA, del
CONICET, de técnicos becados de Alemania, que confirman que “en las aguas del
río Paraná no hay restos de nada tóxico, y los niveles de oxígeno están por
encima de los estándares mundiales como agua de calidad. Está lleno de vida”,
completó.
Por su lado la docente Susana Shro aclaró que hace veinte años se desempeña en
escuelas rurales. “Estamos involucrados en una cuestión que no era nuestra, pero
afecta a los productores, que son nuestros vecinos y los padres de los
estudiantes que concurren a las escuelas”.
“Puedo testimoniar que los productores son altamente responsables, siempre lo
han sido. Se lo he manifestado a las autoridades cuando salieron a recorrer las
escuelas rurales por este conflicto”, dijo Shro.
Paralelamente le envió una nota al Fiscal de Estado citando lo que su
vivencia y a partir de ahí otras directoras comenzaron a hacer lo mismo
“aclarando que no son todas las escuelas las que puedan tener problemas sino que
serán casos muy puntuales. Doy fe que los productores no van a hacer daño a sus
propios hijos”, manifestó.
“Es un disparate. La restricción es excesiva y lo vemos con preocupación,
porque las escuelas rurales se crearon para evitar el desarraigo -fue un gran
logro para la comunidad- y que los chicos no se tengan que ir a otras ciudades”,
dijo. En su caso particular, la escuela tiene nivel inicial, primario,
secundario y un anexo de secundario para adultos.
“Veo con preocupación que se pueda generar un daño en el vínculo entre las
escuelas y la comunidad. Ni el foro ecologista, ni el gremio docente, que son
los que pidieron el amparo a la justicia, nunca fueron a visitarnos o a
consultarnos”, añadió.
“Nos está faltando comunicación. Y de parte de los organismos estatales la
población está mal informada, temerosa y desconfía de los productores. Hay una
responsabilidad del Estado en haber llegado a este punto”, reflexionó,
coincidiendo con los productores en la demanda al estado provincial por una
política de BPA.
Experiencia legislativa
La directora de Desarrollo Productivo del Municipio de Casilda, Lorena Casati,
comentó el caso de esta localidad santafesina puntualizando que el tema de los
fitosanitarios se comenzó a trabajar hace 22 años y recién hace ocho se pudo
tener la redacción de una ordenanza madre. Luego se aprobaron otras siete
normativas y hay varios proyectos en estudio que saldrían antes del 10 de
diciembre.
El punto base de la normativa madre es que “tenemos una zona cero de
aplicación, que es una calle ancha, y a partir de ahí mil metros de control. No
tenemos prohibición, son mil metros de control siguiendo los lineamientos de la
ley provincial”.
Por su parte, el secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe, Juan
Manuel Medina, destacó el rol de los cursos de formación que se están otorgando
a operarios y aeroaplicadores y el trabajo coordinado que se viene desarrollando
con las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
“Necesitamos avanzar en un abordaje integral más allá de las jurisdicciones
políticas de cada provincia”, describió y planteó que “nosotros nos enfocamos en
el tema de profesionalizar. Ese es un punto que creemos es sumamente
importante”, evaluó y marcó la necesidad de tener una legislación nacional. En
este punto detalló que se realizaron 77 cursos de capacitación en 72
localidades, con más de 3200 operarios que aprobaron el examen y lograron el
carnet habilitador. Además, se brindaron 25 talleres de buenas prácticas para el
sector hortícola y tres jornadas de producción sustentable.
El fortalecimiento del trabajo combinando lo público con lo público y lo
público con lo privado también es uno de los ejes de la Secretaría dirigida por
Medina.
Experiencias de Córdoba y Buenos Aires
Marcos Blanda, secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba,
especificó que “el Estado, tanto provincial, municipal como nacional, somos
autoridades de aplicación. Somos los que ponemos las reglas de juego. Lo que
debemos tener es una virtud que a veces falta, que es coherencia. Qué es lo que
queremos proteger: en primer lugar, a las personas, a los consumidores; en
segundo lugar, abrir mercados para colocar nuestra producción, pero no podemos
pensar en estos dos primeros sin pensar en el motor de la economía que es el
campo, y si no protegemos al sector agropecuario no vamos a poder pensar en
alimentos, en los consumidores ni en los mercados”.
“Receta fitosanitaria, profesional, veedor, cortinas arboladas, son las bases
para empezar a hablar de lo que está bien y lo que está mal en una aplicación
periurbana”, graficó Blanda.
Paralelamente, reclamó “una ley nacional que me marque la cancha y ya lo
hemos pedido desde la provincia, porque no es lo mismo decir que vamos por la
ruta a 110 km/h que es la velocidad máxima, a que me digan que no vaya a una
velocidad alta”, graficó.
Por su parte, Luis María Herrera, director Provincial de Fiscalización
Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales, precisó que ya firmaron
convenio para el control del uso de fitosanitarios con cerca de 60 municipios
bonaerenses.
El funcionario comentó que es trascendental la función del Colegio de
Ingenieros Agrónomos capacitando y asesorando y para la realización de
auditorías en las zonas periurbanas y de amortiguamiento.
También se creará un registro de verificadores técnicos que recibirán
asesoramiento a través del Colegio y el gobierno provincial.
Aeroaplicador y técnico
Alfonso Rodríguez, aeroaplicador y presidente de la Cámara de Aeroaplicadores
de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), detalló que “es importantísimo que
nosotros como parte, como eslabón en la cadena de buenas prácticas
agropecuarias, hagamos bien nuestro trabajo, porque nosotros somos los que
estamos en contacto con las maestras y nuestros vecinos”.
El aeroaplicador planteó que “esta sinergia entre empresas, entre cámaras,
entre estados, se tiene que dar y desde la Cámara estamos trabajando para
acercar a los socios a la certificación, para que entiendan que es una
herramienta fundamental que van a tener para derribar varios mitos que tenemos
como actividad” y remató: “Seguramente hemos fallado en la comunicación, porque
lo que hacemos lo hacemos bien, somos profesionales y estamos regulados por las
municipalidades, la provincia y el Ministerio”.
El último orador fue Federico Elorza, responsable técnico de Casafe, que
disertó sobre “Tecnologías que contribuyen a resolver un conflicto”.
En este sentido ofreció tres herramientas para hacer una eficiente aplicación
en zonas periurbanas: Tamaño de gota, calibración de las máquinas y las
condiciones ambientales.
“Hay que saber cuándo trabajar con determinadas condiciones ambientales,
cuándo modificar una calibración, hay que saber cuándo no se puede realizar una
aplicación y cuándo suspenderla. Para esto también es importante contar con la
presencia de un fiscalizador para determinar estas cuestiones y poder decidir
qué hacer con esa aplicación”, señaló Elorza.
La visión del Estado sobre los fitosanitarios
Cerrando la jornada destinada a las Buenas Prácticas Agropecuarias se presentó
‘La Visión del Estado’ puesto en voces del Secretario de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere; y sus pares de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
Lino Barañao, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
Etchevehere comenzó diciendo que desde el inicio de esta gestión de gobierno
están ocupados en dar una respuesta desde el Estado nacional a la discusión por
la aplicación de fitosanitarios. Lo primero fue dar desde la Nación una pauta
sobre qué hacer con la zona de amortiguamiento. Todo se hizo en trabajo conjunto
donde también estuvo el Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, más el Consejo
Federal Agropecuario, el INTA y el SENASA.
El resultado fue el documento con recomendaciones de Buenas Prácticas y qué
hacer con los fitosanitarios y cómo tratarlos.
“Aspiramos a que algún día esto se transforme en una ley que puede tener
vigencia nacional” con la adhesión de las provincias. Hoy en nuestra Argentina
se siembran 34 millones de hectáreas. “Eso significa ingresos para el país. Y
este año gracias al perfil emprendedor de miles de productores que a pesar de la
sequía del año pasado -perdieron 9mil millones de dólares- volvieron a invertir
doce mil millones de dólares. Así le entregaron al país una cosecha récord”,
dijo.
“Por la importancia que tiene el área de superficie de trabajo, por lo que
significa el empleo. Solamente la cadena de la soja emplea más de 250 mil
personas. Lo que mueve el maíz, el valor que se agrega para atrás de la siembra
y para adelante. Sin dudas tenemos que ir a lo científico”, aseguró Etchevehere.
“El Estado está absolutamente presente en todo el proceso. Seguramente la
ciencia va a seguir evolucionando. En la medida que sigamos avanzando en esto,
más confianza mutua vamos a tener los diferentes sectores. Nuestra gestión de
gobierno es informar, hacer la normativa y controlar que es normativa se cumpla.
Para seguir produciendo y que los consumidores y el público en general tengan
toda la tranquilidad de que se está llevando delante de una manera seria y
responsable”, agregó.
“La humanidad es dependiente de los fitosanitarios para su alimentación como
de los antibióticos para la salud”, enmarcó Barañao. No se pueden perder
cosechas por patógenos o por malezas que usufructúan la tierra, “hemos ganado
esa batalla contra los tipos de plagas que afectan nuestros cultivos”, señaló el
funcionario trazando una elipsis evolutiva de la tierra y de la genética.
“Como toda tecnología no está libre de efectos potencialmente no deseables y
eso exige una normativa como tiene cualquier medicamento”, comparó, y a modo de
ejemplo compartió el dato que anualmente mueren mil personas por el mal uso de
anti-inflamatorios. “La misma lógica se aplica a cualquier sustancia que se use
en agricultura. Por eso hay que hacer monitoreo continuo, autorizar en qué
condiciones se puede hacer, y formar no sólo al que aplica sino al que consume”.
Barañao manifestó que “hay que establecer una presencia del Estado que avale
cada una de las recomendaciones que se hacen”. También marcó la diferencia entre
“conciencia de riesgo y fundamentalismo. Hay que poner límites a ese tipo de
especulaciones”.
Como lo había hecho Etchevehere, Barañao valoró el trabajo conjunto “que nos
permite tener este tipo de soluciones muy próximas a lo óptimo en materia de
buenas prácticas en agricultura”.
Terminó avizorando que “cada vez más los mercados mundiales van a exigir
menor uso de fitosanitarios, en particular los derivados de la química. El
desafío es lograr fitosanitarios tanto o más efectivos que los que tenemos
actualmente”.
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó “el cambio
cultural del Gobierno, donde el Presidente nos pide que trabajemos como equipo
donde cada uno hace su aporte, porque tenemos que dar una solución a cómo la
rentabilidad y la sustentabilidad de una actividad productiva estratégica
permita cerrar la ecuación. Porque el mundo va a pedir que nada sea rentable si
no es sustentable. Argentina tiene buenas prácticas que si las documentamos y
las estandarizamos tenemos cómo ir al mundo con alimentos y con una metodología
de trabajo”.
Más adelante sostuvo que “no hay leyes ni estándares que tengan valor si no
hay inversión y trabajo en el ente de control. Hay culpables pero también hay
responsables. De los culpables se tiene que ocupar la ley y de las
responsabilidades las políticas públicas”.
Bergman ligó esa distinción con “trabajar a favor del productor responsable.
Que no se ponga a todos en la misma bolsa, pero sería sano y conveniente que si
hay productores inescrupulosos se los individualice, pero sin estereotipar una
actividad. Ninguna actividad está exenta de que haya personas que no cumplen con
la ley”, dijo.
Agradeció el trabajo de la Red de BPA advirtiendo que “si no hay estándares
de buenas prácticas no se puede hablar de las regulaciones para incluirlas”.
“Entre que cada uno haga lo que quiera sin control a prohibirlo, hay el término
medio de la buena práctica y la regulación por ley y por norma, que es algo
contracultural a los argentinos”, señaló Bergman.
Funcionarios en La Rural
La presencia de ministros y secretarios de Estado en la Exposición responde a
la agenda de trabajo organizada por la Secretaría de Agroindustria. “Para
mostrar como las diferentes áreas de gobierno trabajan en forma combinada y
coordinada”, expresó Etchevehere.
Recordó la visita de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; de Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y Secretario de Modernización; del Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser. “La próxima visita será de Guillermo Dietrich (Ministro de Transporte de la Nación) para exponer todo lo que tiene que ver con transporte, logística, infraestructura”.
