En esta provincia argentina, no se siguen las normas nacionales que determinan distancias y responsabilidades en la aplicación y fumigaciones agrícolas, imposibilitando así la producción en más de 300.000 hectáreas prósperas que podrían aportar mucho para el empleo, los alimentos y las divisas que el país necesita.
Se desconocen, por lo tanto, los avales científicos y demostraciones técnicas sobre buenas prácticas agrícolas.
Lamentamos que a esta altura del siglo XXI se subestimen los trabajos de la ciencia que hablan de la inocuidad de los laboreos del campo bajo normas de buenas prácticas.
Apelamos a la sensatez de los diferentes actores de la provincia, tanto a nivel nacional como provincial, para dar tratamiento a proyectos de ley consensuados y apostar por aplicaciones responsables que den previsibilidad a la tarea agropecuaria, a la vez que protejan al conjunto de la población.
