La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de países al que Argentina aspira a ingresar, cuestionó con dureza el esquema de retenciones en el sector agrícola y aconsejó la implementación de una reforma fiscal que las elimine, al tiempo que destacó el crecimiento "notable" del sector agroexportador a pesar de las trabas tributarias.

"La inestabilidad macroeconómica y financiera ha comprometido la competitividad de la economía argentina, incluido el sector agroalimentario. Algunos factores económicos han restringido significativamente el sector agrícola en los últimos tiempos, en particular un sistema fiscal que penaliza al sector, la falta de desarrollo de los mercados financieros domésticos y la escasa inversión en infraestructura", indicó el informe de Revisión de Políticas Agrícolas de Argentina, elaborado por el organismo.

Y añadió: "La recomendación es que Argentina elimine gradualmente los impuestos a la exportación agropecuaria, integrar el sector en un sistema fiscal reformado y aumentar la certidumbre de la política pública."

En ese sentido, la OCDE consideró que el las políticas sobre el sector agrícola distorsionaron las decisiones de producción doméstica, a través de restricciones "impredecibles" e "inestables". "La inestabilidad política e institicuional es uno de los mayores factores de riesgo en la agricultura argentina. Estos impuestos se establecen o modifican directamente por decretos federales y sus ingresos no se comparten con las provincias", apuntó.

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Además, el informe remarcó el bajo nivel de crédito bancario disponible para empresas del sector, en comparación con los miembros de la OCDE, lo que representa un obstáculo para la planificación de inversiones y gestión de riesgos agrícolas, si bien se trata de una problemática que afecta "a todos los sectores en general".

"El crédito bancario a instituciones no financieras representa solo el 18% de la economía, muy por debajo de los niveles de la OCDE y de los países limítrofes. Además los impuestos (retenciones) a la exportación agrícola se utilizaron para aumentar los ingresos del gobierno y reducir los precios de los productos del sector en el mercado doméstico", indicó.

Asimismo, el estudio elogió la rebaja inicial de retenciones que encaró el Gobierno de Mauricio Macri en 2016, pero advirtió sobre el "impacto negativo" que tendrán los gravámenes implementados en septiembre para mitigar la crisis económica derivada de la aguda devaluación del año pasado.

1- Como parte de la reforma fiscal integral a largo plazo, eliminar gradualmente los impuestos a la exportación agropecuaria, integrar el sector en un sistema fiscal reformado y aumentar la certidumbre de la política pública. La eliminación a largo plazo de las retenciones a la exportación deberá formar parte de un paquete de reformas fiscales más ambicioso, más allá de las políticas agrícolas.

2- La política agrícola debería anclarse en la legislación general, con una ley marco específica y una reforma global del sistema fiscal, para revertir gradualmente su efecto negativo sobre el sector agrícola y orientarse hacia un paquete de políticas más neutral, estable, predecible y bien dirigido.

3- Realizar una evaluación exhaustiva de los impactos (externalidades negativas) asociados a diferentes tipos de pesticidas, su nivel de aplicación e impacto en áreas geográficas específicas con alta concentración, con el objetivo de implementar medidas en localizaciones concretas sobre prácticas para mejorar el manejo de los pesticidas.

4- Evaluar de forma exhaustva e independiente la Ley de Bosques Nativos para analizar su eficacia en el control de la deforestación y tomar las decisiones legales y presupuestarias adecuadas para fortalecer su aplicación.

5- Desarrollar un proceso y método sistemáticos para medir y monitorear la investigación y desarrollo (I+D) e innovación pública de Argentina, para definir e implemenar prioridades estratégicas. Es necesario desarrollar un sistema de medición para la inversión pública en innovación agrícola.

6- Analizar en detalle el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) con el objetivo de implementar una reorganización de sus diferentes ejes de acción: investigación, extensión y desarrollo rural.

7- Fortalecer el enfoque holístico de la política pública en cuanto a la gestión de riesgo mediante la inversión en prevención y la preparación, la mejora de la previsibilidad y el monitoreo de la asistencia de catástrofes. Las políticas de gestión de riesgo en Argentina están enfocadas a los riesgos de catastróficos, pero centrados en la asistencia ex post. Se deberían hacer más esfuerzos de política pública centrados en la gestión ex ante del riesgo y en la prevención mediante la implementación de estrategias y tecnologías que disminuyan la exposición al riesgo, capacitación y adaptación al cambio climático.

8- Dentro de los límites presupuestarios, apoyar la búsqueda de nuevos mercados vitivinícola, de peras, manzanas y otros viables producidos en las economías regionales. Se puede esperar que aumente al demanda nacional de alimentos en función del crecimiento demográfico (relativamente bajo) y como resultado, en menor medida, del crecimiento del ingreso per cápita. La búsqueda de nuevos mercados es crucial para la expansión del sector.

9- Hacer una evaluación y reforma el Fondo Especial del Tabaco (FET), mediante la eliminación de los pagos basados en la producción e invertir dichos recursos en capital humano y físico (infraestructura) en zonas tabacaleras. El FET debe centrarse en facilitar la transformación económica de las regiones de producción de tabaco. El primer paso debería ser eliminar el apoyo al precio del tabaco, que fomenta la oferta y fiscaliza la demanda. El segundo paso debería ser invertir los ingreoss fiscales del impuesto sobre el tabaco en infraestructura y educación de las regiones productoras.

10- Crear un sistema de asistencia técnica para la innovación de las cadenas de valor ubicadas en economías regionales específicas y para los pequeños productores, utilizando las capacidades en I+D y servicios de extensión del INTA. La inversión pública en caminos rurales, la infraestructura agrícola, las cadenas de almacenamiento y frío ayudarían a las economías regionales a superar los altos costos de transacción.