La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo
de países al que Argentina aspira a ingresar, cuestionó con dureza el esquema de
retenciones en el sector agrícola y aconsejó la implementación de una reforma
fiscal que las elimine, al tiempo que destacó el crecimiento "notable" del
sector agroexportador a pesar de las trabas tributarias.
"La inestabilidad macroeconómica y financiera ha comprometido la
competitividad de la economía argentina, incluido el sector agroalimentario.
Algunos factores económicos han restringido significativamente el sector
agrícola en los últimos tiempos, en particular un sistema fiscal que penaliza al
sector, la falta de desarrollo de los mercados financieros domésticos y la
escasa inversión en infraestructura", indicó el informe de Revisión de Políticas
Agrícolas de Argentina, elaborado por el organismo.
Y añadió: "La recomendación es que Argentina elimine gradualmente los
impuestos a la exportación agropecuaria, integrar el sector en un sistema fiscal
reformado y aumentar la certidumbre de la política pública."
En ese sentido, la OCDE consideró que el las políticas sobre el sector
agrícola distorsionaron las decisiones de producción doméstica, a través de
restricciones "impredecibles" e "inestables". "La inestabilidad política e
institicuional es uno de los mayores factores de riesgo en la agricultura
argentina. Estos impuestos se establecen o modifican directamente por decretos
federales y sus ingresos no se comparten con las provincias", apuntó.
En un régimen que devuelve IVA por la compra o importación de IVA de bienes de
capital que se utilizarán para generar exportaciones, Hacienda resolvió que
aplicará un cupo de $ 15. ...
Además, el informe remarcó el bajo nivel de crédito bancario disponible para
empresas del sector, en comparación con los miembros de la OCDE, lo que
representa un obstáculo para la planificación de inversiones y gestión de
riesgos agrícolas, si bien se trata de una problemática que afecta "a todos los
sectores en general".
"El crédito bancario a instituciones no financieras representa solo el 18% de
la economía, muy por debajo de los niveles de la OCDE y de los países
limítrofes. Además los impuestos (retenciones) a la exportación agrícola se
utilizaron para aumentar los ingresos del gobierno y reducir los precios de los
productos del sector en el mercado doméstico", indicó.
Asimismo, el estudio elogió la rebaja inicial de retenciones que encaró el Gobierno de Mauricio Macri en 2016, pero advirtió sobre el "impacto negativo" que tendrán los gravámenes implementados en septiembre para mitigar la crisis económica derivada de la aguda devaluación del año pasado.
1- Como parte de la reforma fiscal integral a largo plazo, eliminar
gradualmente los impuestos a la exportación agropecuaria, integrar el sector en
un sistema fiscal reformado y aumentar la certidumbre de la política pública. La
eliminación a largo plazo de las retenciones a la exportación deberá formar
parte de un paquete de reformas fiscales más ambicioso, más allá de las
políticas agrícolas.
2- La política agrícola debería anclarse en la legislación general, con una
ley marco específica y una reforma global del sistema fiscal, para revertir
gradualmente su efecto negativo sobre el sector agrícola y orientarse hacia un
paquete de políticas más neutral, estable, predecible y bien dirigido.
3- Realizar una evaluación exhaustiva de los impactos (externalidades
negativas) asociados a diferentes tipos de pesticidas, su nivel de aplicación e
impacto en áreas geográficas específicas con alta concentración, con el objetivo
de implementar medidas en localizaciones concretas sobre prácticas para mejorar
el manejo de los pesticidas.
4- Evaluar de forma exhaustva e independiente la Ley de Bosques Nativos para
analizar su eficacia en el control de la deforestación y tomar las decisiones
legales y presupuestarias adecuadas para fortalecer su aplicación.
5- Desarrollar un proceso y método sistemáticos para medir y monitorear la
investigación y desarrollo (I+D) e innovación pública de Argentina, para definir
e implemenar prioridades estratégicas. Es necesario desarrollar un sistema de
medición para la inversión pública en innovación agrícola.
6- Analizar en detalle el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola
(INTA) con el objetivo de implementar una reorganización de sus diferentes ejes
de acción: investigación, extensión y desarrollo rural.
7- Fortalecer el enfoque holístico de la política pública en cuanto a la
gestión de riesgo mediante la inversión en prevención y la preparación, la
mejora de la previsibilidad y el monitoreo de la asistencia de catástrofes. Las
políticas de gestión de riesgo en Argentina están enfocadas a los riesgos de
catastróficos, pero centrados en la asistencia ex post. Se deberían hacer más
esfuerzos de política pública centrados en la gestión ex ante del riesgo y en la
prevención mediante la implementación de estrategias y tecnologías que
disminuyan la exposición al riesgo, capacitación y adaptación al cambio
climático.
8- Dentro de los límites presupuestarios, apoyar la búsqueda de nuevos
mercados vitivinícola, de peras, manzanas y otros viables producidos en las
economías regionales. Se puede esperar que aumente al demanda nacional de
alimentos en función del crecimiento demográfico (relativamente bajo) y como
resultado, en menor medida, del crecimiento del ingreso per cápita. La búsqueda
de nuevos mercados es crucial para la expansión del sector.
9- Hacer una evaluación y reforma el Fondo Especial del Tabaco (FET),
mediante la eliminación de los pagos basados en la producción e invertir dichos
recursos en capital humano y físico (infraestructura) en zonas tabacaleras. El
FET debe centrarse en facilitar la transformación económica de las regiones de
producción de tabaco. El primer paso debería ser eliminar el apoyo al precio del
tabaco, que fomenta la oferta y fiscaliza la demanda. El segundo paso debería
ser invertir los ingreoss fiscales del impuesto sobre el tabaco en
infraestructura y educación de las regiones productoras.
10- Crear un sistema de asistencia técnica para la innovación de las cadenas de valor ubicadas en economías regionales específicas y para los pequeños productores, utilizando las capacidades en I+D y servicios de extensión del INTA. La inversión pública en caminos rurales, la infraestructura agrícola, las cadenas de almacenamiento y frío ayudarían a las economías regionales a superar los altos costos de transacción.