La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ratificó la sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en las cercanías de los establecimientos educativos de las zonas rurales.

De esta manera, el máximo tribunal provincial no hizo lugar a una apelación planteada por el Gobierno de Entre Ríos. En el fallo se ordena a que el Gobierno provincial "suspenda de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas en un radio entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia en horario de clases".

También se exhortó a la provincia a que, a través de sus reparticiones, efectúe -según dice- en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos.

Otras de las decisiones que tomó la Justicia fue "condenar al Estado provincial y al Consejo General de Educación a que en el plazo de dos años procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros de todas las escuelas rurales de la provincia".

La decisión judicial se conoce tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsada por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Las entidades del agro habían alertado que unas 280.000 hectáreas podrían quedar sin producir por las restricciones.

La semana pasada, el secretario de Producción de la provincia, Álvaro Gabás, indicó a este diario que si se hacía lugar a la medida "se deja de producir" y explicó que "el cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo".

Para el fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián Trinadori son cientos de miles la cantidad de hectáreas que resultarán improductivas considerando que, de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias en zonas rurales.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno de esa provincia está analizando el fallo. Para una fuente consultada, "es poco" probable que se lleve la disputa a la Corte Suprema de la Nación.

Por: Mariana Reinke