Desde nuestra entidad, reiteramos que estamos dispuestos a discutir con números en la mano los resultados de nuestras empresas agropecuarias. Si se quiere trabajar con honestidad intelectual y hacer los ajustes donde corresponde, tienen los diputados nacionales la obligación de aceptar esta propuesta.
El sector no sólo está herido si no que se siente discriminado. No hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país.
El constante cambio de reglas de juego, va en detrimento de la inversión y el desarrollo del interior productivo, afectando así, a la economía en su conjunto.
Todas estas medidas son un freno al desarrollo, sobre todo en el interior del
país, y las economías regionales y la lechería, solo por enumerar algunos casos,
que ya se encuentran severamente castigadas, y sin un rumbo claro, lo que sería
un golpe de gracia para los productores y los expulsaría de su actividad.
Esperemos ser escuchados, y no que el próximo Presupuesto Nacional se convierta en una herramienta para continuar con la fiesta de los privilegiados del gasto público que pagamos no sólo la actividad agropecuaria, sino todo el resto de los argentinos.
Deberían los funcionarios saber que la producción soporta ya una enorme carga tributaria (nacional, provincial y municipal) que representa cerca del 53% de sus ingresos brutos, y del mismo modo actuar con mayor prudencia ya que nuestra historia demuestra que una vez establecido un impuesto es muy difícil que pueda ser anulado en el futuro.
La mala praxis económica no se debe solucionar con más impuestos, ahora se pretende desandar compromisos con una sola mirada fiscal, ignorando que sin productores y sin producción, solo habrá números en el aire pero nunca una economía real que sustente la desmesura del gasto público.
Esto, puede traer consecuencias inmediatas y de ninguna manera son las que quiere tomar el sector, pero se ve acorralado.
