En la localidad de Victoria, Entre Ríos, el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, presentó el informe final del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias, integrado por expertos de las Secretarías de Agroindustria; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Salud; Ciencia y Tecnología, además del Senasa y el INTA, y representantes del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
"Hoy contamos con un documento confiable, producto del trabajo coordinado entre cuatro carteras nacionales, y con la participación de las provincias, en el que se definen los lineamientos para la aplicación de fitosanitarios", señaló el titular de la cartera agroindustrial, y agregó que "sabemos que se pueden hacer las cosas de manera segura y sostenible para eso nos basamos en lo científico y lo tecnológico con el fin de transmitir seguridad a las comunidades".
Durante la jornada también se llevó a cabo la firma de adhesión a los lineamientos para políticas públicas sobre aplicaciones de fitosanitarios por parte de los presidentes municipales de Victoria, Domingo Maiocco; de Gualeguay, Federico Bogdan; de Basavilbaso, Gustavo Hein; el de Villa Libertador San Martín, Ruben Casali y el de Mansilla, Omar Migueles, y de representantes de los municipios de Ramírez, Nogoyá, Tala, Galarza, Viale, Valle María, La Paz, Maciá, Gilbert.
Etchevehere destacó la relevancia de este acontecimiento ya que significa que "el Gobierno nacional, junto a las provincias y municipios avanzamos en políticas públicas que mejoren la vida a los productores y los ciudadanos que se encuentren en estas zonas productivas".
Asimismo, se realizó una demostración de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que incluyó el uso correcto de envases a través del triple lavado y el lavado a presión realizado por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) y la Secretaría de Agroindustria. Además de una muestra aérea y terrestre del uso correcto de fitosanitarios en campo.
Participaron también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo; el senador nacional, Alfredo de Angeli; los diputados nacionales por Entre Ríos, Alicia Fregonese y Atilio Benedetti; el secretario de Producción de la provincia, Álvaro Gabás, y autoridades provinciales y municipales.
Abordaje integral de las Buenas Prácticas Agrícolas
En el marco de la Resolución Conjunta Nº1/2018, el Grupo de Trabajo Interministerial se reunió en seis oportunidades entre el 5 de abril y el 2 de julio de 2018, fecha en que se presentaron las conclusiones.
El documento presentado por el grupo de trabajo se sometió a una consulta pública desde la plataforma argentina.gob.ar, del 20 de julio al 20 de agosto pasados. La consulta recibió 6.438 visitas, demostrando un marcado interés de la población por involucrarse con la temática, participar y recibir asesoramiento técnico.
Si bien la modalidad de participación fue anónima, muchos de los participantes señalaron su pertenencia a entidades representativas del sector, o recalcaron que eran profesionales agrónomos, abogados, médicos o de otras áreas pertinentes.
Los comentarios fueron principalmente sobre cuestiones técnico-operativas, vinculadas por ejemplo a la necesidad de una figura profesional que certifique, avale y/o organice las actividades de aplicación; cuestiones de manejo de fuentes de información y metodología de análisis; de ordenamiento territorial; de monitoreo y control, y de conceptos científicos.
El informe final propone 12 principios para ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento. Estos principios ofrecen una guía para abordar el cuidado de la salud, del ambiente y de la producción agrícola, sobre la base de instituciones apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico.
También tiene 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, el monitoreo ambiental, procedimientos para prevenir efectos no deseados sobre la salud y el ambiente, capacitación, comunicación pública, fomento de las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado.
