Y el kirchnerismo caminaba hacia un ocaso irreversible. Ambas tesis han sido corroídas por la duda. Como esa incertidumbre agrava la dinámica económica, el interés por despejar la incógnita sucesoria es más urgente. La dirigencia política enfrenta los dos procesos principales de la agenda de estos días -el tsunami judicial de los cuadernos de Centeno y la negociación del presupuesto para cumplir el acuerdo con el Fondo- con una incontenible ansiedad frente a las urnas. Esos dos fenómenos generan sorprendentes paradojas. Por eso los laboratorios electorales del Gobierno y de la oposición están hiperactivos.

Los cuadernos de Centeno han impactado sobre la política como una bomba de profundidad. Sus misteriosas derivaciones tal vez no sean lineales. La Casa Rosada acaba de recibir el resultado de 20 encuestas sobre focus groups. Para asombro de quienes las contrataron, un número ínfimo de consultados hizo una referencia espontánea al Lava Jato nacional. De acuerdo con ese estudio, cuanto más se ingresa en el conurbano bonaerense, menos relevante parece ese problema.

Esta indiferencia se inscribe en un contexto bastante rígido. Las fechorías del kirchnerismo no mueven el amperímetro del votante de Cambiemos, cuya indignación está saturada desde hace mucho tiempo. Y tampoco afecta a la feligresía de Cristina Kirchner, que ya asimiló evidencias incontrastables, como los nueve millones de dólares que José López revoleó tras los muros de un convento. Nada que sorprenda demasiado: condenado por sobornos a 12 años de prisión en el Lava Jato original, Lula da Silva acumula 39% de intención de voto para comicios en los que no puede presentarse. Aunque hay novedades inquietantes: López confesó que algunos magistrados militantes de Justicia Legítima recibían fondos de la caja de la obra pública. Entre macristas y kirchneristas aparece una franja impasible. Más por desinformación que por inmoralidad.

Las anotaciones de Centeno tienen efectos indirectos que amenazan más a Macri que a sus opositores. El más importante es el colapso en el financiamiento de la obra pública y de sectores que, como el transporte, también son tocados por la mancha venenosa. Los bancos suspenden el crédito a las empresas involucradas y, enseguida, se retraen frente a todos los negocios con el Estado. Algunos aprovechan para limpiar su cartera de riesgos. En las compañías de infraestructura también se encienden alarmas. Muchas no aparecen salpicadas por la corrupción, pero tuvieron contratos con otras investigadas.

Macri había pensado la obra pública como el vector que impulsaría la economía mientras llegaban otras inversiones. Se resignó a suspender aquella financiada por el Estado para alcanzar la meta fiscal comprometida con el Fondo. Pero seguía apostando a los proyectos de participación público-privada, que se financian en el mercado. La epidemia judicial alcanza también a estas iniciativas y agrava la parálisis general, a la que ya conducían la incertidumbre cambiaria y una tasa de interés exorbitante.

El presidente del Central, Luis Caputo; el ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia, están diseñando una fórmula jurídica para aislar a los bancos del riesgo moral de los contratistas del Estado. Serían fideicomisos integrados por el banco Bice y Transportes, que se convertirían en el sujeto de crédito. Todavía falta que en el sistema financiero acepten esa salida.

Corolario: los beneficios electorales de los registros de Centeno son mucho más brumosos que sus inexorables perjuicios económicos. Esos apuntes, y las ráfagas de la tormenta de Turquía, podrían determinar que una recesión que iba a durar dos trimestres dure tres.

Con este panorama más sombrío, los mercados se muestran más inquietos. Los inversores de Wall Street, que la semana pasada recibieron a Mario Quintana, Santiago Bausili y Gustavo Cañonero, plantearon dudas sobre la capacidad del Gobierno para rediscutir lo pactado con el Fondo. Los funcionarios apuestan a que la única condición de hierro es la meta de 1,3% del PBI para el déficit fiscal. Pero esa flexibilidad todavía es hipotética. Además, en los bancos y fondos de inversión sospechan del programa financiero; ellos mismos han perdido interés por los papeles argentinos. Es un dato clave para la recolocación de los bonos que vencen el año próximo, sobre todo porque es aún una conjetura que el Fondo permita que los recursos que prestó se apliquen a pagar deuda. Los interlocutores de Quintana, Bausili y Cañonero aclararon que no tienen diferencias conceptuales con Nicolás Dujovne ni con Caputo. Su enigma es si Macri tiene convicción para llevar adelante los recortes.

La respuesta oficial a esas inquietudes ha sido acelerar las conversaciones con la oposición por el presupuesto. El núcleo de la discusión es el financiamiento del déficit previsional. Cualquier solución fiscal que ignore ese problema es una fantasía. Los representantes de Macri pretenden que la Nación y las provincias incrementen la parte de la recaudación del IVA que destinada a pagar jubilaciones. El peronismo aparece dividido. Los gobernadores de Misiones (Passalacqua), Chaco (Peppo), Catamarca (Corpacci) y La Rioja (Casas) son los más proclives a un acuerdo. Se les suma el neuquino Omar Gutiérrez, del MPN. Hay otros que aceptan comenzar la discusión: son los gobernadores de Córdoba (Schiaretti), Salta (Urtubey), San Juan (Uñac), Entre Ríos (Bordet) y Santiago del Estero (Zamora). En cambio, los de La Pampa (Verna), Formosa (Insfrán), Tucumán (Manzur), Chubut (Arcioni), Tierra del Fuego (Bertone) y Santa Cruz (Kirchner) son irreductibles. Este último pelotón armó la reunión con la CGT el viernes pasado, en el Consejo Federal de Inversiones.

Los negociadores del oficialismo son Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta. Piensan conquistar voto por voto. Como en toda discusión fiscal, lo que prevalece es la política. Los gobernadores dialoguistas quieren incorporar al acuerdo, con letra invisible, una cláusula electoral. Cambiemos debería atenuar su agresividad en sus distritos. En otras palabras: Macri tendría que facilitar la reelección de sus aliados. Ellos harían también su aporte, adelantando comicios en sus jurisdicciones. Este pacto tácito revela que un sector del peronismo federal carece todavía de un proyecto de poder más allá de las provincias. En otras palabras: no se siente incómodo habilitando la reelección de Macri. El problema es que eso supone, en muchas provincias, sacrificar las expectativas radicales.

Hay otro criterio electoral que domina la discusión presupuestaria. Los gobernadores más lejanos al Gobierno, o los que alientan un sueño nacional, se han propuesto debilitar a Cambiemos en su principal activo: la provincia de Buenos Aires, liderada por Vidal. La discusión de los subsidios desnuda esa intención. Ahora llegó el turno de los del transporte: son $49.000 millones, de los cuales 24.000 benefician a vecinos bonaerenses y porteños. Es un proceso interesante. El peronismo está desmontando el sistema de subvenciones en los que se basaron sus últimas cuatro presidencias. Duhalde y los dos Kirchner construyeron su poder privilegiando al electorado metropolitano.

La principal dificultad del PJ federal es hacer pie en la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey o cualquier otro candidato del sector está en dificultades frente a dos mujeres: Vidal y Cristina Kirchner, que conserva su clientela en el distrito. Si la expresidenta se postula, ningún otro peronista tendrá el soporte del aparato bonaerense. Por eso ayer un sagaz dirigente de Cambiemos comentaba: "Pichetto puede resistir la presión que hace la opinión pública para que Cristina sea despojada de los fueros. Pero ¿podrá resistir la de su propio partido, que también la necesita presa?".

En el oficialismo estudian una estrategia audaz que reduciría mucho las posibilidades de la señora de Kirchner y, en general, del peronismo. Su autor es Monzó, quien ya la expuso delante de Macri, Marcos Peña, Vidal y Larreta. Él observa que las listas bonaerenses son impulsadas por las candidaturas del presidente y del intendente. Es difícil que alguien decida su voto por el aspirante a gobernador. Esta física neutraliza, según Monzó, el principal activo de Cambiemos. Es Vidal, la única dirigente destacada cuya imagen positiva supera todavía a la negativa. La propuesta de Monzó, que analizan en el Gobierno, es que Vidal adelante las elecciones de gobernador e intendentes bonaerenses. Esta martingala tendría dos atractivos. Por un lado, deja a Cristina Kirchner y a los demás candidatos peronistas desprovistos de una maquinaria electoral imprescindible. Por otro, permitiría capturar a intendentes que, huérfanos de un gran candidato provincial, acordarían con Vidal.

Para este último objetivo, Monzó tiene un colaborador muy eficiente: Centeno. La orgía de sobornos que rodeó a la obra pública atemoriza a varios intendentes "encuadernados". Sin ir más lejos, Claudio Bonadio citó a 91 para explicar si desviaron fondos del programa de viviendas Más Cerca, por el que debe dar explicaciones José Alperovich, o el de gestión de residuos. A la cabeza de los sospechosos está Francisco Echarren, alcalde de Castelli. Su devoción por la infraestructura kirchnerista fue desenfrenada: condenó a un grupo de vecinos de su pueblo a vivir en un barrio al que bautizó Julio De Vido.

Por: Carlos Pagni