Sacudido todavía por la tormenta financiera, con sus secuelas de devaluación y estanflación, el gobierno de Mauricio Macri se ha propuesto un claro objetivo de corto plazo: persuadir a la opinión pública y al mundo empresarial de que las derivaciones de los cuadernos de las coimas no afectarán aún más negativamente a la economía. No es sencillo, a la luz de lo ocurrido en Brasil, donde inmediatamente tras el Lava Jato se produjo una fuerte recesión económica que se extendió por tres años y elevó el desempleo.

El mensaje desde la Casa Rosada señala que la marcha de la obra pública no se verá afectada por el avance de las investigaciones sobre las coimas pagadas por empresas beneficiadas con concesiones del Estado a funcionarios del gobierno kirchnerista. Para el Gobierno, hay que distinguir entre las personas y las empresas, y considerar el hecho de que si una empresa ha estado involucrada en un delito no debería esto implicar que no pueda seguir operando en forma lícita en el país.

Son muchas las voces de quienes sostienen que será preferible soportar algo más de recesión si esto permite avanzar en cambios estructurales para desterrar niveles de corrupción pública como los que sufrimos los argentinos desde hace muchos años y para dar lugar a una nueva generación de empresarios que no hagan una virtud de las malas artes para cortejar al poder o del sometimiento a sus designios políticos.

El mayor problema que se percibe en el horizonte son las consecuencias sociales de una caída en el consumo y en el empleo privado, agravada por una disminución del ímpetu estatal para alentar la construcción y la obra pública. La situación nos vuelve a remitir a Brasil, donde centenares de empresas entraron en convocatoria de acreedores luego del Lava Jato, aunque con el tiempo se logró salvarlas separándolas de las personas.

En este contexto, agravado por los coletazos de la guerra comercial internacional y las subas en las tasas de interés y el dólar en el mundo, las inquietudes en materia política pesan en la Argentina tanto como las económicas. Una de ellas pasa por la capacidad del oficialismo para lograr consensos duraderos. La otra, por las elecciones de 2019.

La respuesta a ambos interrogantes pasa por una variable no menor: el nivel de homogeneidad de la coalición gobernante. Cualquier escenario electoral con un oficialismo unido en torno de Cambiemos y una oposición fragmentada, gracias a la vigencia de Cristina Kirchner, favorecerá a Macri. De allí que ningún funcionario gubernamental se rasgue las vestiduras por verla presa a la expresidenta. Al mismo tiempo, el discurso oficial insiste en ejercicios contrafácticos, como imaginar cómo estaríamos con Daniel Scioli y Carlos Zannini en la Casa Rosada, para persuadir a la sociedad de que no estaremos bien, pero podríamos estar mucho peor. La apuesta oficial parece limitada, pero las dificultades de la oposición peronista para reinventarse a sí misma hacen que el macrismo se vea fortalecido en términos relativos.

Por: Fernando Laborda