Los interrogantes flotan frente al horizonte económico. Uno de ellos es cuál será el grado de fortaleza política del Gobierno para mantener el rumbo trazado y comprometido ante el FMI. El segundo, tras las deprimentes cifras sobre caída de la actividad económica en mayo y las perspectivas recesivas para este tercer trimestre del año, es cuándo volverá a crecer la Argentina. Las dos preguntas inquietan a quienes toman decisiones vitales para la economía del país. Un tercer interrogante aflora en esos sectores con algo más de timidez: se vincula con la situación social y la posibilidad de un aumento de la conflictividad tanto en el ámbito sindical como entre las organizaciones sociales.

El Gobierno apuesta a que el último trimestre del año marcará una reversión del proceso de caída de la actividad económica. Pero fuera de allí, entre los economistas que más consultan las empresas, casi nadie cree firmemente en aquel pronóstico, al tiempo que subsisten dudas sobre el momento del año próximo en que comenzará a sentirse cierta reactivación. La consultora Analytica, por caso, estima una caída del PBI del 0,8% para 2018 y una variación para 2019 que oscilaría entre una baja del 0,5% y una recuperación de solo el 0,2%.

No menos dudas genera el cumplimiento de la meta fiscal para el año próximo, del 1,3% de déficit primario, y que dependerá en buena medida del presupuesto que ya negocia la Casa Rosada con los gobernadores provinciales para 2019.

Como telón de fondo, está el peligro de un crecimiento de los conflictos sociales y el fantasma de los saqueos en supermercados. Los argentinos venimos en los últimos años más acostumbrados a vivir con inflación que con una recesión como la actual. Según Mariel Fornoni, de Management & Fit, el porcentaje de personas que hoy mencionan los problemas económicos como mayor preocupación ha subido en las últimas semanas al 57%. Es explicable tanto por la caída del consumo como por el creciente temor a perder un empleo. La combinación de elevada inflación con los efectos de la devaluación del peso ha derivado en una pérdida del poder adquisitivo, que se extiende a quienes reciben beneficios de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo y el Plan Trabajar. De allí que algunos gobernadores estén más dispuestos a resignar fondos para obras públicas que transferencias sociales, aunque la actividad de la construcción sea la más dinamizadora.

Ante este escenario, el gobierno de Macri procura retomar la iniciativa con "timbreos" en el Gran Buenos Aires y, como otras veces, dividiendo a la oposición peronista, con la idea de seguir polarizando con Cristina Kirchner, que para la Casa Rosada continúa siendo el rival ideal, por cuanto -entienden- tiene y tendrá un techo electoral difícil de perforar de cara a un hipotético ballottage.