El Gobierno considera que la ley para retrotraer las tarifas tendrá un costo fiscal de $ 115.000 millones. La mayoría de esas erogaciones tendría que ver con la electricidad, ya que mantener los subsidios allí costaría alrededor de $ 75.000 millones, según números difundidos por el Ministerio de Hacienda.
La marcha atrás en el gas costaría alrededor de $ 35.000 millones, mientras que en agua hay otros $ 5.500 millones, solo en impuestos.
Entre los expertos en energía llamaba la atención la ley promovida por el Congreso. Es que la marcha atrás tarifaria registraba un territorio que recibirá beneficios en forma desproporcionada: la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
La inmensa mayoría de los $ 75.000 millones que el Gobierno anota como costo fiscal de la electricidad tiene que ver con Buenos Aires y el conurbano. La última corrección tarifaria -aplicada entre diciembre y febrero- apuntó a disminuir las subvenciones en el área metropolitana de Buenos Aires.
Antes de los aumentos que arrancaron en febrero de 2016, las tarifas de Buenos Aires eran entre cinco y siete veces más baratas que en el interior del país. Eso se fue corrigiendo, pero quedaron vestigios.
En 2015, cuando el kirchnerismo se despedía del poder, los subsidios a la energía -que provocaban precios artificialmente bajos en el gas en todo el país y la luz en Buenos Aires- alcanzaban los US$ 12.000 millones. Para este 2018, la previsión del presupuesto es que las erogaciones para “tarifa social” y servicios ronden los US$ 4.300 millones. En lo que va de su gestión, el Gobierno estaría logrando disminuir el rojo fiscal en casi US$ 8.000 millones.
Antes de la administración de Mauricio Macri, una factura de luz en la ciudad de Buenos Aires o el conurbano era 16 veces inferior a lo que se cobraba por ese mismo servicio en las ciudades de Uruguay y Brasil.
La ley pergeñada por la oposición establece que los hogares contarán con un crédito a favor "aplicable al próximo período de consumo", por haber "abonado" por el servicio un monto mayor al establecido en la legislación.
Si bien todavía no es explícito, la idea del Poder Ejecutivo es seguir con la disminución de subvenciones y que el presupuesto de 2019 asigne algo más de US$ 2.000 millones en subsidios. De esa forma, dicen los funcionarios, se habrá menguado el “populismo energético” que Cambiemos le endilga al ex Frente para la Victoria.
