Recién ayer se terminó ese inexplicable apagón. Justamente, semejante irregularidad sucedió quizás en uno de los períodos de la historia moderna en los que el rol de los empresarios, de las empresas, de la cartelización y de la concentración estuvo más cuestionado.

Nadie quiso durante estos años que hubiera un tribunal profesional e independiente del poder de turno capaz de tratar los abusos de posición dominante o las conductas monopólicas -por citar dos casos típicos en la economía capitalista- en el mercado argentino. Mejor la discrecionalidad del funcionario de turno que el conocimiento profundo de un tribunal independiente, parece haber sido el criterio.

Pero nada de que alarmarse. Los organismos de control de los servicios públicos también estuvieron atados a los designios de los ministros a lo largo de los distintos gobiernos. Nada de independencia.

Al menos en la intención inicial del Gobierno, algo podría cambiar desde ayer, con la entrada en vigor la ley de defensa a la competencia. Tanta inexperiencia tiene la Argentina en la materia que, por ahora, son todos interrogantes. Según las funciones que tiene la Autoridad de Defensa de la Competencia, la Argentina podría empezar a tener un organismo con un viso de independencia capaz de poder multar a una empresa o a un grupo de empresas. De esa autoridad, que manejará un presupuesto propio, aunque estará dentro de un ministerio (el de Producción, en este caso), dependerán dos secretarías. Una se encargará de las conductas de las compañías en el mundo de los negocios. La otra auditará la concentración de activos dentro de un mismo grupo. Podrá multar a la empresa en cuestión y obligarla a vender determinados activos si el caso así lo requiere.

Además, se estableció un sistema de actualización de multas, como para que las sanciones no terminen por tener el costo de un paquete de galletitas, producto del paso del tiempo y el impacto consecuente de la inflación.

Semejante organismo bien podría convertirse en un faro contra las conductas monopólicas. Pero habrá que verlo actuar. La defensa de la competencia se ejerce, además de denunciarla. La Argentina está demasiado acostumbrada a las denuncias voluptuosas respecto de la supuesta maldad de las empresas. Fueron años de voces exaltadas contra los monopolios, desde el singular Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior hasta la encendida expresidenta Cristina Kirchner.

Pero más allá de los gritos y la vulgaridad con la que trataron los temas empresarios durante más de una década, al gobierno anterior jamás le interesó tener una autoridad independiente en la materia. Era preferible tener la carpeta arriba del escritorio de un funcionario político que pudiera resolver el caso con reglas propias y no generales. Algún terreno en el sur del país que destrabó una enorme fusión bien puede ser usado de ejemplo.

Ahora hay una normativa que le permitirá a la Argentina empezar a recorrer el camino de las reglas generales. Por ahora está el herramental jurídico y normativo, que a decir de los tiempos en los que se aprobó, podría interpretarse que es prioritario para esta gestión.

Claro que desde 1999 hubo una ley que quedó perdida en la falta de voluntad de los funcionarios que deberían haberla llenado de contenido. Y hasta que esta vez se empiece a recorrer el camino de la normalización, habrá que convivir con la desconfianza.

Por: Diego Cabot