Argentina cuenta con más de 30 Parques Nacionales en todo su territorio nacional. Sólo Santa Cruz, entre áreas naturales, Parques Provinciales y reservas naturales, contiene más de 70.
La ampliación del Parque Nacional Patagonia de 50.000 hectáreas a 500.000 hectáreas constituye un hecho de enorme gravedad para la producción en todo el país. Este modelo que se replica en varias provincias con filántropos extranjeros que compran tierras y las donan para ampliaciones o constituir Parques Nacionales.
Además, no entendemos como el Estado propicia que los recursos naturales pasen a manos de extranjeros para que estos los donen "con condiciones" incumplibles, y encima puedan reclamar pasado un tiempo, la nulidad de la donación, y así quedarse con la totalidad de las tierras.
Lo que se pretende realizar con el Parque Patagonia como así también en el Iberá, en Corrientes es destruir al productor donde hay familias hace cientos de años que han preservado los lugares, y con estos Parques, lo que se hace es borrarlos del mapa.
Sumado a que la donación está en contra de la ley de extranjerización de tierras y además, frente a un país limítrofe, lo cual es sumamente grave. No respeta las tradiciones y avanza sobre los productores que llevan más de 100 años produciendo en la región.
Esta situación requiere de un análisis pormenorizado en cada región y provincia porque estos avances sobre nuestro territorio a costas de nuestros productores que generan arraigo territorial en todo el país están sucediendo a lo largo y ancho de Argentina.
Sumado a que, de concretarse también se vulneraría la ley de Áreas de Fronteras y zona de seguridad, la cual prohíbe la venta de terrenos fronterizos a extranjeros.
Es realmente una preocupación muy profunda la que tenemos en CRA debido a la insistencia en concretar la ampliación del Parque Nacional Patagonia sin estudios nacionales y provinciales fundados que sustenten esa pretensión, salvo la directiva de un filántropo extranjero que desea donar los fondos para comprar las tierras en cuestión.
Aquellos que operen a favor, bajo la fachada de empleados públicos o miembros escabrosos de ONGs, son corruptos o traidores a la patria, pues por llevar delante intereses foráneos, entregan la soberanía sobre el territorio y el agua.
