El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, logró el compromiso de una veintena de provincias de avanzar en un sistema de cofinanciación de la tarifa social del gas, para reducir el impacto del aumento para los sectores de menores recursos.

Ayer, en un encuentro en el quinto piso del Palacio de Hacienda, Aranguren reunió de urgencia a 17 de las 20 provincias que conforman el Consejo Federal Energético. Allí se alcanzó un "principio de acuerdo" para que financiar en partes iguales la Tarifa Social y empezar a reducir la carga impositiva sobre las facturas de gas natural por red.

El encuentro en donde se discutió la conformación de la tarifa fue presidido por el propio Aranguren, y contó con la presencia de su par de Interior, Rogelio Frigerio.

La reunión tuvo como telón de fondo el anuncio de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que había anticipado su decisión poco antes del inicio de la cumbre energética.

"Se avanzó bastante, hay un principio de acuerdo de aportar 50% y 50% entre Nación y las provincias. Aún falta una resolución final porque algunos distritos tenían que consultar con sus gobernadores y analizar el impacto fiscal de la medida", explicó una fuente cercana al ministro Frigerio al término del encuentro.

Con esta medida, significa que los casi dos millones de usuarios de gas natural en todo el país que acceden a este sistema mantendrán los valores de 2017 en el bimestre mayo-junio.

"Nos propusieron compartir el esfuerzo que significa que el bimestre mayo-junio se retrotraiga a niveles del año pasado, a lo cual varias provincias accedimos y otras tienen que hacer su consulta", explicó Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe.

Otro punto que se discutió en el encuentro, y que se llevará a cabo, es que la tarifa social dejará de estar bajo la órbita de Energía y Minería y pasará a la de la AN SeS. "Con este cambio, habrá que llevar adelante un reempadronamiento de parte de los usuarios que necesiten acceder a este beneficio". se explicó.

Las consultas a las autoridades provinciales en su mayoría están relacionadas con el costo fiscal de la medida. El impacto fiscal no es menor teniendo en cuenta que también se discutió el pedido que horas antes había realizado el presidente de la Nación Mauricio Macri de reducir la carga impositiva en las boletas de gas y que, minutos más tarde, anunciaba la gobernadora María Eugenia Vidal.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la reducción impositiva "tiene un costo de $ 3000 millones que ya estaban asignados y que ahora vamos a tener que readecuar", explicó a El Cronista el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, minutos antes de explicar ante sus pares la fórmula que aplicará la provincia.

Mendoza, otra de las provincias que participó del encuentro, ya había adelantando que acompañaría la medida y que hacerlo le significaba al erario provincial un costo de $ 30 millones.

Otro punto que se discutió en el encuentro fue la necesidad de reducir la carga tributaria sobre las boletas
Como anticipó El Cronista, el representante de Córdoba propuso que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ordene a las distribuidoras de gas que dejen de facturar en sus boletas las tasas que cobran los municipios.

Esto ya viene sucediendo en la provincia mediterránea, lo cual está generando un conflicto entre el gobernador Juan Carlos Schiaretti y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. El problema pasa porque quitar las tasas significa desfinanciar a los municipios.

Lo mismo sucede con bajar los impuestos en la provincia, porque parte de la recaudación es coparticipable. "Una parte de la rebaja de impuesto sale por decreto y otra por ley en donde se establece lo que dejan de recibir los municipios como parte del esfuerzo que hace cada uno", explicó Lacunza.

A partir de esto es que muchos de los distritos que participaron del encuentro dejaron la promesa de estudiar cómo podrían llevar a cabo esta baja en los impuestos que aparecen en las facturas, ya que algunos lo podrían hacer por decreto y otros deberían pasar por las legislaturas.

En el encuentro se utilizaron datos de un informe del IARAF en donde se explica que ante una suba del 100% de la tarifa, si se eliminara la totalidad de la carga tributaria indirecta, el incremento se reduciría al 46%.

Pero mientras Macri, Vidal, Frigerio y Aranguren pedían a los ministros provinciales que redujeran la presión sobre los servicios, dejaron en claro que hay tributos que no se tocan. "Pueden tocar cualquier impuesto, pero no el IVA, esto tiene que tener costo cero para el Gobierno", indicaron en el Gobierno.