Al reaparecer en la arena política a raíz de una entrevista radial, el exsenador radical Ernesto Sanz sugirió que Cambiemos es más una coalición parlamentaria que de gobierno. Su afirmación expresa el pensamiento de muchos. Si hubiera ahondado en la reflexión sobre las condiciones objetivas de cohesión interna de fuerzas que cumplen el papel de oficialismo en el orden nacional, Sanz habría advertido, además, la existencia de fisuras de difícil comprensión. La ausencia de afinidad de ideas y sentimientos y la vulnerabilidad en el sentido de misión por cumplir dificultan lo esencial en una coalición.
Puede observarse como ejemplo lo que ocurre en el radicalismo respecto de delicados temas agropecuarios. Ya de por sí, en la provincia de Santa Fe, el más que centenario partido actúa bifurcado entre la corriente mayoritaria, asociada a Pro, y la que acompaña formalmente a los socialistas en el gobierno provincial del Frente Progresista.
La sequía, que ha provocado por su magnitud la pérdida del 1% del producto bruto esperado para este ejercicio de la economía nacional, ha golpeado en Santa Fe con fuerza inaudita. Mientras la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunciaba en Bragado inversiones por 2619 millones de pesos con destino al mejoramiento de caminos rurales y a compensaciones en beneficios impositivos y crediticios por las últimas contingencias climáticas, el diputado provincial por la UCR santafesina y exintendente de Santo Tomé Fabián Oliver presentaba uno de esos proyectos que dejan a cualquier conocedor del campo con la boca abierta.
Si ese proyecto prosperara se establecería un recargo del 100% en el impuesto inmobiliario sobre fundos rurales en los que se utilicen agroquímicos. Es habitual señalar lo elevado de ese impuesto en Buenos Aires, donde por si fuera poco el gobierno lo había aumentado para 2018 en un 50%, aunque redujo ahora la factura total en un porcentaje equivalente para los campos que se declaren en situación de emergencia y en el 100% en aquellos donde se compruebe un estado de desastre, según declaraciones hechas también en Bragado por la gobernadora. Santa Fe, por su parte, no tiene un impuesto inmobiliario precisamente bajo.
¿Acaso representa lo expresado por el diputado Oliver la posición de su partido? No. ¿Es esa, tal vez, la posición del gobierno provincial encabezado por los socialistas? Tampoco. La difusión pública de aquella iniciativa ha colocado a la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, en situación de declarar que, como mensaje a la sociedad, la propuesta de Oliver está equivocada. Con buen criterio, dijo que el proyecto de este legislador cambiaba el eje de lo que en verdad está en discusión, y que es insistir en las "buenas prácticas agrícolas".
La posición de Oliver es la misma de los activistas de la izquierda radicalizada. Los une la voluntad de retrotraer la productividad agropecuaria a los tiempos del arado con bueyes, lejos de los que hoy transitamos con la siembra directa, la rotación de cultivos como sistema y con devolución al suelo de los nutrientes que fortalecen los cultivos. Posiciones de escándalo infundado como aquellas hacen pie en la credulidad de la población; la asustan con alarmismo fantasioso, pidiendo restricciones disparatadas sobre productos fitosanitarios que se utilizan en todo el mundo, e incluso en países menos al margen de la ley que el nuestro.
Un diputado por Santa Fe no puede ignorar que las prácticas sustentables neutralizan lo que de otro modo podría provocar en algunos casos un grado de toxicidad, como con el uso de los automóviles o en cualquier actividad que dependa de materias primas fósiles o de sustancias químicas. Para eso están las reglamentaciones fundadas en el conocimiento científico y en la práctica del sentido común, con sanciones pertinentes para quienes las violenten.
En el mismo momento en que la gobernadora de Buenos Aires anunciaba líneas financieras de emergencia, a tasas verdaderamente excepcionales y con plazos de gracia, en actitud de compromiso con los padecimientos del campo en su provincia, en Santa Fe un diputado provincial por el radicalismo presentaba un proyecto tan absurdo como el de subir al doble los impuestos para quienes usen agroquímicos, en lugar de que se prohíban lisa y llanamente, si fuera cierto que producen daños a pesar de que se ajusten a normas en vigor.
Mal podría funcionar una coalición de gobierno sin unidad de criterios sobre los más elementales temas por administrar. Nada puede funcionar bien, ni en el ámbito privado ni en el público, sin un grado razonable de sensatez. Es lo que el diputado Oliver se ha privado de mostrarnos.
