Porque su recorrido laboral está signado, una y otra vez, por polémicas excepciones.

Así ocurrió en el caso Ciccone . La Justicia investiga su rol porque cuando la imprenta estaba en manos de la familia Ciccone, visitó al juez del concurso y pidió, él en persona, su quiebra. Pero semanas después, tras el ingreso de The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele , volvió sobre sus pasos y apoyó el levantamiento de la quiebra. Un papel que el juez definió como "cuanto menos llamativo".

En el caso Ciccone, la Justicia también investiga otro episodio excepcional protagonizado por Echegaray. Ocurrió cuando "la línea" convalidó un plan especialísimo para la nueva Ciccone, que él aprobó, pero reacomodó cuando salió a la luz con una línea escrita a mano: "Ajústese a la resolución 970". Si de excepciones se trata, sin embargo, el hito mayor de Echegaray en la AFIP ocurrió con Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que acumuló una deuda fiscal de más de $8000 millones sin que saltaran las alarmas en el organismo.

Por el contrario, la AFIP de Echegaray concedió más de 100 planes de facilidades de pago, mientras la petrolera permanecía bajo la órbita de la Agencia N° 11 de Palermo -sujeta a los mismos controles que un quiosco-, en vez de afrontar el rigor del área de Grandes Contribuyentes Nacionales, como todas las demás petroleras.

Ahora, por ese procedimiento de excepción, Echegaray se encuentra procesado y el fiscal Germán Moldes pidió su detención, así como reclamó que López y De Sousa vuelvan a prisión.

Antes y después, Echegaray afrontó todo tipo de turbulencias que el tiempo ayuda a olvidar. Como jefe de la Aduana, por ejemplo, quedó bajo sospecha por su rol en las horas que siguieron al decomiso de una valija con US$790.550 en un vuelo proveniente de Venezuela que se identificó como de presidencia argentina. Es decir, el caso Antonini. Echegaray también sobrevivió a la escandalosa disolución de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), en 2011, en medio de una lluvia de denuncias de corrupción, como capeó también el temporal por el megaoperativo con más de 200 inspectores de la AFIP contra la sede del Grupo Clarín.

Más problemas tuvo, en cambio, con otras dos órdenes excepcionales que protagonizó desde la AFIP. La primera, cuando dispuso el cierre de la regional Bahía Blanca. Según él, por razones gremiales. En realidad, para proteger a Lázaro Báez , mientras sabuesos investigaban las usinas de facturas truchas de esa ciudad que terminaron, por millones de pesos, en los balances de Austral Construcciones.

Tampoco le fue mejor cuando buscó eclipsar las revelaciones sobre "la ruta del dinero K" con un ruidoso anuncio sobre las cuentas del HSBC en Suiza. Pero lanzó acusaciones antes de que "la línea" completara el análisis del material, acusó al entonces diputado y luego ministro Alfonso Prat-Gay y terminó procesado por el juez Claudio Bonadio por presunto falso testimonio y violación de secreto fiscal.

Antes y después, Echegaray acumuló más problemas por utilizar la AFIP como un arma de presión política contra opositores y críticos del gobierno kirchnerista. Desde la inmobiliaria Toselli, que osó criticar medidas oficiales, al economista Roberto Cachanosky, y de los miembros de la comisión directiva del club de rugby Los Cardos, de Tandil, al tenista Juan Martín del Potro.

Socio de Rudy Ulloa en una radio de Río Gallegos, Echegaray llegó a manejar la barra de un comedor en Comodoro Rivadavia para mejorar sus ingresos. Pero ya al frente de la AFIP, le regaló un Audi de US$40.000 a su hija mientras lo rodeaban las sospechas por viajar a Río de Janeiro con un empresario que estuvo preso por piratería del asfalto y sospechado de contrabando.

Férreo defensor de los genocidas de la dictadura mientras militó en Upau en los 80, en la Universidad de Mar del Plata, Echegaray acumuló ahora un nuevo traspié judicial por el presunto contrabando agravado de un auto que el facilitó desde la AFIP con un proceso que es, otra vez, de excepción.

"El beneficio [impositivo] fue concedido por quien carecía de potestades para otorgarlo [por Echegaray] y mediando la opinión en contrario de quien se encontraba investido de esa facultad", indicó el juez de la causa, Diego Amarante, y "fue acordado en favor de quien no podía recibirlo [un diplomático], y fue más amplio del que le hubiere correspondido incluso a aquellas personas o misiones que podían recibirlo".