En abril siempre llueve" dicen, por experiencia y ahora casi como un ruego, los productores agropecuarios de una Pampa Húmeda que en plena sequía puso en duda su adjetivo. Allí llovió 50% menos que el promedio entre noviembre y marzo, con déficits que van desde 100 hasta 300 milímetros.
La crítica escasez de agua en la mayoría de las zonas agrícolas del país viene provocando una fuerte caída en las estimaciones de la cosecha gruesa, que podría reducirse en más de 25 millones de toneladas con respecto a la campaña anterior. En soja el desplome sería de 57,5 a 38 millones (-34%, según el primer informe de abril de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires) y en maíz de 38 a 32 millones (-15,7% según calculó la Bolsa de Cereales de Rosario a mediados de marzo). También hay pérdidas en la actividad ganadera y tambera, más difíciles de cuantificar por sus efectos a mediano plazo. No sólo eso. Si no llueve en tiempo y forma, se verán más afectados los rendimientos y/o contenidos proteicos. Y hasta podría quedar en jaque la siembra de trigo para la próxima campaña por falta de humedad en los suelos.
Como para demostrar que el cambio climático es una realidad, "la seca" fue precedida por las intensas lluvias de 2017 que redujeron inicialmente el área de siembra de granos gruesos. Luego la situación se agravó por el efecto contrario. Un relevamiento realizado por CREA a mediados de marzo en las principales regiones productoras, indicó que en el 92% de las localidades se prevén rindes de soja y maíz temprano inferiores en hasta 50% de lo esperado, ya la condición hídrica de los suelos era deficitaria en el 67% de los casos y regular en el 33% restante. Por defecto o por exceso, entonces, el agua significa un duro golpe para los productores.
Estimaciones preliminares indican que sólo en soja y maíz la sequía provocará una pérdida de ingresos que, como mínimo, oscilaría entre US$3000 y 3500 millones. El resultado final dependerá de las lluvias pero también de los precios internacionales, alterados por el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China y que tienden a subir en el mercado de futuros. Aún es prematuro predecir qué proporción del menor volumen de producción de soja será compensado por las mayores cotizaciones. En el plano local, si bien las retenciones bajaron 1,5% en lo que va de 2018 (a razón de 0,5% mensual) y el tipo de cambio nominal subió casi 15% entre diciembre y febrero, el freno al dólar impuesto desde marzo por el Banco Central agrega otro factor de incertidumbre y de probable retención de granos.
Por lo pronto, la Casa Rosada acaba de admitir que el efecto sequía recortará en 1 punto porcentual el crecimiento previsto del PBI (3,5%), en línea con la mayoría de estimaciones privadas que prevén una expansión menor (2,5/2,6% anual). El Ministerio de Hacienda cree que buena parte de ese retroceso podría ser compensado por el repunte de las exportaciones industriales - especialmente automotrices- a Brasil, si se consolida la recuperación económica del convulsionado país vecino.
Sin embargo, esta reducción de daños macroeconómicos no alcanza a los productores agrícolas con menos "espalda" financiera. En el Ministerio de Agroindustria admiten que la menor producción de granos resentirá la actividad del sector y sus múltiples servicios relacionados. El Estudio Broda agrega números: la agricultura y ganadería caerá 11% y reducirá en 0,9% su aporte al PBI de 2018, mientras que en transporte y almacenamiento la baja será de 2% y su aporte negativo de -0,1%.
A su vez, la última encuesta de expectativas realizada por CREA a mediados de marzo revela que el 40% de las empresas agrícolas piensa que es un mal momento para realizar inversiones y 27% lo contrario. Esta percepción contrasta con 2017, cuando batieron récords las ventas de pickups, maquinarias agrícolas (nacionales y, principalmente importadas) e insumos para el sector. No obstante, el 69% de los empresarios consultados está planificando algún tipo de inversión para 2018 (frente al 81% en los dos años anteriores).
Para atenuar el impacto de la sequía, el presidente Mauricio Macri anunció semanas atrás en Expoagro una batería de medidas financieras y de desburocratización. Entre ellas, la prórroga automática de créditos; nuevos préstamos del Banco Nación con período de gracia; eliminación de trámites y registros fiscales y la unificación de siete declaraciones juradas. "No están solos", expresó. Luego el ministro Luis Etchevehere dispuso la emergencia agropecuaria para Entre Ríos y otro tanto las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero para zonas afectadas, mientras Córdoba prevé hacer lo propio esta semana y aún no hay definición en el ámbito bonaerense.
Etchevehere cita una frase de los hombres de campo, según la cual "no hay dos sequías que se junten". De ahí que mientras evalúa los daños, el Ministerio de Agroindustria avanza con las reuniones de una docena de mesas sectoriales de otras tantas cadenas de producción, convocadas para remover trabas burocráticas, reducir costos y fijar prioridades para obras de infraestructura. En algunas, como las de carnes, lácteos y forestal, participa personalmente Macri. A través de este mecanismo de diálogo surgieron medidas como la habilitación de "bitrenes" y el "tercer eje" en camiones para ampliar la capacidad de transporte de graneles y la reducción de costos laborales en la Hidrovía con la reforma de la ley de cabotaje. También la próxima aplicación del remito electrónico obligatorio para cerrar el circuito de evasión del IVA en el comercio de carnes y la simplificación de garantías (como la "prenda flotante") para créditos ganaderos. Otra novedad es que comenzó a estudiarse la implementación de seguros "paramétricos", con índices basados en información satelital, para cubrir riesgos climáticos focalizados. En cuanto a obras hídricas, se activará este año la construcción del canal San Antonio (entre San Francisco y Marcos Juárez) con una inversión de $600 millones y el sistema de la cuenca del río Salado a un costo de 960 millones de dólares para evitar o prevenir inundaciones.
Al margen de estos fenómenos naturales, por primera vez en casi dos décadas el campo podrá contar en marzo de 2019 con datos actualizados sobre su estructura productiva y de servicios. Entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre próximo, el Indec realizará el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018, que está a cargo del especialista Roberto Bisang (exCepal) y relevará a unas 350.000 explotaciones en todo el país. El operativo involucrará a casi 2800 censistas del Indec y las direcciones provinciales de estadística, más 820 personas como asistentes y encargados del control de gestión.
Bisang explica que el aporte tecnológico -los censistas volcarán los datos en tablets conectadas con el Indec- permitirá contar con los resultados en seis meses en vez del año y medio que demandaba el procesamiento en cada caso de 5 planillas en papel. Y que esta edición incluirá información sobre tres cuestiones claves. Una, de las empresas productoras con multiexplotaciones en distintas provincias, con campos arrendados y sede en Buenos Aires u otros centros urbanos. Otra, la participación de múltiples servicios en red (tecnológicos, equipos, especialistas en distintas disciplinas) como contratistas de la actividad agropecuaria, forestal y piscicultura. Y por último, pero no menos importante, las tareas "tranqueras adentro", que abarcan a feedlots; molienda; aceites y pellets, alimentos para ganado, biocombustibles y generación de energía para uso propio, antes de llegar a la industria.
El último CNA tuvo lugar en 2008, en pleno conflicto con el campo, pero sus resultados no se publicaron oficialmente debido a la falta de respuesta de los censados como protesta, que en algunas grandes provincias llegó hasta 35%. Ahora el clima es otro - no precisamente el meteorológico- y los resultados se ubicarán seguramente a años luz del imaginario populista metropolitano.
