Atemorizado por las investigaciones judiciales, terminó escondiéndose tras las faldas de Cristina Kirchner. Como si ella no tuviera bastante con sus propios infortunios.

Podría suponerse que la última novedad que sobresaltó al camionero fue la declaración de Pablo "Bebote" Álvarez. El barrabrava de Independiente detalló varias maniobras para demostrar que los Moyano utilizaron el club Independiente para lavar dinero.

Las imputaciones del barrabrava, que tiene como patrocinante a un exasesor del secretario de Seguridad, Gerardo Milman, son atractivas por su espectacularidad. A través de ellas se filtra un menjunje pestilente de gremialismo, fútbol y política.

Sin embargo, hubo una noticia que, siendo mucho menos electrizante, inquieta más a los Moyano. Es la resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que designa veedores en OCA y emplaza a esa empresa de correos a saldar su deuda con la AFIP en 30 días. Ese ultimátum equivale a la suspensión de la licencia postal de OCA. Sencillo: Patricio Farcuh no alcanzaría a saldar sus compromisos impositivos en un mes.

La crisis de esta compañía pega en el corazón de los Moyano. El hiperquinético Farcuh es compinche del hiperquinético Pablo Moyano. Y Facundo Moyano es íntimo del hermano de Farcuh, con quien concurrió al cumpleaños de Susana Giménez. Macri no desconoce estas empatías. Su alter ego, Nicolás Caputo, estuvo ligado a negocios de Farcuh.

Estos pormenores son intrascendentes frente al verdadero drama de Moyano: la contabilidad de OCA es un mapa de irregularidades mucho más inconveniente que el relato de Bebote. Allí aparecen cruces injustificables de fondos entre el sindicato, la empresa e Independiente.

El indicio más temprano del desaguisado fueron los fajos de carnets de la obra social de Camioneros que aparecieron durante un allanamiento al club de Avellaneda. Es lo que más inquieta a Liliana Zulet, la esposa del sindicalista, que administró esa mutual con sociedades puestas a su nombre. El día de Moyano es endiablado. Pero las noches son insoportables.

La complicidad del líder camionero con Farcuh es inocultable. Basta mirar la resolución de la Enacom, que consigna que OCA tiene 3900 empleados, cuando hasta hace pocos meses el "dueño" hablaba de 7000. La diferencia se debe a que casi 3000 trabajadores fueron despedidos de OCA y contratados por OCA Postal, una firma creada para eludir los embargos de la AFIP.

Moyano, que suele realizar paros incendiarios para exigir que en transferencias similares se pague la indemnización correspondiente, esta vez guardó silencio. Y eso que OCA adeuda, sobre todo, aportes patronales.

Es lógico que los Moyano y Farcuh estén inquietos. Se miran en el espejo de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que están tras las rejas por maniobras similares con el Grupo Indalo. El conglomerado construido por López y De Sousa bajo el kirchnerismo es comandado ahora por Ignacio Rosner, quien siguió endeudándose con la AFIP, con el riesgo penal que eso representa. Este financista, que atravesó delicados problemas de salud, no llegó a adquirir las acciones de los dos presidiarios. Pero un poder general le dio el timón del grupo, desde donde ahora amenaza con provocar una tormenta laboral, sobre todo en Santa Fe, donde Indalo tiene su destilería. En la Casa Rosada buscan evitar la crisis sin quedar contaminados por los delitos de López, De Sousa y Rosner. ¿Constituirán un fideicomiso? Hay una restricción: Macri no quiere aparecer administrando C5N o Ámbito Financiero. En este contexto, circula un rumor poco saludable: la Justicia podría liberar a López y De Sousa.

Esos antecedentes son una pesadilla para los Moyano, que, además, vieron cómo varios dirigentes sindicales terminaron tras las rejas. El deterioro se agrava por el distanciamiento de los últimos aliados. Juan Carlos Schmid, de Dragados, y el bancario Sergio Palazzo, acaban de bajarse del camión.

Atribulados, papá Hugo y sus hijos buscaron protección en la señora de Kirchner. La reconciliación tiene algunos meses. La gestionó Walter Correa, diputados nacional por el kirchnerismo y secretario del sindicato de curtidores. Correa acercó a Moyano con Máximo Kirchner.

Cerca de la expresidenta, el camionero consigue un mínimo de cobertura política. Y ella suma un socio para su estrategia principal: oponerse al Gobierno a través del conflicto callejero. Ambos apuestan a un deterioro social cada vez más pronunciado.

Con la llegada de Moyano y su acoplado de causas penales, el entorno de Cristina Kirchner tiende a oscurecerse un poco más. En cualquier momento Unidad Ciudadana se convierte en Pabellón Militante. A la expresidenta la tiene sin cuidado. Ella está empecinada en demostrar una persecución de la Justicia Federal, a través de dos procedimientos irregulares.

El uso indiscriminado de la prisión preventiva y el armado de las denominadas "precausas", que permiten intervenir teléfonos con un simulacro de control judicial: el método, ideado para la persecución política, consiste en esbozar una hipótesis de investigación y elegir a un juez amigo para que autorice las escuchas por un tiempo.

Este subterfugio se puso de moda en la era de Antonio Stiuso, el tenebroso espía que fascinó a Néstor Kirchner. La novedad del último año, inaugurada por el juez Ariel Lijo, es que las grabaciones se entregan a la prensa.

Cristina Kirchner pretende desmontar este mecanismo responsabilizando a cuatro magistrados: Lijo, María Servini de Cubría, el camarista Martín Irurzun y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Son los encargados de velar por la corrección de la Dirección de Captaciones Telefónicas del Poder Judicial, controlada por Juan Tomás Rodríguez Ponte, un aspirante a juez federal que fue secretario de Lijo.

Desde la Cámara de Diputados, el kirchnerismo se propone investigar cuántas precausas se abrieron desde que las escuchas son monitoreadas por la Corte. Oscar Parrilli reveló que ponen la lupa en Servini y en Lijo. A la primera la identifican como empleadora de una hija de Stiuso. A Lijo, como empleador de un hijo de Alberto Mazzino, mano derecha de Stiuso. ¿Hay una forma más confiable de garantizar la lealtad con los papás?

Los legisladores de Cristina Kirchner pedirán un informe sobre la identidad y la cantidad de personal contratado por la dirección de escuchas en los últimos dos años. Y lo que parece increíble: también analizan sumarse al pedido de juicio político presentado por Elisa Carrió contra Lorenzetti.

La expresidenta no cree que el principal impulsor de causas en su contra sea Cambiemos. Sospecha más del exkirchnerismo del Senado, que supone ligado a Lorenzetti. Comodoro Py sería, para esta tesis, un árbitro en la interna del PJ.

Estos movimientos abren una incógnita: ¿qué hará Mauricio? Tal vez deje progresar estas jugadas. En los últimos días aparece un malestar contra Lorenzetti en la Casa Rosada.

Le atribuyen alentar un fallo previsional, que todavía está en gestación, pernicioso para la estabilidad fiscal. La explicación del Gobierno para esa supuesta hostilidad repone una vieja fantasía: Lorenzetti pretendería pasar a la política como candidato a presidente. Si fuera cierto, ya consiguió una legión de rivales. Es lo principal para esa lucha.