Y el gobierno de Mauricio Macri no le da argumentos para una confrontación de poderes al estilo de las grandes batallas que libró Cristina Kirchner con jueces y fiscales. La Justicia quedó, así, reducida a sus propias limitaciones y a vivir las consecuencias de sus propios errores. Las causas de la impopularidad de la Justicia son fundamentalmente dos. Una: la insoportable tardanza de los tribunales federales de Comodoro Py para resolver importantes causas de corrupción de funcionarios nacionales. La otra: la manía de las excarcelaciones de presos con antecedentes de homicidios, violaciones y robos agravados que terminan por reincidir no bien ponen los pies en la calle.
Hay excepciones, por supuesto, entre los jueces federales y también entre los jueces que deciden sobre excarcelaciones. Pero lo cierto es que la insistencia en esos errores en gran parte de los magistrados llevó la mancha de la impopularidad hasta la propia Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal logró diferenciarse del resto de los jueces en la época cristinista. La mala imagen serpenteaba en instancias inferiores, pero no en la Corte Suprema. Eran momentos en que esta se enfrentaba a Cristina en casi todas sus decisiones polémicas y arbitrarias (salvo con la ley de medios, que tuvo el apoyo de una mayoría de jueces de la Corte). La batalla más decisiva se dio por el proyecto de reforma judicial que perseguía la colonización por parte del cristinismo de otro poder del Estado. Esos tiempos pasaron. Macri solo critica a los jueces en algunos discursos públicos, aunque tampoco está bien que el Presidente se convierta en un crítico constante de un poder independiente.
La mayoría de las reformas anunciadas ayer por Lorenzetti deberán pasar necesariamente por el Congreso. Solo algunos casos de administración interna, como el horario de atención al público, serán de competencia de la Corte. Los cambios sustanciales, que todos los jueces del país analizan en estas horas en una especie de seminario, necesitan de cambios en el Código Procesal Penal y en el Código Penal. Tales modificaciones requieren la aprobación del Congreso y la firma del Presidente. Uno de los cambios más importantes es el que limita las apelaciones. En la Justicia Federal Penal hay cuatro instancias de apelaciones (juez de primera instancia, Cámara Federal, Cámara de Casación Penal y, en algunos casos, la Corte Suprema) que pueden extenderse indefinidamente porque cada decisión vuelve a apelarse y debe atravesar otra vez el mismo trámite. Un caso curioso es el que refiere a la reiteración de las apelaciones por personas imputadas en un mismo expediente que apelan la misma medida en momentos sucesivos. Es una estrategia dilatoria que, por lo general, obtiene buenos resultados. Los procesos no terminan nunca. De esas rendijas de la legislación se prenden también los malos jueces para no cerrar nunca los expedientes.
Una carencia que señaló ayer Lorenzetti es, en efecto, muy llamativa. El Congreso aprobó en 2016 una ampliación de la figura del arrepentido para los casos de corrupción. Estableció tantas condiciones y tan pocos beneficios que es preferible para un corrupto ser condenado que arrepentirse. El presidente de la Corte pidió que se regule la figura del arrepentido. Desde el escándalo Tangentopolis, o mani pulite, en Italia en los años 90 hasta el Lava Jato en el Brasil de los tiempos actuales, ninguno hubiera sido posible sin la figura del arrepentido. En ambos casos se demostró una red de corrupción política y empresaria tan grande que decapitó a toda una generación de dirigentes políticos y de líderes empresarios. Los legisladores argentinos prefirieron, en cambio, suponer que un arrepentido podría servir más para una conspiración política que para encontrar la verdad. La ley del arrepentido está hecha para desbaratar una conjura y no para resolver un caso de corrupción.
Lo que Lorenzetti no podía decir si no quería quedarse sin público es que también los fiscales deben tener más poder. La audiencia de ayer del presidente de la Corte estaba formada mayoritariamente por jueces. Los jueces, sobre todo los federales, detestan la sola posibilidad de cederles poder a los fiscales. Sin embargo, en los casos mencionados de Italia y Brasil, el papel fundamental de las investigaciones lo tuvieron los fiscales. El caso más cercano es el de Brasil, donde el juez Sergio Moro debió decidir sobre una extensa y precisa investigación que habían hecho los fiscales. El propio juez Moro fue eximido de continuar con otras causas mientras tuviera en sus manos el expediente de Lava Jato. Aquí, los jueces federales deben investigar monumentales casos de corrupción, varios al mismo tiempo a veces, mientras persiguen a un dealer de barrio por una denuncia de venta de drogas. Eso también debería modificarse, porque el juez termina haciendo mal algunas de las muchas cosas que hace.
Lo que muchos jueces hacen mal sin que nadie los obligue es el cajoneo de causas. Hace poco, una investigación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de las ONG Será Justicia y Usina de Justicia reveló parte del escándalo que significa que una causa esté demorada durante años o décadas. El caso más iridiscente de los últimos tiempos fue la causa contra el expresidente Carlos Menem por el contrabando de armas a Ecuador. La primera denuncia, hecha por el abogado Ricardo Monner Sans, es de abril de 1995. Casi 22 años después, no existe un fallo definitivo sobre la culpabilidad o la inocencia de Menem. Ya pasó por un juicio oral y público y hasta por la Corte Suprema de Justicia; ahora espera una resolución final de la Cámara de Casación Penal. También es necesaria una reforma que restrinja el poder de los jueces sobre los tiempos judiciales.
La puerta giratoria para los presos comunes es una cuestión de leyes, pero también de la interpretación que los jueces hacen de esas leyes. Con la misma legislación, hay jueces que rechazan muchos pedidos de excarcelaciones y hay otros que se apuran en concederlos. Los diarios dan cuenta todos los días de criminales o violadores que cometen un nuevo crimen estando en libertad condicional, cuando aún no terminaron de cumplir la última condena. Una escuela penal que tiene en Raúl Eugenio Zaffaroni su mayor ideólogo sembró la Justicia de jueces y fiscales directamente abolicionistas del Código Penal. El equilibrio entre la mano dura y las garantías de seguridad que necesita la sociedad, pedido ayer por Lorenzetti, no solo necesita de un cambio de leyes, sino también de personas.
La autocrítica del presidente de la Corte llega cuando las mediciones de opinión pública marcan números desastrosos para la Justicia. Las reformas que reclamó habrían evitado, quizás, este momento si se hubieran implementado antes. Los jueces no deben decidir de acuerdo con las encuestas, pero tampoco deben ignorar el reclamo social que los interpela.
