Los grupos comercializadores de productos agrícolas como Cargill, Bunge y Archer Daniels Midland llegaron a simbolizar la agricultura empresaria en Estados Unidos, con su alcance nacional e ingresos por miles de millones. Pero una frase desapercibida de la reciente reforma impositiva obliga a esos titanes corporativos a considerar una incursión en algo más asociado con la Norteamérica pueblerina: las cooperativas.

Bunge, una comercializadora de granos y oleaginosas con valor bursátil superior a u$s 10.000 millones, dijo a Financial Times que está analizando formar su propia cooperativa, porque la reforma tributaria aprobada en diciembre creó un poderoso desincentivo para que los granjeros le vendan a las compañías y, en cambio, favorece las ventas a las cooperativas, cuya propiedad pertenece a sus miembros.

Las firmas más chicas, desde una firma procesadora de nueces de California hasta una refinería de etanol en Nebraska, están estudiando la posibilidad de formar o asociarse con cooperativas para mantener sus relaciones con los productores agropecuarios.

La situación muestra cómo unas frases relativamente oscuras del nuevo régimen impositivo tienen consecuencias grandes, inmediatas y a veces sorprendentes para las empresas estadounidenses. Orrin Hatch, presidente del comité de Finanzas del Senado, reconoció el miércoles que la ley está "teniendo efectos no deseados en los mercados agrícolas", y prometió encontrar una solución.

La cláusula de la ley fiscal, conocida como Section 199A, permite a los productores agropecuarios que venden cultivos a cooperativas deducir del impuesto federal el 20% de sus ingresos. Quienes venden a otras empresas pueden deducir 20% de su ganancia neta, que es una suma inferior. En algunos casos, la nueva deducción podría "reducir a cero el impuesto a las ganancias que paga un productor", según un análisis de Scott Greenberg del think tank Tax Foundation.

Si bien los líderes parlamentarios prometieron reparar la disparidad, las empresas estadounidenses estudian estrategias de supervivencia para el caso de que se demore la solución legislativa.

Entre quienes consideran cambios estructurales está Bunge, que compra cosechas a agricultores en sus depósitos de granos y plantas procesadoras de oleaginosas.

"Tenemos un Plan A, uno B, quizás hasta uno C a los que podemos recurrir en el caso de que el Congreso no haga lo que debería, pero creemos que lo hará", dijo Soren Schroder, CEO, en una reciente entrevista. Las opciones incluyen "crear cooperativas o asociaciones con cooperativas", si bien "sería tonto si tuviéramos que recurrir a eso", dijo.

Cargill aseguró que sería esperanzador que el comité de Finanzas del Senado actúe para modificar la ley. "Tal como está, la cláusula crea una proliferación de cooperativas agrícolas. Cargill seguirá planificando maneras de seguir siendo competitivos en el mercado estadounidense bajo el 199A".

Juan Luciano, CEO de ADM, contó a los analistas la semana pasada que a su equipo lo tranquilizaron diciendo que en el "futuro inmediato" habrá una solución.

Pero los agricultores ya trasladaron sus contratos de ventas hacia las cooperativas mientras hacen planes de comercialización para sus cosechas de 2018, según un ejecutivo de asuntos gubernamentales de una compañía de granos norteamericana.

En las áreas cultivables del centro de Estados Unidos, las cooperativas (cuya propiedad pertenece a sus propios miembros) a veces son bastante grandes, como CHS con sede en Minnesota que tuvo ingresos por u$s 32.000 millones el año pasado, y compiten con Bunge, ADM, Cargill y otras por el maíz, el trigo y la soja de los agricultores.

Otras compañías también están buscando alternativas. Si la ley se mantuviera, "el productor nunca más hará negocios con una compañía privada. Si tenemos que convertirnos en una cooperativa, lo haremos", dijo Dale Beyer, director financiero de Minn-Kota Ag Products, una comercializadora familiar de granos, semillas y fertilizantes de Dakota del Norte.

En California, las procesadoras chicas de almendras están en proceso de convertirse en cooperativas para competir con las grandes procesadoras que conforman cooperativas como Blue Diamond Growers, contó Jeff Tatsumura, director de la consultora y estudio contable K-Coe Isom. "Si un agricultor entrega a una entidad no cooperativa, está en desventaja en unos 13 o 14 centavos por libra, lo cual es mucho", dijo.

Green Plains, un productor de etanol de maíz que cotiza en Nueva York, comunicó a los analistas la semana pasada que ya formó una cooperativa en el estado de Kansas para conseguir los granos de los productores en términos más competitivos.

Greenberg, de Tax Foundation, explicó que la nueva deducción para las cooperativas se extiende también a las empresas no agrícolas. "Lo que es más preocupante es que podría crear un nuevo error en el régimen tributario estadounidense, lo que permitirá que una serie de familias y empresas eviten pagar impuestos mediante el uso de cooperativas".