El Gobierno se siente cómodo con la nueva meta de inflación del 15 por ciento fijada para este año y cree que los grandes sindicatos no negociarán acuerdos paritarios muy por encima de esa cifra.

Los funcionarios del equipo económico entienden que la meta anterior, del 10%, no era creíble ni para los sindicatos ni para los empresarios, por lo que no resultaba una referencia útil para las negociaciones salariales.

Ahora sostienen que este nuevo objetivo del 15% está más cerca de la realidad, aunque las consultoras privadas entienden que la suba de los precios estará más cerca del 18-20% anual.

Pero si, como pretende el Gobierno, el Banco Central empieza desde hoy a bajar las tasas de interés -aunque en el propio equipo económico admiten que el margen para hacerlo es reducido, dada la inflación esperada-, ese movimiento se traducirá en una mayor devaluación.

Esa devaluación es deseada por las autoridades económicas porque es clave para que las exportaciones y las inversiones crezcan, pero, a la vez, contiene un riesgo de traslado a los precios.

Para asegurarse de que los gremios no pidan un aumento superior al 16% (es decir que el Gobierno estima que habrá este año una recuperación real del 1% en el salario), la tarea más importante del equipo económico es que no haya un traspaso de la devaluación a los precios minoristas.

La tarea no parece sencilla, pero el Gobierno cree que, luego del fuerte salto inflacionario de fines de 2015, cuando levantó el cepo cambiario, la devaluación posterior no hizo subir demasiado la inflación.

En este juego de expectativas los próximos datos serán muy importantes: ya se sabe que la inflación de diciembre -que se conocerá pasado mañana- se ubicó en torno del 3% (de los cuales 1,7 puntos los aportó la suba de las tarifas) y prenden las velas para que la de enero, sin aumentos tarifarios, se ubique por debajo del 2%.

A la vez, el Gobierno, algo alarmado por los últimos datos del nivel de actividad, quiere preservar también el nivel de crecimiento económico. Es decir, bajar la inflación (del 24% de 2017 al 15-17% de 2018) y mantener, por segundo año consecutivo, el rebote del PBI en torno del 3,5%.

Si lo logra, habrá roto la maldición de los últimos años que indicaba que año de por medio la Argentina entraba en recesión. A la vez, si el país puede crecer y bajar la inflación al mismo tiempo, el logro será importante.

Claro que la Argentina sigue estando en el triste club de los países con más inflación de todo el mundo y no podrá abandonarlo rápidamente.

Pero la apuesta oficial de mediano plazo es que el déficit fiscal vaya bajando -con metas del 4% del PBI en 2017, 3,2% en 2018 y 2,2% en 2019- para moderar el nivel de emisión monetaria y, así, lograr una inflación de un dígito en un eventual segundo mandato de Macri.

La apuesta es muy ambiciosa, dado que la Argentina convive con una inflación alta desde 1945, entre otros motivos, porque los gobiernos civiles y militares siempre creyeron que es mejor tolerar cierta inflación que la recesión. Desde entonces, la moneda nacional perdió 13 ceros. Y la sociedad, buena parte de sus ahorros.