Además de ofrecerles sus ventajas competitivas, los seducen con rebajas impositivas para que se radiquen en sus territorios y generen trabajo y actividad económica. En la Argentina, acostumbrada a vivir a los saltos, es difícil encontrar un momento de su historia en el que las provincias se hayan embarcado en un proceso similar. Generalmente han debido recurrir a la pelea con el gobierno nacional por el reparto de recursos para cerrar sus déficit fiscales. Sin embargo, pese a los sobresaltos, las decisiones que tomen los gobiernos provinciales o locales son cruciales en el momento de decidir una inversión. Si toman una medida equivocada pueden ahuyentar a quienes quieran radicar un proyecto productivo o desalentar a quien ya está radicado y tiene la intención de invertir pero, por sus características, no puede mudarse a otro lugar que le ofrezca mejores condiciones.

Esto se puede observar en el caso de la agroindustria, según un relevamiento de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, entre diciembre de 2015 y la actualidad hubo anuncios de inversión en el sector por 2723 millones de dólares. El relevamiento, que toma los datos de las informaciones públicas hechas por las propias empresas, señala que el ránking por origen provincial lo encabeza Corrientes, con 860 millones de dólares, y lo siguen Santa Fe, con US$ 696 millones, y Buenos Aires, con US$ 634 millones.

Esas inversiones abarcan rubros como la industria frigorífica, maquinaria agrícola, semillas, molinos y energías renovables, entre otros. Directa o indirectamente se relacionan con quienes originan la producción: agricultores o ganaderos. Por eso, no deberían verse en forma aislada las decisiones que toman los gobiernos provinciales o locales cuando aumentan el impuesto inmobiliario o establecen normas a contramano de toda lógica. Eso se advierte en la provincia de Buenos Aires.

Al incremento del 50% en el inmobiliario rural para 2018 se suma un revalúo de oficio establecido por ARBA para 17.000 contribuyentes en la cuota del tributo en noviembre con aumentos de entre 35 y 120%, según informó Carbap y publicó LA NACION. Esos incrementos se realizaron mediante la declaración del formulario 911 sobre aptitud productiva.

La sensación de que el agro otra vez está pagando más de lo que le corresponde fue expresada esta semana por la Mesa Agropecuaria Provincial, que señaló que "las bajas de Ingresos Brutos y Sellos no llegan a morigerar el alto impacto del Inmobiliario Rural".

En un comunicado, tras reunirse el martes pasado, Carbap, la Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria, dijeron que "otra vez el campo es tomado como una fuente inagotable de financiación fiscal, estimando de manera equivocada su verdadero poder de contribución impositiva, siendo que paga más impuestos que otros sectores de la economía". Los dirigentes comenzaron a golpear las puertas de los despachos de La Plata para intentar una reducción del impacto impositivo. Para no cortar puentes aclararon que "la Mesa Agropecuaria apoya la gestión del gobierno en muchos aspectos, especialmente en la lucha contra la pobreza y las mafias, y la obra pública, pero no por ello dejará de buscar la equidad fiscal en el marco de una mayor producción".

Otro caso de decisión que va en la dirección de ahuyentar inversiones lo dio Rosario, cuyo consejo deliberante prohibió el uso del glifosato. La disposición, que toma como base la cuestionada calificación de la Iarc al herbicida como "probable cancerígeno" abarca al radio urbano. Sin que el principal organismo del país en materia de sanidad vegetal y animal, el Senasa, le haya elevado la categoría de riesgo al herbicida, ya que está incluido entre los productos de "banda verde", Rosario se embarca en una iniciativa sin sustento científico y técnico. "Es un disparate, algo que no tiene pies ni cabeza", dijo el presidente de Aapresid, Pedro Vigneau, según publicó LA NACION anteayer.

Más racional es la decisión del gobierno de Entre Ríos que anunció esta semana el gobernador Gustavo Bordet en la mesa foresto-industrial de derogar la ley de la madera que le impide a la provincia exportar cortes. Esa norma fue uno de los motivos del freno que tiene la forestación en el país.

La dimensión provincial y local tiene mucho para jugar en el destino de la producción. Los países competitivos lo saben y no la descuidan.