El jueves a la noche en Código político, el diputado Mario Negri pronunció como al pasar una frase que bien podría sintetizar el espíritu con que el Gobierno encaró los acuerdos de los últimos días: "Mejor juntos que rápido". La concisa expresión traza un rumbo e indica cuáles son los supuestos estratégicos del oficialismo: alcanzar un pacto con la oposición en el marco de una reforma gradual, que tiene el objetivo de reacondicionar la economía para tornarla más eficiente y competitiva. Acordar es un modo de hacer factibles y legítimas las reformas. Podría conjeturarse que mediante este consenso el peronismo histórico acaso empiece a incorporar un dato fáctico, que siempre le costó asumir: en el país rige el sistema capitalista, cuyas normas macroeconómicas son determinantes para interactuar con el mundo. Es comprensible la resistencia. Acatar las reglas de juego implica aceptar una paradoja dolorosa para los movimientos populares, planteada por la sociología crítica: la democracia, más allá de su relato, tiende a legitimar la distribución desigual.

Se habló mucho a partir del cambio de gobierno de la necesidad de un amplio acuerdo de gobernabilidad. La idea provenía de la distribución del poder que arrojaron los resultados de 2015: casi un empate, con una nueva administración no peronista en minoría legislativa. Frente a esto, los admiradores de la transición española blandieron los pactos de la Moncloa como modelo a imitar. Otros rechazaron la idea por considerarla ajena a las condiciones del país e inconducente, tal vez por su carácter ampuloso e idealizado. Sin embargo, la Argentina finalmente está alumbrando una serie de acuerdos que recogen, si no el espíritu de la Moncloa, sí los contenidos característicos de muchos pactos democráticos, actuales y pretéritos: la discusión es sobre reparto de dinero, cargas impositivas, regímenes laborales y relaciones federales. El menú posee a la vez un ingrediente político típico: se pacta para dejar atrás una etapa, considerada nefasta por los acuerdistas, e iniciar un ciclo nuevo, reparador de los males del régimen anterior. Puede ocurrir después de una dictadura; en este caso sucede al cabo de un populismo descarriado.

Si bien los acuerdos suscriptos versan sobre temas económicos, su verdadera sustancia es política. Consiste en transacciones para alcanzar un equilibrio de fuerzas entre los cuatro actores institucionales que sobreviven al kirchnerismo: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, el sindicalismo y, en un plano velado aunque relevante, la Iglesia Católica, influyente en el campo social desde que un argentino es el obispo de Roma. Si Francisco no bendice el éxito se opaca. Sin embargo, más allá de lo que falte tejer y convalidar, con gestos o acciones, en estos acuerdos prevalece la política sobre la economía. La política, en efecto, aporta una paradójica certidumbre: todos los participantes, sea por afán de poder, necesidad monetaria, reconversión partidaria o búsqueda de amnistía, están dispuestos a ceder y pactar. Esa certera convergencia de intereses, aunque inestable y provisoria, contrasta con una incertidumbre de fondo: la viabilidad económica del país, visto el extraordinario desajuste de sus variables en los últimos años.

Si se descartan las diferencias de énfasis entre ortodoxos y moderados, el diagnóstico de los economistas es similar: la Argentina enfrenta un enorme déficit fiscal, disparado por el aumento frenético del gasto público en la década pasada. El gasto nutre la inflación, pero es inflexible porque en gran parte está destinado a pagar sueldos, jubilaciones y planes sociales en un país donde uno de cada tres habitantes es pobre. Sostener este sistema, que insume alrededor del 40% del PBI, ahoga la economía privada. Aun así, los impuestos no alcanzan y debe recurrirse a ingente endeudamiento. La lluvia de dólares obtenidos mantiene sobrevaluado el peso, lo que torna poco competitivas las exportaciones. Déficit fiscal y comercial, endeudamiento, inflación, presión impositiva, falta de competitividad, pobreza: un combo insostenible que los acuerdos buscan revertir con herramientas que están en debate.

Se ha sostenido que en la Argentina los desencuentros políticos condicionan la economía. Si los flamantes pactos prosperaran se demostraría que esa causalidad puede revertirse. El "mejor juntos que rápido" de Mario Negri significa un ordenamiento realista de la política que pretende resolver paulatinamente los problemas económicos. Por ahora, sin embargo, parece más factible acordar con la oposición y los sindicatos que ofrecer incentivos al capital, que aborrece la lentitud. Por eso, se abre un interrogante: si el consenso político puede convertirse en consenso económico, compatibilizando el ritmo de las reformas con las exigencias del capital y las expectativas de bienestar de la sociedad. Ese es el complejo desafío que enfrenta Cambiemos y su suerte dependerá de cómo lo resuelva.