Estas preguntas se hacen con creciente intensidad entre políticos y funcionarios judiciales después de la detención de Amado Boudou. La primera aseveración que se escuchó, casi unánimemente, es que Boudou debió estar preso hace mucho tiempo, pero por el caso Ciccone, que es la causa que está ahora sometida a un juicio oral y público. Boudou fue detenido en la madrugada del viernes pasado por orden del juez Ariel Lijo por los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Boudou fue un personaje ostentoso de riqueza y de poder en el auge del
kirchnerismo. Sin experiencia política y con escasa sensibilidad moral, actuó
siempre como si no hubiera tenido conciencia de que el poder es un bien
restringido en el tiempo. Se termina en algún momento. Su mayor demostración de
poder fue precisamente cuando se iniciaron las investigaciones por la sospechosa
compraventa de la imprenta Ciccone, el fabricante argentino más importante de
dinero. En una breve conferencia de prensa, ya como vicepresidente de la Nación,
echó de su cargo al entonces jefe de los fiscales, Esteban Righi, un jurista con
prestigio en los tribunales que había conquistado el respeto de gran parte de la
dirigencia política. Y también apartó al juez que tenía a cargo la causa, Daniel
Rafecas, a quien acusó de haber mantenido una correspondencia indebida con su
propio abogado. Del mismo modo, quedó fuera de la causa el fiscal que hasta
entonces había investigado el caso Ciccone, Carlos Rívolo, quien fue, en
realidad, el que puso a Boudou contra las cuerdas. Terminó con tres figuras
prominentes de los tribunales federales con un breve monólogo ante los
periodistas, a quienes no les respondió ninguna pregunta. Hasta ese extremo
llegó el poder de quien fue una creación política personal de Cristina Kirchner.
Su detención provocó, por lo tanto, la algarabía del antikirchnerismo. Dejemos a
un lado la subjetividad política. El primer punto polémico es que el juez Lijo
se respaldó en una resolución de la Sala II de la Cámara Federal, por la que
esta ordenó la detención de Julio De Vido. La resolución de los jueces Martín
Irurzun y Leopoldo Bruglia estipula que la prisión preventiva es posible cuando
funcionarios que han tenido mucho poder conservan parte de él y están en
condiciones de obstruir la pesquisa judicial. No obstante, la llamada
"jurisprudencia Irurzun" (porque fue Irurzun quien escribió la resolución) no
puede ser usada para cualquier caso. De hecho, esa resolución establece que
deben existir "datos reales, concretos y objetivos" para probar que "pueden ser
utilizados para entorpecer la investigación". Y que "hará falta una conducta
efectiva de obstrucción de la Justicia" para aplicar la prisión preventiva.
El caso De Vido no es lo mismo que el caso Boudou. De Vido era diputado y
presidente de la Comisión de Energía de la Cámara. Conservaba retazos del viejo
poder. El fiscal del caso que llevó al ex superministro de los Kirchner a la
cárcel, Carlos Stornelli, no sólo había probado el despilfarro de 26.000
millones de pesos en la mina Río Turbio, sino también la destrucción de pruebas
que contó con el consentimiento de De Vido. La Cámara Federal dio por probada la
destrucción de pruebas. De Vido fue desaforado y detenido después de dos pedidos
del fiscal Stornelli, de dos pronunciamientos del juez federal Luis Rodríguez y
de dos resoluciones de la Cámara Federal. La propia Cámara de Diputados entendió
que estaba ante una sólida resolución de la Justicia cuando desaforó a De Vido
con la solitaria ausencia del kirchnerismo.
Al revés, Boudou no está ahora en ningún lugar del Estado, y aunque los cargos
que tuvo son relumbrantes (ministro de Economía y vicepresidente de la Nación),
lo cierto es que el peronismo y el kirchnerismo le soltaron la mano hace ya
mucho tiempo. Su influencia es nula. Peor: ni siquiera puede caminar por la
calle. En su resolución, el juez hace mención de cuatro causas: enriquecimiento
ilícito; el caso Ciccone; un acuerdo con el gobierno de Formosa para que una
empresa del entonces ministro lo asesorara para renegociar la deuda con el
gobierno federal (es decir, con Boudou), y la compra de autos de alta gama sin
licitación para la cartera de Hacienda. Nada nuevo. Son viejas causas, demasiado
viejas, que Lijo agrupa para establecer el delito de asociación ilícita. La
pregunta que cabe hacerse es por qué, si todo lo que está en la resolución de
Lijo ya estaba, no lo detuvo antes. ¿Por qué, en todo caso, no pidió su
desafuero cuando era vicepresidente de la Nación, que era cuando realmente podía
entorpecer la investigación?
Uno de los argumentos de Lijo es que el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial demoró dos años la evaluación del patrimonio de Boudou para establecer que su fortuna es inexplicable. Si realmente fue así, es hora de poner en duda la eficacia de esos peritos. No se trataba de los entramados societarios de una enorme multinacional. El análisis era muy simple. Debía determinar qué propiedades tenía Boudou cuando llegó al poder (ninguna) y qué empresas poseía dentro y fuera del país mientras era funcionario (varias). Otro argumento muy común en los tribunales federales es que los organismos estatales no respondían los requerimientos de los jueces durante el kirchnerismo. Es más que probable. Cristina Kirchner no obedecía ni a la Corte Suprema. Pero ¿qué hicieron entonces los jueces para denunciar, investigar y condenar ese estado de rebeldía del gobierno ante la Justicia? ¿O acaso las órdenes de los jueces son de obediencia optativa en la Argentina?
El caso de Boudou se manchó más aún por el agregado de otros dos condimentos. El propio juez Lijo acababa de ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el supuesto cajoneo de viejas causas. Lo denunciaron el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y las ONG Será Justicia y Usina de Justicia. Un hermano del magistrado, Alfredo Lijo, deberá declarar en los próximos días ante el tribunal que juzga al juez Eduardo Freiler por enriquecimiento ilícito. Alfredo Lijo sería socio de Freiler.
El otro elemento fue la filtración de una filmación que registró el momento de la detención de Boudou. Funcionarios del Ministerio de Seguridad señalaron que esa cartera fue responsable sólo de las fotos en el exterior del edificio donde vive Boudou. Pero otros funcionarios del área se asombraron por el escándalo que provocó la filtración. También hubo filmaciones, dijeron, de las detenciones del gremialista Pata Medina o del zar de La Salada Jorge Castillo y nadie se escandalizó. Patricia Bullrich prefirió mantener un silencio absoluto. En la oficina del juez señalaron que no tienen ni idea de quién filtró esas imágenes. Varios funcionarios judiciales coincidieron en que el responsable final, por acción o por omisión, es el juez, porque el operativo fue ordenado por él.
Sea como fuere, esas cosas son perjudiciales para llegar a la verdad sobre la enorme corrupción de los últimos años. Les permite victimizarse a quienes no son ni fueron víctimas y meten en la misma bolsa a todos: a los que están detenidos según todos los recaudos del derecho y a los que no lo están de esa manera. La humillación de un personaje público, por más antipático que sea, no está incluida ni justificada en el Estado de Derecho, que debe velar siempre por conservar la indispensable frontera, a veces confusa y difusa, entre la justicia y la venganza.
