En el gobierno nacional, las posiciones están dividas: hay quienes festejan la sorpresiva detención del ex videpresidente, Amado Boudou, y hay quienes lamentan la manera en que se decidió y el hecho de que se lo mostrara en público descalzo, en piyama, despeinado, mientras le leían sus derechos. Entre los segundos, hay muchos hombres del Presidente que se ocupan, precisamente, de tomarle el pulso a la justicia federal, y a algunos magistrados en particular. Ellos piensan que Ariel Lijo ordenó su detención en respuesta a la denuncia del Colegio de Abogados, cuyos miembros presentaron al magistrado como uno de los que más se demoraba en procesar y condenar a los responsables de cometer delitos. Si de verdad fue esa la motivación de Lijo, su reacción fue casi inmediata. Entre un hecho y otro no pasaron más de 72 horas.
De cualquier manera, los que conocen el expediente, explican que el juez ya venía trabajando en el enriquecimiento de Boudou con mucho celo. También afirman que Lijo se terminó cansando de las supuestas dilaciones del fiscal Jorge Di Lello, quien se demoró demasiado en la investigación de ese expediente como en elevar a juicio oral la causa Ciccone. La verdad es que, desde el punto de vista eminentemente técnico, el juez no hizo más que aceptar la instrucción del camarista Martín Irurzún, quien recomendó a los jueces federales de primera instancia que amplíen su criterio para dictar la prisión preventiva. Irurzún, uno de los magistrados más prestigiosos del fuero, fue más específico aún: les pidió que, ante la más mínima sospecha de que cualquier imputado o procesado tuviera la intención de entorpecer la investigación, los metiera preso, para llegar a la verdad de los hechos. El desafuero del ex superministro Julio De Vido y su posterior encarcelamiento fue precisamente por eso. Un ex alto funcionario del Yacimiento Río Turbio se presentó ante la Justicia y reveló que De Vido y su segundo le habían ordenado quemar unos papeles comprometedores. El ex alto funcionario no solo no lo hizo, sino que los guardó y los presentó al fiscal Carlos Stornelli y el juez Sergio Torres. Germán Moldes, el fiscal de Cámara, denunció el suceso de inmediato. E Irurzún se valió de esa denuncia para ordenarla a Torres que dispusiera su arresto. Lijo se lo intentó explicar a Boudou el viernes, cuando lo tuvo enfrente. Pero él no quiso escuchar. Solo se quejó de lo que consideró un circo mediático. Sin embargo, la decisión de grabar un video mientras le leían su derecho y entregarlo a periodistas de canales de televisión, no fue del juez. Lijo le explicó a un periodista mientras los efectivos de Prefectura esperaban que Boudou se terminara de cambiar y saliera de su departamento de Puerto Madero, que no le corresponde a él determinar de qué manera y con qué procedimiento lo tienen que detener. El juez le aclaró que esa es una decisión del Ministerio de Seguridad. Es decir: el de Patricia Bullrich. Sin embargo, Bullrich no haría nada sin el permiso ni la autorización del Presidente.
¿Fue en verdad una decisión de Mauricio Macri que la imagen del ex vicepresidente en piyama, descalzo, un tanto dormido y escuchando al oficial de justicia, se viralizara y recorriera los principales diarios y portales del mundo? Fuentes muy cercanas al jefe de Estado afirmaron que nunca fue intención del Presidente humillar a ningún ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Sin embargo, pidieron a los periodistas que pusieran el acento en los delitos que cometió Boudou, más allá del impacto en los medios. ¿Se trata acaso, de la última imagen de la galería que completan, entre otros, De Vido, José López, Ricardo Jaime, Lázaro Báez y el contador de la ex presidenta Víctor Manzanares, entre otros? ¿Es, en el fondo, un intento de transmitir imágenes ejemplificadoras para que a nadie se le ocurra a partir de ahora defraudar al Estado?
Con el solo hecho de "iluminar" la conducta de más de un sindicalista, el Presidente ha logrado, en algunos casos, readaptar convenios colectivos de trabajo que estaban afectando a la propia actividad, como en el caso de la lechería de Sancor. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se sigue negando, de manera terminante, cualquier injerencia con el Poder Judicial. ¿Y qué pasaría su por ejemplo, al juez Claudio Bonadio, se le ocurriera pedir la detención de la ex presidenta en alguna de las causas que tramita, como por ejemplo, Los Sauces? No sería extraño, de acuerdo a la nueva jurisprudencia Irurzún, que Bonadio pida el desafuero, ya que más de una vez, le llamó la atención no solo a Cristina, sino también a sus hijos Máximo y Florencia, por el intento de ocultar dinero que el magistrado entiende como malhabido.
De hecho, Manzanares está detenido precisamente por eso: acusado de haber impulsado maniobras para ocultar no solo el origen del dinero presuntamente ilegal sino de moverse para entorpecer la investigación sobre el detalle del patrimonio familiar. ¿Podría el magistrado, el mismo que le espetó al Presidente "así empezamos mal" después de que Macri acusara a los integrantes del sistema judicial de tener 45 días de licencia y otros privilegios, privar de la libertad a Cristina Fernández, en base a su exclusivo criterio? Aunque dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió y Graciela Ocaña celebrarían la determinación, en el Gobierno prenden velas para que esto no suceda. Por un lado, no tienen ganas de experimentar ninguna revuelta o algo parecido a un levantamiento popular. Y por el otro, el Presidente se sigue sintiendo muy cómodo, teniendo como su principal adversaria política a una dirigente tan desprestigiada y sospechada.
