Luego de la orden que le dio la semana pasada el presidente Mauricio Macri a Marcelo Collomb, titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), para que cierre aquellas empresas que usan la figura de la cooperativa para no pagar impuestos, el organismo decidió sacarles la habilitación a tres firmas. Para ello, hubo una votación en su directorio que convalidó este proceso.

Según pudo saber LA NACION, el Inaes "ya ejecutó" la orden de Macri y ahora "sólo falta la puesta en marcha". De acuerdo con fuentes consultadas, para que se haga efectiva la medida resta una notificación al Ministerio de Agroindustria de la Nación.

En el Inaes se guardan por ahora los nombres de esas firmas, que operan en la provincia de Buenos Aires y que ya no podrán funcionar como cooperativas.

En todo el país existen una veintena de cooperativas en el sector cárnico. De ellas, casi la mitad opera en la provincia de Buenos Aires y tiene el 6,87% de la faena, cifra que, según el sector privado, en realidad llegaría al 9%. No todas las cooperativas son pseudocooperativas.

Una fuente del organismo explicó algunos de los motivos de los cierres, que se harán efectivos próximamente. "Las razones principales radican en que diversos matarifes que carecen de autorización para la faena utilizan la matrícula perteneciente a las cooperativas para llevar a cabo sus actividades. Para ello, a los fines administrativos y contables, registran el ganado que en realidad es propiedad de los matarifes como si perteneciera a la cooperativa", contó. "Esto les permite a los matarifes no blanquear ese negocio, y por ende no tributar los impuestos por los que serían responsables, utilizando la figura de la cooperativa, que está exenta del impuesto a las ganancias. Es decir que el matarife no aparece en la operatoria y corrompe toda la cadena del negocio", agregó el funcionario.

De acuerdo con la fuente del organismo, se confirma "que estas pseudocooperativas actúan como un mero instrumento para ocultar a los verdaderos dueños del ganado, desvirtuándose el objeto social y produciendo afectaciones a los ingresos impositivos del Estado y a la leal competencia en este mercado. Además, precarizan a los trabajadores".