La alta inflación, las oscilaciones del tipo de cambio, los déficits fiscales, las crisis de deuda y la presión fiscal son argumentos centrales sobre los obstáculos del desempeño productivo, del desenvolvimiento empresario, del crecimiento del empleo privado y de la mejora en la distribución del ingreso.

Esa visión oculta la relación inversa: el éxito o el fracaso del desempeño productivo pueden condicionar el equilibrio de la macroeconomía.

Para ser gráfico: desde el año 2000 hasta hoy se duplicó la producción agrícola argentina y el país pasó a exportar unos 7 mil millones de dólares de servicios del conocimiento. ¿Cómo sería la situación fiscal o monetaria de 2017 sin esa inyección de productividad y de trabajo? Tendríamos más restricciones que las que tenemos.

Esos logros no son el resultado de políticas públicas. Los logros emanaron de la creatividad y la dinámica empresarial de segmentos importantes de nuestra sociedad "a pesar" del Estado. En los países exitosos, en cambio, la gestión pública del desarrollo y de la competitividad empresarial está en el centro de la agenda estatal. La competencia global no es sólo entre empresas, es entre sistemas institucionales complejos con marcos integrados entre el Estado, el sector privado y la comunidad científico-tecnológica.

Las políticas argentinas para la promoción del desarrollo económico funcionaron alejadas de los estándares internacionales y, en grandes líneas, emanaron del gobierno nacional con programas centralizados, mientras las provincias y los municipios no construían su propia competitividad territorial y, en buena medida, sustituían la dinámica empresaria privada por empleo público.

La Emilia-Romaña (Italia), Cataluña o el País Vasco (España) son ejemplos de "regiones" que construyeron las instituciones de interrelación estatal, empresaria y académica que les otorgó el lugar que tienen a nivel global.

A partir de este año, la Argentina dio un paso central hacia la construcción de un sistema federal de desarrollo económico. Ese paso fue la ampliación del objeto del Fondo Federal Solidario (Fofeso), para que pueda financiar infraestructura y otros proyectos productivos. Dicho fondo -que corresponde a casi medio punto del PBI- se usaba exclusivamente para inversiones de interés social. Esa única finalidad generó un desbalance entre la infraestructura social y su contraparte productiva, y buena parte de las obras no pueden ser puestas en funcionamiento sin comprometer las finanzas de provincias y municipios. Se perdió de vista que no hay mejor política social que el empleo privado sustentable y competitivo.

La actual existencia de un fondo para el desarrollo administrado por provincias y municipios presenta un desafío formidable a las administraciones subnacionales y al Estado nacional: las primeras tienen que construir capacidades para gestionar estrategias de desarrollo con el sector privado y con los centros del conocimiento. Y el Estado nacional tiene que aprender la gestión multinivel del desarrollo para poner en marcha estrategias complementarias y compartidas con las provinciales. Ambas administraciones deben aprender a mejorar la coordinación interministerial para mejorar la sinergia entre los diferentes programas y ámbitos de actuación pública.

El Estado argentino está trabajando con programas de cooperación con la Comisión Europea para aprender de Europa y adaptar esos aprendizajes a las condiciones del país. Los europeos juntaron décadas de experiencias en la armonización del funcionamiento de las instituciones responsables del desarrollo regional y lograron una mayor convergencia económica entre regiones con diferencias de ingreso per cápita. Incluso, los nuevos países miembros de la Unión mejoraron su nivel de vida, su infraestructura, sus servicios y su competitividad con el resto de Europa y con el mundo. Basta pensar en el progreso de España y Portugal desde su entrada en la Unión o, en los últimos años, de Polonia o de la República Checa. Esos éxitos son el resultado de políticas sectoriales, regionales y locales, financiadas con los Fondos Estructurales para la competitividad territorial, que actúan sobre las potencialidades que cada región posee e involucran a las empresas y a los otros actores sociales.

Los recursos del Fofeso -nuestro Fondo Estructural- ya están en manos de provincias y municipios. Ahora, la tarea es construir capacidades para la gestión de esos recursos. Todo orientado a más y mejores empresas, más exportación de productos y servicios, y más y mejor empleo privado formal. Empresas y trabajadores que ganen su lugar en la arena internacional.

Imaginemos un escenario para dentro de 10 años: ¿cómo serán nuestras preocupaciones monetarias o fiscales si un grupo de provincias argentinas desarrolla una especialización inteligente y exporta 30 o 40 mil millones de dólares adicionales en alimentos elaborados (como Nueva Zelanda); moda y diseño de alto nivel (como Italia); industria aeronáutica (como Brasil), y productos de ingeniería para la generación eólica (como España)? Las extremas fluctuaciones de la macroeconomía argentina serían atenuadas por la mayor fortaleza de los entramados productivos. Y el resto de las provincias estaría concentrado en copiar y adaptar la experiencia de las más exitosas para una mejor calidad de vida basada en el trabajo y el conocimiento.

El autor es Director nacional de Políticas Regionales del Ministerio del Interior