La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, avanza en una movida que huele a declaración de guerra: después del triunfo de Cambiemos en las PASO, viene presionando a los administradores de las obras sociales sindicales para que presenten sus declaraciones juradas (DD.JJ.). Los eternos y millonarios jefes sindicales, desprestigiados ante la sociedad, manejan gigantescas cajas negras sin control. Pero ahora un presidente envalentonado, que degusta por anticipado una victoria electoral, le dio luz verde para actuar. Recargado, va por un objetivo que casi se lo llevó puesto a Raúl Alfonsín cuando intentó transparentar el funcionamiento de los gremios y terminó al borde del abismo. ¿Podrá Macri hacer lo que el presidente radical dejó inconcluso?

Meterse con los popes sindicales, que jamás presentaron una declaración jurada, es lidiar con un poder intocado de la democracia. Nadie sabe cuánto ganan, ni quién les paga, ni si su nivel de vida coincide mínimamente con sus ingresos. El blindaje sindical ha sido de tal magnitud que resultó aún más eficaz que el de la bonaerense, un ejército oscuro que, sin embargo, sufrió reformas de la mano de algunos funcionarios que se le animaron, como León Arslanian o Marcelo Saín. Nada semejante sucedió con estos ejemplares, herederos enriquecidos de Perón.

Hugo Moyano acaba de convertirse en confesor involuntario de esa impunidad naturalizada. En un video casero, posteado en la página oficial del Club Atlético Independiente, admite que usó fondos del sindicato de camioneros para resolver la crisis económica y financiera de la entidad deportiva que preside. El sincericidio autoincriminatorio, expuesto en una asamblea del club de Avellaneda, podría convertirse en una evidencia de administración fraudulenta: los aportes de los trabajadores conducidos por la familia Moyano son para los camioneros y no existe ningún argumento jurídico que les permita desviarlos hacia otros fines. ¿Cuánto ganan los Moyano? ¿Quién les paga? ¿Quién los controla?

La ausencia de controles no sólo les permite financiar clubes de fútbol, sino que, en los hechos, pueden hacer prácticamente cualquier cosa con la plata de sus afiliados, desde financiar campañas políticas hasta crear empresas, convirtiéndose en proveedores de sí mismos, a través de sus propios sindicatos. Exentos de la vigilancia de la Unidad de Información Financiera (UIF), los gremios tampoco se someten a inspecciones por lavado de dinero: ni los propios trabajadores ejercitan su derecho a exigirles a sus jefes la rendición de cuentas, a pesar de estar sometidos a la afiliación compulsiva. El sistema configuró un mundo laboral, bajo una lógica perversa, con jerarcas fuertes y trabajadores débiles.

Omar "Caballo" Suárez y Juan Pablo "Pata" Medina encarnan a la perfección ese entramado mafioso enquistado en muchos sindicatos, acostumbrados a negociar con el revólver en la nuca. Algo está cambiando porque ahora ambos están presos. A esa lista negra acaba de incorporarse Víctor Santa María, el jefe de los porteros (que nunca trabajó como tal) y dueño de Página 12. Santa María quedó en la mira cuando la UIF detectó operaciones sospechosas por 4.000.000 de pesos en Suiza, cuyas pruebas fueron presentadas en la Justicia. Las dudosas maniobras financieras del sindicalista-empresario están vinculadas al Suterh, gremio que lidera desde 2005 y en donde acaba de obtener una nueva reelección.

"Hay que separar a los sindicatos del Estado para que el Estado pueda ejercer su función con autoridad", resume la jefa de la OA. Cuando Macri asumió, desde una posición de debilidad, les entregó dos puestos claves del Ministerio de Trabajo a los sindicatos, continuando con esta fusión disfuncional. Además, les devolvió 30.000 millones de pesos para las obras sociales sindicales. Pero después de las PASO, cuando se sintió fortalecido, los echó. La gota que rebasó el vaso fue la movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, donde los popes sindicales cargaron duro contra el Gobierno. Entonces, Macri endureció su piel: una transmutación que, después del 22 de octubre, promete continuar. Las relaciones carnales entre el Estado y los sindicatos impactaron de lleno en el mantenimiento del statu quo. Un dato de color, pero revelador: gran parte de los inspectores del Ministerio de Trabajo, supuestamente encargados de controlar las elecciones en esos gremios donde sus patriarcas se eternizan, suelen pasar sus vacaciones gratuitamente en los hoteles regenteados por los mismos caciques a los que deben controlar.

Pero ¿por qué quienes manejan los fondos millonarios de los trabajadores pueden zafar tan fácilmente de los controles? Los administradores de las obras sociales manejan fondos de los trabajadores, pero no cumplen una función estatal. La ley de ética pública regula la actividad de las personas que están al servicio del Estado: es en esa ambigüedad donde se amparan para gambetear los controles.

Desde la OA están trabajando en la reforma de la ley de ética para incorporar un artículo que modifique la ley de asociaciones sindicales con el fin de obligar a sus directivos a presentar declaraciones juradas.

En 2001, durante el gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo, también lo intentó. Amenazó a los caciques sindicales con una resolución que les exigía la rendición de cuentas sobre su patrimonio. Fue en esas confrontaciones cuando se ganó el mote despectivo de "la Piba". Acorralados, los jerarcas contraatacaron con todos los recursos del Estado, incluida la Justicia, que, después de la caída de la Alianza, falló en favor del secretismo al entender que el Estado se había "excedido" en sus facultades de control. El trabajo sucio lo terminó su sucesora, Graciela Camaño, quién emitió otra resolución que dejó sin efecto la de "la Piba". Como ministra de Eduardo Duhalde, Camaño optó por proteger a su esposo, el sindicalista Luis Barrionuevo. Un beneficio que, en 2003, le valió una denuncia de la OA por conflicto de intereses.

Es por eso que Laura Alonso habla de un sistema que protege los intereses de los caciques, en detrimento de los trabajadores. En esa impunidad integral ubica los tejemanejes de la familia Recalde. Héctor, el jefe del clan y ex abogado de Hugo Moyano, no sólo es diputado, sino que lidera un conocido estudio de abogados laboralistas; del otro lado del mostrador, su esposa, Graciela Craig, es camarista en el fuero laboral, nombrada en 2011 por el kirchnerismo. Un circuito ideal para el tráfico de influencias.

El sistema es el que está atravesado por el secretismo, aunque haya sectores más impenetrables que otros. En los papeles, el único poder relativamente controlado es el Ejecutivo y sus funcionarios. Los jueces presentan sus declaraciones juradas, pero nadie comprueba su consistencia, cuando es vox populi que varios magistrados no pueden justificar su elevado nivel de vida. A menudo, a los despachos de Comodoro Py llegan costosos regalos cuya procedencia nadie averigua; tampoco se ponen bajo la lupa las invitaciones a lujosos viajes de algunos jueces. Hace un año, Laura Alonso le mandó una carta de alto voltaje político a Ricardo Lorenzetti, en la que les pedía a los jueces del máximo tribunal el envío de las DD.JJ. a la OA para colgarlas en Internet. La divulgación en la Web es clave para poder difundirlas al público masivo. Todavía está esperando la respuesta.

En el mismo limbo navegan las rendiciones de cuentas de fiscales, senadores y diputados: presentan DD.JJ., pero ninguna autoridad fiscaliza si les cierran o no los números.

Hay una falsa creencia de que la transparencia retrasa la gestión. La idea, por extensión, parece una derivación de aquella que explica la ineficacia -o lentitud- de los radicales porque, a diferencia de los peronistas, se apegan al cumplimiento de las reglas. Sin embargo, hay números que desmienten ese prejuicio: la aplicación de políticas de integridad en el ministerio que conduce Guillermo Dietrich significó un ahorro de 30 mil millones de pesos en el último año.

Además de fortalecer el ego presidencial, las elecciones del 22 del actual también podrían ser una prueba para testear si la ola del cambio también incluye la puesta en valor de la transparencia.