Desde la compañía Yara, de origen noruego y especializada en este segmento, estimaron que por los crecimientos en la cosecha y el mejoramiento de los rindes habrá una mayor inversión en este tipo de productos, aunque advierten que debería ir acompañado de una mayor capacitación y el desarrollo de buenas prácticas productivas.
En diálogo con El Cronista, Olaf Hektoen, Director General para América latina advirtió que todavía el uso de fertilizantes en el país no está del todo expandido, y que las 3,8 millones de toneladas que se espera se vendan durante este año, se podría pasar a 6 millones de toneladas en un lapso de entre siete a 10 años. El ejecutivo afirmó que para que eso pase habrá que expandir las buenas prácticas en el sector productivo. "La Argentina tiene la fortuna de poseer suelos muy ricos, por lo que el consumo de fertilizantes está por debajo de lo que normalmente requiere la planta, pero con las cosechas se vuelve difícil sostener esa rentabilidad. Ahí vemos una oportunidad de crecimiento", afirma Hektoen. Su visión coincide con la de la Asociación Civil Fertilizar, que prevé un consumo total de entre 3,8 y 3,9 millones de toneladas, un salto del 6% con respecto a 2016.
Yara actualmente posee un 7% de participación en ese negocio (está enfocado en cultivos de frutas, hortalizas, cítrico, tabaco y caña de azúcar), y busca apuntalar su rendimiento de la mano de una nueva dirección (más cuando a nivel regional ostenta una participación del 22%, con ventas anuales de 11,5 millones de toneladas). Acaba de nombrar a un nuevo country manager para el país, el argentino Alejandro Vollert, ex líder de producto en la casa matríz, que comandará el proyecto de duplicar su propio negocio. Tal como contó Hektoen, será a través de un crecimiento orgánico -actualmente venden cerca de 300.000 toneladas anuales- o a través de alguna adquisición. "Invertiremos en infraestructura y capacitación, algo que requiere cientos de millones de dólares", afirmó. Su foco estará en crecer en cultivos como soja o maíz, y aprovechar lo que considera un entorno político "más amigable" para el sector privado.
