En rigor se trata de declaraciones con las cuales se posterga el pago de impuestos. Eso sí, siempre y cuando salgan en tiempo y forma.

El término emergencia alude también a que el Estado pone sus herramientas al servicio de quienes están padeciendo las contingencias climáticas. Se supone que sus organismos consideran las condiciones especiales de quienes han perdido su hacienda, su cosecha o no pueden sacar la leche del tambo. Sin embargo, el drama de las inundaciones se está naturalizando, con regiones que las vienen soportando hace tres años. Y en el Estado hay quienes actúan como si nada pasara, como si la emergencia fuera sólo de quien la padece y no del que tiene que estar a su servicio para facilitar la producción.

Ésa es la situación que padece Virginia Buyatti, una productora y administradora de un campo del norte de Santa Fe, que, según relata, no consigue obtener un certificado de mortandad de hacienda por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) simplemente porque los inspectores del organismo no van a su establecimiento y al de un vecino para constatar que se le murieron 1600 vacunos.

"Senasa cree que es imposible que se hayan muerto 1600 cabezas, pero a la vez tampoco accede a ir al campo a constatarlo porque dice no se puede llegar", cuenta. Como ocurre en estos casos, la productora se ofreció a llevar a los funcionarios hasta el establecimiento, pagando el combustible o poniendo caballos. "Dicen que cuando se pueda van a ir; la otra excusa es que temen una auditoría Buenos Aires porque los campos están registrados para exportación", añade. No obstante, esa categoría está por perderse ya que hace dos años que tiene problemas para sacar novillos de ese campo. La inundación comenzó en noviembre de 2015.

Buyatti necesita ese simple certificado de mortandad para cumplir con sus obligaciones impositivas. No lo consigue. Relata también que en la delegación Vera del Senasa, responsable de ese trámite, hay funcionarios investigados por supuestos hechos de corrupción que no terminan de ser desplazados. Ni Kafka lo hubiera imaginado peor.

Como si eso fuera poco, la productora debe cumplir con la obligación de juntar la hacienda para la segunda vacunación del año contra la fiebre aftosa. "El agua pasó por arriba del alambrado", dice para dar una idea de la magnitud de la afectación.

En su historia contra la burocracia, que podría ser mínima, pero representativa de lo que significa una inundación, se conjuga la desidia histórica del país por solucionar la falta de infraestructura en la región de los Bajos Submeridionales. Se prometieron obras de canalización para enfrentar los excesos hídricos y nunca se cumplieron. "Nos manejamos con infraestructura cero", se lamenta la productora que tiene campos entre las localidades de Intiyaco y Cañada Ombú. El agua llegó a borrar la ruta 31. La inundación, que comenzó en 2015, se agravó este año con la caída de unos 900 milímetros. "El año que viene se va a sentir en la parición", dice.

Al cierre de esta edición, en el Senasa dijeron a la nacion que finalmente los técnicos del organismo habían ido al campo. Sin embargo, a la productora no le constaba que esto fuera cierto y esperaba la visita de los funcionarios para conseguir un simple papel.

Ese caso no es el único de quienes tienen que enfrentar a la burocracia del Estado. Se escuchan otros testimonios de productores que necesitan sacar la cosecha en medio de una inundación y tienen que hacer frente a los requerimientos de la AFIP como si tuvieran el campo sin agua o las demoras de los gobiernos provinciales en firmar las declaraciones de emergencia agropecuaria.

Aunque comenzaron algunas obras de infraestructura que van a mitigar los problemas de excesos hídricos, el drama de las inundaciones exige una actitud proactiva por parte de los funcionarios. El cambio de un país acostumbrado a la burocracia y la corrupción no llega por el simple posteo de simpáticos videos en las redes sociales.

Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri impulsa el "trabajo en equipo" y les reclama a sus funcionarios que eliminen todas aquellas trabas que impidan invertir y producir al sector privado. Varios pasos se han dado en esa dirección, pero quienes se mueven como peces en el agua del mar de la burocracia hacen todo por nadar contra la corriente.