El Presidente ya tiene listo su plan económico para el día después de las elecciones. Puertas adentro bautizaron la etapa que viene como la de "reformismo permanente", por la batería de medidas que buscarán aprobar y por la velocidad con la que pretenden hacerlo. Allí se incluyen el fin de la ley de emergencia económica, que surgió en 2002, la reforma tributaria, el blanqueo laboral, la guerra contra el impuesto a los ingresos brutos y algunas tasas municipales.
La lista también incluye la competencia interprovincial por los ingresos fiscales, los acuerdos sectoriales y la tecnificación de organismos que estuvieron estratégicamente atrasados, como la Aduana, por citar un ejemplo concreto en el que la abundancia de papeles se correspondía con la falta de controles.
El primer objetivo será la aprobación del presupuesto 2018. Allí no hay grandes sorpresas. Proyecta un crecimiento del PBI del 3,5% para 2018. "La economía crecerá. Habrá un arrastre de 1,8 puntos de este año y varios impulsores concretos. Sólo con lo licitado y ejecutado en infraestructura se crecerá un punto", se entusiasman en Balcarce 50, y también hacen cuentas sobre el círculo virtuoso de los créditos hipotecarios, que alcanzarán un volumen equivalente a un punto del PBI y acelerarán la construcción privada. El objetivo es trabajar en función de las metas de inflación del Banco Central, que prevén una tasa media del 10%, y un promedio anual del 15,7%. Será ésta también la referencia para las paritarias 2018, según el barómetro de Presidencia.
"Una vez que esté controlada la inflación todo será crecimiento, por eso seguirá siendo nuestra principal batalla desacelerar el incremento de precios", afirmó terminante el presidente de la Nación en una reunión con sus reportes directos. Y agregó: "A Federico Sturzenegger -presidente del Banco Central- lo banqué inquebrantablemente aun cuando sus detractores decían que las tasas eran demasiado altas y la economía se enfriaba. Hoy la economía está volando y queda en evidencia que, a pesar de esas tasas, hay crecimiento genuino". El dólar, en tanto, continuará con su libertad condicional y alcanzará un promedio de $ 19,30 en 2018, sin mayores sobresaltos. "No se trata de una proyección, sino el que tomamos de referencia para hacer las cuentas del presupuesto", aclararan.
A su vez, el Gobierno confirmó su esquema de recorte gradual del déficit fiscal. Luego de fijar un 4,2% del PBI para este año, el presupuesto 2018 contempla una baja de un punto, para ubicarse en el 3,2% del PBI el año próximo y del 2,2% en 2019. Aquí se viene una de las principales batallas políticas en el corto plazo. La decisión está tomada: se dará pelea a Ingresos Brutos, a algunas tasas municipales y al impuesto al cheque, con el objetivo de ir reduciendo sus alícuotas de manera gradual. "La carga impositiva asfixia el crecimiento del sector privado en las provincias. Es fundamental cambiar esto urgente", afirmó el Presidente a su mesa chica.
A eso se suma la pelea aún abierta por el Fondo del Conurbano Bonaerense, que se financia con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, pero con un techo de $ 650 millones. Lo paradójico es que la provincia de Buenos Aires recibe esa cifra sobre $ 53.000 millones que generaría el fondo este año. Sucede que el 3 de enero de 1996 se promulgó la ley 24.621, que fijó un tope que nunca se actualizó por inflación y dispuso que el excedente fuera repartido entre el resto de las provincias (con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Por eso, la gobernadora María Eugenia Vidal presentó un planteo a la Corte para que se elimine el tope y la provincia pueda cobrar la totalidad del fondo. "Cuando se definió la coparticipación se perjudicó a nuestra provincia, y por eso se creó el fondo. Buenos Aires aporta casi el 40% de los fondos nacionales, mientras que recibe el 18%", explicó la gobernadora en reiteradas oportunidades, y advirtió que nada la detendrá en este reclamo. Las provincias se niegan a ceder la parte que hoy cobran.
Respeto a la Justicia
"Respetaremos a la Justicia", afirmaron en Balcarce 50. Y agregaron: "Por otra parte, si las provincias se ajustan a la ley de responsabilidad fiscal con la que se comprometieron no habrá problemas de fondo para sus finanzas y estarán en superávit en dos años".
Las provincias deberán liderar también un cambio inédito: el de la competitividad interprovincial. El objetivo es transparentar en rankings abiertos las distintas cargas que tienen los inversores, las diferencias y las oportunidades. Por ejemplo, Entre Ríos y Corrientes podrían superar a Misiones en conquistar inversiones madereras, ya que no sus exportaciones no pagan Ingresos Brutos. También se avanzará en los acuerdos sectoriales, como el de la carne, la pesca, el vino y la nueva mesa forestal, donde se busca revertir la balanza comercial deficitaria y avanzar en la producción y exportación de pasta maderera. Los modelos de Brasil y Uruguay aparecen como espejo del potencial latente, ya que allí se han instalado los principales jugadores globales y se convirtieron en exportadores mundiales.
Gravar con Ganancias la renta financiera está en agenda, pero aclaran que será sólo otro eje de discusión. Lo que sí está descartado es que un eventual impuesto a las Lebac u otros instrumentos sea retroactivo, como se filtró en los últimos días. "Eso sería inconstitucional", graficaron. El debate recién comienza.
Para diciembre el equipo presidencial se guarda una carta de fondo: en temporada alta de fiestas no está previsto renovar la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, más conocida como emergencia económica. En el Gobierno creen que el contexto ya no es el mismo y que las facultades delegadas al Ejecutivo no serán necesarias. Cabe recordar que fue votada en enero de 2002, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y en medio de una crisis económica y social sin precedente. Por entonces, la pobreza había aumentado del 35,4% al 49,7% de la población y la indigencia pasó del 12,2% en 2001 al 22,7% en 2002. Y el desempleo, según el Indec, había saltado al 40,2%. Los números actuales, en cambio, muestran una mejora en la situación social.
La "emergencia" delega en el Ejecutivo una serie de facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fije el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica, todos esquemas de poder más afines con las políticas anteriores que con las actuales. Por eso, tal como con el "excepcional" impuesto al cheque, la emergencia se convirtió en una norma renovada aun en los períodos de tasas chinas.
La batería de medidas no termina: factoring, reforma del mercado de capitales, reforma previsional y, sobre todo, lograr una mayor inserción en el mundo. Los números de los primeros siete meses muestran un crecimiento del 19% en las exportaciones industriales y un aumento de las importaciones de bienes de capital. "El objetivo es que cada vez haya menos burocracia para que la competitividad esté muy lejos del tipo de cambio. Acá hay 582 mafiosos que se creen dueños de todo, y eso va a terminar", se le escuchó al Presidente. Ni más ni menos.
