La vida pública nacional está exhibiendo en estas horas uno de sus rasgos patológicos. Una polarización dramática, facilitada por una deficiencia cada vez más perniciosa: la ausencia de un tercero que determine la verdad o la falsedad de las acusaciones. La justicia federal está perforada en su credibilidad. Y sobre las fuerzas de seguridad e inteligencia pesa la sospecha de ser un instrumento de la lucha entre facciones. La crisis política que abrió el drama de la desaparición de Santiago Maldonado se sostiene y agiganta en esta indigencia institucional.
La fractura conceptual es tan aguda que puede alterar las percepciones. Las
encuestas detectan que entre quienes simpatizan con Cristina Kirchner no se
registra la obra pública. Y quienes admiran a Mauricio Macri ven tres puentes
donde hay uno. Este síntoma es una trivialidad cuando se lo compara con lo que
expone el caso Maldonado. El Gobierno cree que la izquierda, en especial el
kirchnerismo, quiere plantarle un desaparecido que corrobore una tesis
preexistente: Macri, basura, vos sos la dictadura.
La familia de Maldonado y la izquierda suponen que es el Gobierno el que quiere
plantarles ese desaparecido. A ese objetivo se dirigía, sostienen, la hipótesis
de que el joven había sido acuchillado la noche del 21 de julio durante un
ataque mapuche a una estancia de Benetton. Según esa tesis, sus compañeros lo
habrían escondido lastimado o, tal vez, habrían ocultado su cadáver una vez que
se les murió.
Para arbitrar esta guerra de conjeturas sólo se dispone de un sistema
judicial lentísimo que, por momentos, se coloca fuera de la ley. Las pruebas de
ADN, que, por ejemplo, en China se resuelven en 24 horas, tardan meses. Al cabo
de semanas eternas, concluyeron las que invalidaron la teoría de la puñalada del
puestero. Las que deben determinar si los restos orgánicos que se encontraron en
una camioneta de Gendarmería son del desaparecido siguen demorándose.
A estas limitaciones materiales se agregan algunas aberraciones institucionales.
La Justicia retrocedió en una investigación ocular del escenario del operativo
que realizaron los gendarmes. Acató la orden de los mapuches según la cual no se
podía ingresar en determinados terrenos porque eran lugar sagrado. Con un
argumento teológico-separatista similar, se impidió a la Prefectura indagar con
buzos el río en el que podría haberse ahogado Maldonado. Y, basada en la misma
heterodoxia, la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) tomó
declaración a testigos enmascarados. Quiere decir que, para esclarecer una
desaparición forzada, tal vez ejecutada por una fuerza de seguridad que se puso
al margen de la ley, los investigadores también se ponen al margen de la ley.
Reconocen a un Estado mapuche en su jurisdicción. Estas desviaciones fueron
corregidas a destiempo. Tres semanas más tarde, los mapuches aceptaron que se
investigue el río "sagrado". Hoy podría comenzar un rastrillaje sobre el terreno
"sagrado". Y uno de los testigos que habían declarado con el rostro cubierto,
Matías Santana, dio a conocer su identidad delante del juez Guido Otranto y de
la fiscal Silvina Ávila.
Las hipótesis sobre el destino de Maldonado siguen siendo problemáticas. Aun la más verosímil: que haya sido la víctima fatal de la brutalidad de unos gendarmes. Ya se descartó que fuera acuchillado el 21. Parece ser demasiado tarde para imaginar que el joven murió ahogado. El río no es muy profundo, por lo cual el cadáver habría aparecido. El Gobierno -y, sobre todo, el personal de Gendarmería- aún confía en que Maldonado esté vivo. ¿Podría estar en Chile? Para eso se examinan sus teléfonos. Es una presunción un poco descabellada. Si existe un grupo capaz de cobijarlo, o de tenerlo secuestrado, sin dejar rastros, habría aparecido una organización más temible que Al-Qaeda.
La presunción de que los responsables de la desaparición pertenecen a la Gendarmería, que la familia y las organizaciones de derechos humanos defienden desde un comienzo, ganó densidad en las últimas horas. No sólo porque se van invalidando las alternativas. El mapuche Santana, además, aportó el primer testimonio identificable que imputa al personal de la fuerza.
El relato de Santana es, de todos modos, enigmático. No se entiende por qué tardó más de un mes en contar lo que sabía. Aunque los organismos de derechos humanos afirman que el juez y la fiscal nunca se interesaron en sus testimonios. El mapuche afirmó que vio cómo un grupo de gendarmes castigaban a un bulto que tenía una campera celeste, que él le había prestado a Maldonado esa mañana. Esa prenda llamó la atención porque Maldonado, en el video en el que se lo vería cortando la ruta, vestía de negro. Santana escuchó que alguien dijo "ya está". Siempre subido a su caballo, se alejó unos 500 metros y, con un par de binoculares, vio cómo subían ese bulto celeste a un Unimog, del que sería traspasado a una camioneta. Ayer Santana informó que los binoculares se le perdieron. Y comparó el tratamiento oficial a los movimientos sociales con la represión clandestina de la última dictadura militar.
El 7 de agosto, entrevistado por LA NACION, había dado una versión disímil de la actual, que sin embargo incluía haber visto la detención de Maldonado por parte de la Gendarmería.
Santana aportó el primer relato sobre la presunta responsabilidad de la Gendarmería en la misteriosa peripecia de Maldonado. De corroborarse su versión, sería gravísimo. Se estaría ante una desaparición forzada cometida no por un grupo de uniformados que actúan por su cuenta, como fue, por ejemplo, la de Luciano Arruga. Los gendarmes habrían actuado en el marco de un procedimiento judicial. Esta excepcionalidad es la que, además de alarmar, plantea la principal incógnita: ¿cuántos agentes de la Gendarmería deberían complicarse en ese siniestro operativo? La respuesta depende del itinerario de esos gendarmes convertidos en secuestradores. Si fueron a un escuadrón o a algún hospital los involucrados se multiplicarían. ¿Arrojaron el cuerpo a un barranco? ¿Lo enterraron? ¿Con qué herramientas? La Justicia está investigando a la Gendarmería desde hace semanas. Hasta anoche no había ningún imputado. Pero la carátula es "desaparición forzada". Otra incongruencia.
La pesquisa parece estar contaminada por el enfrentamiento entre fuerzas federales. El legislador Gustavo Vera presentó ante la Procuvin un informe de inteligencia extraoficial que, al parecer, se habría originado en la Policía Federal, que es la que investiga a los gendarmes. Según ese parte, que el jefe de la Federal, Néstor Roncaglia, desmintió, Maldonado habría sido asesinado durante un operativo irregular, comandado por las autoridades del escuadrón 35 de Gendarmería, la noche del 31 de julio. Su cadáver fue ocultado en Chile. Esta insidiosa narración choca contra la del mapuche Santana, para quien los hechos ocurrieron el 1º de agosto. En el inframundo de la seguridad se interpreta que la rivalidad entre los gendarmes y la Federal recrudeció por el peritaje sobre la muerte de Alberto Nisman. La Gendarmería habría determinado que en el departamento del fiscal había otra persona el día de su muerte. Esa demostración demolería la investigación original de la policía. El kirchnerismo extrae de este duelo una conclusión afiebrada. Mauricio Macri y Patricia Bullrich encubren a los gendarmes por la desaparición de Maldonado porque le deben la patraña sobre el asesinato de Nisman.
El panorama no puede ser más desolador. Facciones que se tiran con cadáveres sirviéndose de organismos de seguridad que se embanderan en la disputa de poder. El entrevero involucra también a la AFI. Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de un espía por realizar seguimientos clandestinos de mapuches durante 2015. ¿La denuncia había sido promovida por la propia AFI durante la gestión de Oscar Parrilli? ¿Fue a instancias de militantes de La Cámpora que adhieren a la causa indigenista? En el tóxico averno de la inteligencia ayer corrían esas interpretaciones.
El derrumbe de la hipótesis del cuchillazo cayó en el gabinete como un balde de agua fría. Macri y su equipo estaban abrazados a esa teoría por reiteradas exposiciones de Patricia Bullrich ante el gabinete. Desde hace 48 horas el oficialismo intenta darse una estrategia discursiva frente a un problema que pareció estar en un margen de su agenda.
Bullrich piensa asistir al Congreso. La convocó la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, que preside Sergio Massa. En la Casa Rosada sonaron las alarmas. Bullrich sólo hablará en la Comisión de Seguridad de Diputados. La campaña vuelve a atravesar el caso Maldonado. Bullrich está en una encrucijada. Es tarde para remover personal de Gendarmería sin que se vaya el jefe de la fuerza. Si ello ocurriera, se redoblaría la presión para que renuncie ella. Mientras tanto, Germán Garavano examina abrir la investigación a las Naciones Unidas. Sería un reconocimiento de que la justicia local está incapacitada. Y lo realizaría el ministro de Justicia. Un antecedente al que tal vez se abracen, entre otros, José López, para defenderse por el revoleo de los nueve millones de dólares tras el muro del convento.
