Les señaló a los dirigentes de la CGT que no dudará en usar todo su poder si siguen apelando a la lógica del enfrentamiento. Pero esa señal fue también para empresarios, gobernadores provinciales y organizaciones sociales que han hecho del piquete un hábito casi diario.

Se comprende el malestar del Presidente ante la reciente protesta sindical en la Plaza de Mayo. Recuerda que el año pasado decidió pagarles a las obras sociales gremiales una deuda del Estado de 30 mil millones de pesos, vinculada con fondos de redistribución de aportes que la administración kirchnerista repartía con cuentagotas y privilegiando a los sindicatos que lo aplaudían. Pese a ese gesto, la hostilidad gremial ante la Casa Rosada no cedió.

Del mismo modo, los cuantiosos recursos de planes sociales que, mes tras mes, canaliza el Gobierno a través de organizaciones piqueteras rara vez garantizan una paz social duradera. "Se deshacen en elogios a Carolina Stanley (la ministra de Desarrollo Social), pero al otro día vuelven a movilizarse contra nosotros", se queja un dirigente macrista. Tampoco se traducen en votos para Cambiemos en las zonas más sumergidas del conurbano, a juzgar por ciertos resultados de las PASO. "Si enviamos fondos a las organizaciones vinculadas a la izquierda o al kirchnerismo y éstas no sólo se llevan los réditos, sino que persuaden a sus beneficiarios de que consiguen cosas gracias a que cortan las calles, estamos en problemas", se sinceran en la coalición oficialista.

Mientras los armadores de Cambiemos piensan cómo generar un esquema de dominio territorial en esos bolsones del Gran Buenos Aires, Macri emplea ante el gremialismo tradicional la misma táctica que pergeñó el recordado Augusto Timoteo Vandor y que tan bien conocen los viejos líderes sindicales: primero, golpear; después, negociar.

Se trata de persuadir a esos caciques de la CGT de que, si eligen la vía del enfrentamiento, la escalada del conflicto podría llegar a terminar en un mani pulite sindical, tal vez parecido al que vivió México hacia 1989 con el encarcelamiento del líder de trabajadores petroleros Joaquín Hernández Galicia, conocido como "la Quina". La situación del gremialista portuario Omar "Caballo" Suárez, cuya detención acaba de ser ratificada por la Justicia; la orden de arresto de su ex número dos Aníbal Morato, y las denuncias que pesan sobre no pocos sindicalistas por presunto enriquecimiento ilícito dan cuenta de un sector que, pese a su poderío, exhibe no pocos flancos débiles.

La pregunta que formulan observadores del sector empresarial es si estas disputas dejarán lugar para un debate sobre los costos laborales y la industria del juicio, y su impacto negativo en la generación de inversiones y nuevos empleos. La respuesta probablemente se haga esperar.