Por definición institucional, la vinculación tecnológica se ocupa de transferir bienes o productos generados por el INTA al sector privado para que los venda. Sólo de este modo, el conocimiento obtenido con financiamiento del Estado puede transformarse en insumos capaces de resolver una demanda productiva postergada.
En su evolución, esta área atravesó diferentes etapas y, al comienzo, su acción se basó en la inscripción de cultivares desarrollados por especialistas del instituto y transferidos a una empresa para que los multiplique y los comercialice. En estos casos, las tecnologías no pueden ser modificadas por el licenciatario y, en el caso de serlo por el obtentor, constituyen una nueva creación y, por lo tanto, deben inscribirse.
Pero hoy y con mayor intensidad a futuro, el sistema productivo exige productos –biotecnológicos, por ejemplo– con alto nivel de conocimiento, que necesitan superar costosas pruebas de validación para constituirse en innovaciones y cuyo patentamiento resulta complejo en términos de propiedad intelectual. Principalmente, porque se trata de desarrollos obtenidos a través de articulaciones entre actores públicos y privados que tienen la posibilidad, incluso, de modificar la tecnología y mejorarla.
En este contexto, el INTA impulsa estrategias de vinculación que buscan poner en valor el conocimiento generado en los centros de investigación del instituto. “Los cambios que introducimos apuntan a acelerar la transferencia de tecnologías y a consolidar un modelo de gestión que facilite los procesos de innovación”, afirmó Adolfo Cerioni, coordinador nacional de Vinculación Tecnológica del INTA.
En esta línea, destacó la importancia de incorporar una visión integral. “La vinculación es la interfase que analiza las capacidades institucionales y difunde el potencial tecnológico interno en función de las innovaciones requeridas por empresas nacionales e internacionales y la oferta de políticas públicas de financiamiento”, explicó Cerioni.
Esta doble mirada –institucional y de mercado– potencia la posibilidad de lograr conocimiento aplicado y con llegada a la sociedad. Bajo esta estrategia, se encuentra en gestación la vacuna contra la Leucosis Bovina Enzoótica (LBE): se trata del primer desarrollo del INTA que incluye, desde su génesis, un riguroso estudio orientado al negocio tecnológico.

Amenaza silenciosa
Así se presenta la LBE, una infección viral ampliamente distribuida en los rodeos de tambo del país que aparece en animales de muy temprana edad y causa la muerte de hasta el 10 % de los infectados. Requiere la aplicación de una estrategia de control precoz y su impacto económico se agrava por la falta de tratamiento y de una alternativa de profilaxis contemplada en el calendario oficial de sanidad animal.
Frente a esta problemática, investigadores del INTA avanzan en el desarrollo de una vacuna contra esta patología, basada en una cepa modificada genéticamente. “Esta estrategia permitiría reducir el contagio y la carga proviral”, aseguró Karina Trono, directora del Instituto de Virología del INTA, quien añadió: “Como resultados colaterales, se reduciría el nivel de linfosarcoma y se eliminaría el virus y provirus en leche”.
A seis años del inicio de la investigación, la vacuna pasó satisfactoriamente las pruebas a campo en condiciones controladas y se encuentra en proceso de ensayo en un tambo de la provincia de Santa Fe. “Esperamos con interés los resultados de comportamiento de la cepa en la fase productiva lechera, que estarán en poco más de un año”, estimó Trono.
Según un estudio del INTA, en 2013 las pérdidas económicas por animal muerto ascendían a un valor aproximado de 5.300 dólares. Esta cifra contempla la falta de partos y consecuente reposición de terneras; de producción de leche por vaca –alrededor de 9.000 litros por año en cada lactancia– y de ingresos por kilos de carne vendidos para consumo.


Gestión del negocio tecnológico
¿Transferir una tecnología en estado experimental al sector privado? ¿Avanzar hasta completar su desarrollo y luego transferirla? ¿Considerar su transferencia a través de una incubadora de empresas pública? ¿Delegar su producción en serie y su comercialización a un laboratorio nacional o extranjero? ¿Qué condiciones deberían contemplar los convenios de transferencia para alinear intereses públicos y privados?
“Estos interrogantes permitieron analizar el margen de acción del INTA en pos de gestionar los efectos deseados de las innovaciones que genera, en línea con las demandas del medio productivo y dando acceso prioritario a los productores argentinos”, explicó Andrés Castellano, especialista en Valor Agregado del Área de Economía del INTA Balcarce –Buenos Aires–.
Para Castellano, que realizó el estudio de viabilidad de la vacuna junto con Mercedes Goizueta –investigadora de la misma unidad del instituto–, la evaluación económica y financiera de las distintas instancias que el INTA puede asumir en el proceso de transferencia de la vacuna “demostró ser una alternativa auspiciosa e innovadora como modelo de gestión”.
La investigación estimó el impacto de la innovación en función de su potencial de mercado nacional, regional –Mercosur– y global, así como los posibles márgenes percibidos por obtentores, inversores y el sistema científico-productivo del país.
“La existencia de la vacuna puede traer beneficios privados o apropiables, captados por el inversor que emprende la producción y comercialización; beneficios sociales o no apropiables por el inversor, pero sí por el sector primario productor de leche, y aquellos potencialmente apropiables por el país en su conjunto”, enumeró Castellano.
Según el estudio, la implementación de este desarrollo generaría un mercado total de 1.592 millones de dólares en 20 años. En tanto, “los beneficios sociales, que representan ingresos económicos no percibos y costos incurridos por los tambos con LBE, alcanzan los 300 millones de dólares anuales –en valor presente–, si la enfermedad se erradica”, calculó Castellano.
Para el país, las oportunidades “se desprenden de los potenciales negocios que devendrían de liberar de esta patología al rodeo lechero argentino, y comercializar productos libres de LBE – vaquillonas, semen u embriones– a países en fases iniciales de crecimiento del sector lácteo, como China e India”, señaló.
De acuerdo con Goizueta, la modalidad instaurada por este estudio “atiende a una estrategia de valor agregado institucional (VAI), sustentada en la propiedad intelectual de la vacuna en manos del Estado nacional y financiada enteramente con recursos públicos”. No obstante, “el Estado no debe integrar todas las etapas de una innovación, sino aquellas en las que puede avanzar hacia un mayor desarrollo y gestionar su impacto”, aclaró Goizueta.