La cuestión, que ocupa cada vez más el centro de las sociedades democráticas, es cómo hacer esta actividad en forma transparente. En ese contexto no es casual que haya levantado polvareda el proyecto de ley de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), adherida a CRA, para establecer un fondo de financiamiento para el gremialismo agropecuario de carácter obligatorio con el 0,5% de las ventas primarias de los productores (se excluyen canjes). La mitad de ese fondo correspondería a las entidades de base del interior y la otra mitad a trabajos profesionales o institucionales que se definan. La iniciativa cuenta con el visto bueno del gobierno de Santa Fe.
El presidente de Carsfe, Gustavo Vionnet, justificó el proyecto porque "hay que superar el amateurismo ad honorem que existe en las entidades agropecuarias", dijo a www.lanacion.com.ar/campo. Según el dirigente, hoy se requiere una mejor comunicación del campo con la sociedad urbana, equipos técnicos de excelencia profesional y una mayor dedicación gremial que en la actualidad.
En un comunicado, la Red Nacional de Productores Autoconvocados objetó la iniciativa por cuestiones "éticas, operativas y jurídicas". Y, entre otras cosas, sostuvo que "no hay ningún derecho para que un grupo de dirigentes se arrogue la representación de intereses de quienes no tienen interés en ser representados y pretenda cobrar por ello utilizando la fuerza del estado". En el comunicado de los "autoconvocados" no hay una propuesta alternativa a la de Carsfe.
Entre todas las enseñanzas que dejó el conflicto por la resolución 125 en 2008 quedó la necesidad de contar con entidades gremiales sólidas. La reacción frente al atropello que pretendió llevar adelante el gobierno de Cristina Kirchner se hizo con lo que había. Los productores salieron a la ruta y los dirigentes iban y venían por los medios de comunicación procurando explicar a la sociedad urbana por qué un simple decreto ley que modificaba un aspecto impositivo como los derechos de exportación podía llevar a la quiebra a gran parte de las comunidades rurales. También trajinaban los pasillos del Congreso. Tras el fin de esa pelea hubo intentos de las cuatro entidades gremiales nacionales de crear un fondo de financiamiento para la actividad que quedaron en la nada.
Aunque ahora no hay al frente del Ejecutivo una fuerza política que se oponga a las actividades productivas se presentan nuevas demandas que exigen respuestas. Para eso se necesitan equipos técnicos sólidos y una dirigencia que sepa moverse en el mundo de la política y se conecte con la sociedad. Debates como los del medio ambiente o de una reforma impositiva obligan a contar con insumos de información que no se limiten a las simples opiniones.
Acaso los puntos más flojos de la propuesta de Carsfe se encuentren en el carácter obligatorio del aporte y en la asociación con el Estado para financiar las entidades. Se corre el riesgo de abrirle la puerta a la generación de nuevas cajas y peajes.
Más allá de las críticas, la iniciativa de Carsfe puede servir para discutir cómo mejorar la calidad institucional del campo. También para no caer en el camino fácil de echarle la culpa a otro.
