CÓRDOBA.- La comunidad del departamento Roque Sáenz Peña, en el sur de esta
provincia, se movilizó ayer por la séptima inundación en 16 años, que presenta
un "escenario devastador". En la cuenca de La Picasa y aledaños, son 1,5
millones de hectáreas las que están afectadas por el agua. Sólo en este
departamento, este año cerraron 15 tambos y se perdieron unos 75.000 litros de
leche diaria, según proyectó la Sociedad Rural de Laboulaye.
Una asamblea, que contó con la presencia de más de 1000 personas, elevó un
petitorio a autoridades nacionales y provinciales exigiendo respuestas
"concretas" que "se traduzcan en obras de infraestructura necesarias" y advirtió
sobre las consecuencias económicas y sociales de la situación, "con disminución
del consumo y estancamiento del comercio, deterioro industrial, desempleo,
desarraigo y expulsión de jóvenes y familias a grandes centros urbanos".
En el documento piden declarar el departamento en "estado de desastre";
iniciar la reparación de la red vial rural con el envío "urgente" de los fondos
por parte de la provincia y fortalecer el cumplimiento de la emergencia
agropecuaria cordobesa, ya homologada por la Nación.
Además, la comunidad reclamó que el gobernador Juan Schiaretti recorra la región
y "aplique un plan de emergencia económica por catástrofe hídrica" que contemple
las pérdidas a dos años, involucrando a todos los sectores. En esa línea,
entiende que se deben generar proyectos de contención socioeconómica para
responder a la situación.
La asamblea expresó que se debe exceptuar a los sectores afectados del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales, ante la imposibilidad de generar recursos e instrumentar de forma ágil y concreta líneas de créditos blandos con plazos de amortización acordes a los ciclos productivos y con plazos extendidos al efecto del daño actual y residual.
Respecto de la normalización de cuencas, exigió al gobierno nacional que en forma urgente coordine las acciones necesarias para regularizar la situación de las cuencas interprovinciales de La Picasa y del Río Quinto, sistematizando y organizando el escurrimiento de los excedentes hacia la Cuenca del Salado o donde corresponda.
La solución, a criterio de la asamblea, es un proyecto hídrico integral que contemple San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires. Al gobierno cordobés le solicita la inmediata limpieza, adecuación y finalización de las obras pendientes de la cuenca de excedentes hídricos de arroyos del sudeste de acuerdo a las lluvias pronosticadas para el año próximo.
La respuesta oficial
Sergio Busso, ministro de Agricultura de Córdoba, explicó a este medio que se comenzaron a ejecutar 10 intervenciones por 526 millones de pesos en la zona: "Son obras consensuadas en este tiempo con todos los sectores. Tiene que avanzar Buenos Aires en la canalización del Salado si no, no hay solución; la Nación tiene que tener una política más agresiva de articulación entre las provincias". Afirmó que "está declarado el estado de emergencia y desastre; los productores tienen los certificados".
Por su parte, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, indicó que se está avanzando para resolver el problema de La Picasa, que ya se completó la etapa 3, de la cuenca del Salado, que llega a General Belgrano y que la semana próxima se firma la primera parte de la cuatro con una inversión de 1700 millones de pesos. "Se están dando grandes pasos en lo estructural, pero venimos de años de no ejecutar nada", señaló.
