Luego de la suba de las tarifas de la luz este mes, el Gobierno afina el lápiz para aumentar las del gas en abril. Según los últimos cálculos que el Enargas, ente que regula el sector, les ordenó hacer a las compañías que prestan el servicio, en promedio los incrementos para la mayor franja de consumo rondarán el 50%, según confirmaron tres fuentes privadas.

Sin embargo, habrá una dispersión importante entre facturas de usuarios con distinto volumen de demanda, que partirán de ajustes mínimos para los consumos más bajos. Así se desprende de estudios que hicieron en el sector privado.

En diciembre pasado, el Enargas les pidió a varias distribuidoras de todo el país que "corran" sus sistemas (como se denomina en la jerga del sector este tipo de ejercicios) con determinados aumentos en la remuneración de cada eslabón de la cadena gasífera.

Las compañías utilizaron para el cálculo el sendero de ajuste del precio mayorista del gas (por ejemplo, pasará a 4,20 dólares el millón de BTU desde abril, casi 10% más que el valor actual en dólares, para usuarios de consumo intermedio), que difundió el año pasado el Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren .

A eso le sumaron un incremento de más del 200% para el servicio de transporte que presta TGS y del 185% en el caso de TGN, y un incremento cercano al 100% para las distribuidoras, un grupo del que forman parte, entre otras empresas, Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi.

Esas cifras arrojan que un usuario de la Capital o del conurbano bonaerense que en octubre pasado, tras el último aumento, pagó una factura de $ 96 mensuales deberá desembolsar $ 168 por el mismo servicio, con un incremento del 75%. Aunque el impacto sobre la factura real podría ser menor, según la decisión que tome el Gobierno respecto de poner límites a los aumentos.

El año pasado, para moderar el golpe que podrían haber tenido las boletas sobre la paciencia de los consumidores, el Ministerio de Energía estableció topes a los aumentos. Si este año se aplica la misma política, algo que fuentes oficiales no confirmaron, pero tuvieron en cuenta las empresas para hacer los cálculos, la factura del usuario anterior llegará a $ 113, cifra que representa una suba de 17% sobre la factura anterior, debido al techo del 300%.

Si se aplican los últimos números, una suerte similar correrá un consumidor de Bahía Blanca, que en noviembre del año pasado recibió una factura de $ 115 y en el cuarto mes del año deberá desembolsar $ 199 por el mismo servicio, aunque de aplicarse los topes su aumento apenas superaría el 4 por ciento.

En tanto, un usuario de consumo medio conectado a la red de Metrogas o la de Gas Natural Fenosa pasaría de pagar $ 560 a $ 865 (un 54% más), y otro de alto consumo debería desembolsar $ 1975, un 43% más que los $ 1379 que pagó en octubre tras el último aumento. En el primer caso, si se aplica un tope de 350%, como el año pasado, el aumento llegaría al 44%, pero en el segundo no aplicaría ese techo y la suba sería del 43 por ciento.

"Raros" efectos

Una fuente del sector privado que pidió reserva de su nombre destacó una rareza de la política de aumentos en el gas. Como el año pasado el ajuste debió atravesar el terreno fangoso de la Justicia, recién quedó firme cuando ya habían pasado las bajas temperaturas. De manera que el impacto del ajuste llegó en los albores del verano, cuando estacionalmente baja el consumo. Por eso, estimó que el consumidor hará la comparación con los valores de marzo, mucho más bajos. Por ejemplo, para un usuario de bajo consumo ese incremento llegaría al 500 por ciento.

A primera vista, la simulación de las empresas arroja subas menores que en el caso de la luz. Diversos motivos explican esa situación. En primer término, al momento en que Mauricio Macri llegó al poder, el precio del gas estaba menos retrasado que el de la electricidad, por lo que la brecha a acortar para que los consumidores paguen el precio pleno del insumo era menor.

Además, el gas volverá a aumentar en octubre (se notará en las facturas del mes siguiente), en línea con la intención oficial de llevar el precio mayorista del fluido a su paridad de importación en el último año de la gestión de Cambiemos.

A eso se suma que el aumento de tarifas del gas le trajo los mayores dolores de cabeza a Macri en su primer año de gestión, a tal punto que Energía debió remendar en varias ocasiones su decisión original. La intención oficial es que este año no ocurra lo mismo. Por eso los valores anteriores podrían ser menores.

Reunión próxima

Esta semana se volverán a ver las caras el equipo del presidente del Enargas, David Tezanos, y representantes de la industria. Las compañías reclaman un aumento de tarifas mayor porque, según sostienen, los números que arroja la simulación no les alcanzan para cubrir las inversiones que deben hacer para incrementar el tamaño del sistema.

Pero van con la expectativa de que el Gobierno les recorte el aumento para no despertar mayor efervescencia entre los consumidores. "Tenemos una enorme preocupación porque los mensajes que estamos recibiendo son de recorte de los incrementos solicitados" en las audiencias públicas de diciembre pasado, sostuvo una fuente que participa de las discusiones. Y LA NACION corroboró que dos ejecutivos importantes del sector le anticiparon a Tezanos que no querían que sus compañías tuvieran margen de ganancias, pero tampoco que se queden sin recursos para mejorar la infraestructura del servicio.

Ante la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Energía sostuvieron que "el Enargas considerará lo presentado en la Audiencia Pública por cada distribuidora en cumplimiento del marco regulatorio vigente".

Tiene un tiempo limitado para hacer eso, ya que en la semana del 6 al 10 de marzo próximo deberán publicarse todos los cuadros tarifarios correspondientes.

Una deuda millonaria

La normalización del sector gasífero que inició el año pasado el Gobierno encierra una dificultad aún no resuelta. En el marco del atraso tarifario, las distribuidoras como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi acumularon una deuda millonaria con las petroleras que les venden el producto.

En el sector estiman que ese pasivo ronda los $ 5500 millones. Algunas de las empresas iniciaron diálogos con las proveedoras de gas para saldar la deuda, pero no se pusieron de acuerdo. Dos de las grandes acreedoras son la estatal Enarsa e YPF, también del Estado. Ambas reclaman que los pagos se hagan con un interés sobre la deuda, lo que rechazan las distribuidoras. Una fuente de trato frecuente con Energía y la Casa de Gobierno estimó que esa dificultad se resolverá en el mediano plazo, quizá con una nueva transferencia del Estado, por una razón: si no es así, provocaría la quiebra de algunas empresas.