Por eso, la foto de Juliana Awada junto a Antonia subiendo al helicóptero presidencial para regresar de Punta del Este genera más controversia que la que disparó, en su momento, el escandaloso dato de que los Kirchner se hacían llevar los diarios desde Buenos Aires hasta Río Gallegos o El Calafate con el Tango 01.

Por eso, tampoco, a nadie sorprende cuando una buena parte de la dirigencia y los medios piden la renuncia de Juan José Gómez Centurión por negar el plan de exterminio de la dictadura mientras que el general César Milani mantuvo su cargo a pesar de que fue acusado de la desaparición de un soldado de su regimiento. (Quien esto escribe cree que Gómez Centurión tiene todo el derecho a opinar pero que debería dimitir, porque negar los delitos de lesa humanidad significa estar en contra de las bases del Estado de Derecho.) Por la misma razón -la enorme exigencia de una buena parte da la sociedad para con el actual Gobierno-las sospechas sobre Gustavo Arribas y su participación en el caso Odebrecht y la conducta de la familia Macri alrededor de los llamados Panamá Papers son comparadas, como si fueran lo mismo, con las causas que involucran a Cristina Fernández, Julio De Vido, Lázaro Báez, Cristóbal López y José López, entre otros. Por eso, a cada decisión de política económica, desde el aumento de tarifas hasta la idea denominada Precios transparentes se las discute con una carga de indignación superior a la que se lo hacía con asuntos mucho más graves como la manipulación de los índices de inflación y la determinación de dejar de medir la pobreza. "El peronismo en general, Néstor y Cristina en particular, eran como los overoles de los mecánicos: llenos de manchas de grasa y aceite. Tan percudidos estaban, y están, que era imposible diferenciar una mancha de otra. Nosotros vinimos a gobernar con un guardapolvo blanco de primer día de clase, y cualquier mancha de tinta nota demasiado", me dijo un alto funcionario encargado de analizar los errores no forzados de la administración.

Igual, se trata de una mirada autoindulgente. Un diagnóstico más adecuado sería afirmar que Cambiemos, para ganarle a Cristina, pero también a Daniel Scioli y a Aníbal Fernández, puso la vara demasiado alta. Y ahora debe responder a las expectativas que generó. Es decir: Macri y sus funcionarios tienen que ser, parecer, hacer crecer la economía, el empleo genuino, bajar la inflación y portarse, en términos morales, como la Madre Teresa de Calcuta o el Papa más bueno que haya existido.

Los comunicadores oficiales están ahora trabajando horas extra para apagar los incendios que aparecen en la tapa de los diarios y las redes sociales. Los funcionarios de la Oficina Anticorrupción, por ejemplo, se vieron obligados a aclarar que la esposa y la hija del Presidente no estaban violando ninguna ley al usar el helicóptero oficial. Sin embargo, en las mesas de coordinación que trabajan para las elecciones legislativas que vienen ya sacaron de la escena una sabia conclusión: no más vehículos de la flota presidencial para actividades no oficiales; "la próxima vez le pedimos a Mauricio que alquile un avión privado, o haga viajar a su familia en un avión de línea".

Se dieron cuenta tarde de que no es tanto la ley, sino el contexto económico y social, y la bendita vara demasiado alta, lo que parece irritar a una buena parte de la opinión pública. Algo parecido podría decirse sobre la improvisada y corregida decisión de incluir el 24 de marzo como un feriado movible, las inoportunas declaraciones de Gómez Centurión y, por qué no, lo que está pasando ahora mismo con Arribas, y lo que podría llegar a suceder cuanto termine la investigación sobre las empresas off shore de Macri y su familia. Como se sabe, el director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue acusado de recibir cinco pagos provenientes de una cuenta que la megaconstructora Odebrecht usó, entre otras cosas, para pagar coimas a funcionarios de varios países, incluida la Argentina. Arribas reconoció un solo pago de u$s 70.000 sobre los cinco presuntos desembolsos que sumaban casi medio millón de dólares y negó que esa transacción tuviera que ver con Odebrecht. Aclaró, tarde, que los u$s 70.000 que recibió provenientes de esa cuenta fueron a cambio de los muebles que contenían un departamento que había vendido, por cerca de medio millón de dólares, en 2013, en Brasil, pero que terminó de escriturar en 2015, a pedido del comprador.

Todo parece indicar que cuando el fiscal Federico Delgado termine de tirar del piolín, a lo sumo podrá concluir que Arribas y su comprador intentaron eludir el pago de impuestos en Brasil, algo que en ese país, y en esos años, era moneda corriente para cualquier empresario paulista. "Este es un expediente para la justicia penal económica, y no para que siga un juzgado federal de Comodoro Py", me dijo un magistrado que tuvo oportunidad de revisarlo y que trabaja en ese edificio del barrio de Retiro. Lo mismo me dijo otro juez que tuvo en sus manos parte del expediente que investiga el Presidente y su participación en la creación de empresas off shore que figuran como sospechosas en la lista de los Panamá Papers. Antes de fin de año tanto Franco Macri como una decena de ejecutivos de Socma (Sociedades Macri) repitieron, de manera casi calcada, los mismos argumentos de defensa del jefe de Estado. Que Mauricio no estaba enterado de que su padre lo había incluido en el directorio de Fleg trading. Que la firma nunca operó ni llevó a cabo ninguna actividad. Que cualquier responsabilidad debería recaer sobre el verdadero jefe del holding, el padre del Presidente.

A pesar de los pedidos del fiscal Delgado, ni la Oficina Anticorrupción (OA) ni la Unidad de Información Financiera (UIF) aportaron información al tribunal que maneja el juez Sebastián Casanello. Fue un fiscal de Hamburgo, Alemania, quien remitió al juez información sobre cuentas en el exterior de dos hermanos de Macri, Gianfranco y Mariano. Debido a su divulgación pública los abogados del Presidente reclamaron a Delgado y a Casanello que apuren la investigación. Además les preguntaron, de manera ácida, si lo que estaban haciendo era determinar un presunto delito del Presidente o hurgar sobre la vida económica de toda la familia, incluyendo los divorcios de sus hermanos. Interpretaron, los abogados de Macri, que el fiscal está haciendo una excursión de pesca en vez de una tarea seria. El problema, argumentaron fuentes judiciales que conocen el expediente, es que Delgado no precisó el objeto procesal, pero lo encuadró, de manera indirecta, en el presunto delito de lavado de dinero, lo que le permitiría investigar hasta el infinito, del mismo modo que se investiga un expediente de enriquecimiento ilícito.

El veterano magistrado, que conoce el Código Penal casi como ninguno, me explicó que aquí también, a lo sumo, Macri y su familia podrían ser acusados de no haber declarado la radicación de una empresa off shore, con la intención de eludir el pago de impuestos. En fin: un asunto ético, no de megacorrupión, como la asociación ilícita, la defraudación, el cohecho y el lavado y enriquecimiento ilícito que le endilgan a la ex presidenta, sus hijos y funcionarios y empresarios como De Vido, José López, Lázaro, Báez y Cristóbal. El problema, como siempre, es que además de ser, hay que parecer honesto e impoluto. Esa es la vara y la marca que sostiene a Cambiemos. Y la que también, con el tiempo, puede poner en riesgo su futuro.