El cambio climático hace que fenómenos extraordinarios sean cada vez mas ordinarios y genera una mayor intensidad y frecuencia de situaciones meteorológicas extremas -fuertes lluvias, sequías, y tormentas-.


El sistema de gestión de riesgo agropecuario de la Argentina tiene por un lado la ley de Emergencia, que debería recomponer las situaciones críticas después del evento, llegar con asistencia a los productores o incluso realizar trabajos de reparación de infraestructura (limpieza de canales, reparación de caminos). Además, contempla que una mínima parte de los recursos también se usen para realizar obras de prevención intra predios (por ejemplo mallas antigranizo para producciones intensivas) y la implementación de buenas prácticas (tales como picadas y contrafuego para combatir incendios).

Sin embargo, si se piensa que, según cifras de la Sociedad Rural Argentina, el sector agropecuario gasta en un año 58 mil millones de dólares, y que la cuantificación de las pérdidas por los distintos eventos climáticos que afectan a Río Negro, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires fueron calculadas en más de 3000 millones de dólares según estimaciones de productores y funcionarios, un fondo de 500 millones de pesos, con el que actualmente cuenta la ley de emergencia, es claramente insuficiente. Así lo señala el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, para quien la ley actual es, además, "obsoleta".

Por otra parte, este contexto evidencia que no hay tal cosa como renta extraordinaria. "Lo ordinario es que a veces sucedan producciones muy buenas y luego un desastre", recalca el productor Santiago del Solar. Por eso, señala, se necesita un sistema impositivo adecuado al negocio: "Las retenciones claramente no son adecuadas: de lo que queda de la cosecha en zonas de desastre y emergencia, el 30% se va en retenciones. La cuenta así no da".

En la actualidad, la ley de emergencia contempla la prórroga de impuestos nacionales pero en ningún caso hay exenciones, como si las hay a nivel provincial para los casos de desastre (más del 80% de la superficie afectada).

Para la banca oficial, se congelan los vencimientos por el período que dure la emergencia más 90 días, y se otorga una tasa subsidiada a aquellos productores que tomen nuevamente crédito. Claro, siempre y cuando les da la carpeta, ya que muchos aducen que el sello de "emergencia o "desastre" les juega en contra a la hora de pedir un crédito.

La serie de obstáculos para recibir auxilio continúa ya que una vez declarada la emergencia, para que cada productor pueda recibir la ayuda tiene que darse de alta como proveedor del Estado, algo que es burocráticamente impracticable. Por eso Agroindustria termina siempre girando fondos al municipio o a la provincia afectada, que luego son los encargados de realizar su reparto en un lapso máximo de un año. La única constancia que recibe el ministerio es un CUIT al que fueron enviados esos fondos, que debe contar con un certificado de emergencia. "Esto da para cualquier cosa", dicen por lo bajo algunos funcionarios.

Hacia un cambio de sistema

Por eso, hoy existe consenso acerca de la necesidad de generar soluciones ex ante, es decir, cubrir un riesgo para que cuando un evento suceda, los productores puedan cobrar un seguro. "La tendencia mundial es avanzar hacia gestiones de riesgos ex ante vs. ex post", sintetiza Miguel Fusco, de Aacrea. Aquí es donde entran en juego los seguros multirriesgo. Sin embargo, también hay consenso en la necesidad de contar con subsidios estatales para estos seguros, ya que sino resultan extremadamente elevados para ser contratados y tienen resultados negativos para las compañías que los comercializan.

Las cifras hablan por sí mismas. En los últimos quince años se acentuaron las contrataciones de coberturas de seguros por parte de productores agrícolas, a partir de la tradicional "cobertura de granizo", que cubre el 63,10 % de los seguros contratados en el sector, según los últimos datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Otro 35,20% son seguros contra granizo y un adicional (tales como viento o helada) y solo el 1,66% de los seguros contratados son los llamados multirriesgo, que contempla incendio, inundación, sequía, vientos, heladas, a los cuales claramente están expuestos los cultivos desde su implantación hasta su cosecha.

De hecho, los propios corredores de seguros son bastante reticentes a ofrecer los seguros multirriesgo a sus clientes. El último ratio disponible que mide la cantidad de siniestros sobre las primas pagadas habla por sí mismo: es del 112,7%, es decir, indica una pérdida para las firmas aseguradoras.

Es que, a diferencia del granizo que es un evento puntual y que le puede suceder a un productor mientras que su vecino queda intacto, la sequía y la inundación tienen correlación, lo que complejiza la diversificación del portfolio.

En los Estados Unidos, por ejemplo, estos seguros se subsidian en un 65% de su prima, en un esquema que contempla cobertura de precio y cantidad.

El subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria, Hugo Rossi, explica que están trabajando en un nuevo sistema de seguros multirriesgos con subsidio estatal, con el financiamiento de entidades financieras internacionales. Pero que antes resulta necesario finalizar ciertas obras de infraestructura pendientes para prever y disminuir el riesgo -de inundación especialmente- en algunas zonas. Además, se necesita contar con información confiable y realizar un mapeo de zonas por cultivo y actividad para estimar la susceptibilidad de que puedan ser aseguradas; calibrar las estaciones meteorológicas y establecer un sistema oficial confiable que cubra todas las regiones.

La idea es realizar una combinación de seguros multirriesgo para los productores y coberturas a favor del estado para que éste luego cubra a los productores.

Por ejemplo, si en determinadas zonas hay eventos de sequias, se dispararian pagos a favor del Estado para que éste cubra los daños a los productores. Ese tipo de seguros de cobertura, más los seguros individuales vendrían a complementar el sistema tal como existe hoy. "Esto llevará un par de años como mínimo", estima Rossi.

Apuestas online, la otra forma de asegurar

Es común que en ciertas regiones norteamericanas, los huracanes tengan efectos devastadores. Las compañías de seguros cobran entre un 2% y un 15% del valor del bien asegurado, valores que lo hacen inaccesibles.

Por otra parte, tampoco existen seguros para el lucro cesante en caso de perder un negocio, o sus costos también son muy altos. Además, por si faltaba algo, pueden existir atrasos en los pagos de los seguros.

Teniendo esto en cuenta y luego de sufrir varios huracanes en Florida, Estados Unidos, su lugar de residencia, el magnate Kenneth Horowitz realizó una creativa propuesta para los habitantes de las costas de su país que tienen altos riesgos de sufrir huracanes pero que no quieren pagar las altas primas de los seguros contra estos eventos: la Opción de aterrizaje en tierra de un huracán (Hurlo, según sus siglas en inglés). Esta plataforma on line toma apuestas acerca del lugar en el que se cree que un huracán aterrizará primero. Allí, los habitantes de zonas con riesgo de huracanes pueden comprar y cubrir el riesgo de que los mismos aterricen en su zona. Si se tiene la mala suerte de vivir donde aterrizó el huracán, se recibe una proporción del fondo que pagaron quienes seleccionaron otras áreas.

La página web de Hurlo muestra exactamente cuál será el monto mínimo que se recibirá. Y se utiliza el National Hurricane Center para determinar el lugar en el que el huracán hizo su aterrizaje.

Por supuesto, estos instrumentos también están disponibles para quienes simplemente quieren especular sobre el lugar en el que caerá un huracán primero. Los interesados directamente hacen click en una región y envían la solicitud. Si el huracán hace tierra en el lugar seleccionado y hubo daños en el área, se recibe un pago. Tal como en otros mercados financieros, los especuladores proveen liquidez para ayudar a fondear las posiciones. Por eso Hurlo se autofinancia y no necesita ser subsidiado. Las regiones cubiertas son el Golfo de México y las costas Este de los Estados Unidos entre los límites con los países de México y Canadá.

Es mejor manejar los riesgos antes del daño que auxilar las pérdidas

Falta información meteorológica para implementar un sistema integral de seguros

1- Antes del daño

La ley de emergencia es una ley de contención. La tendencia mundial es avanzar hacia gestiones de riesgos ex ante versus ex post. Para esto, habría que pensar en un manejo integral del riesgo: las primas debieran ser diferentes para un campo más rotado y bien trabajado que para otro que no lo está.

2- Multirriesgo

Crear un sistema de seguros multirriesgo llevará por lo menos dos años. Estados Unidos -que ya cuenta con uno- tiene 2200 estaciones meteorológicas, la Argentina solo 140. Se necesitan más datos meteorológicos y finalizar obras de infraestructura especialmente contra inundaciones.

3- Fuera de toda escala

500 millones de pesos son los fondos que contempla la ley de emergencia y desastre para enfrentar los daños y dar asistencia a los productores. 3000 millones de dólares son las pérdidas que se calculan por los eventos de Río Negro, La Pampa Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

4- ¿Y el riesgo por seca?

La oferta de seguros no está a la altura del clima extremo que enfrenta la producción. El 63,10% es contra granizo, pero el mayor impacto se da por sequía e inundaciones, pero son seguros con alto costo para el productor y alto riesgo para las firmas, por eso necesitan subsidio estatal.

5- Retenciones

"Las buenas cosechas se suceden con malas cosechas, por eso se debe tener un sistema impositivo adecuado al negocio. Las retenciones son inadecuadas: de lo que queda de la cosecha en zonas de desastre, el 30% se va en retenciones. La cuenta así no da", razona Santiago del Solar.