No era la intención. Además, la polémica más ácida del oficialismo, que se refiere a la estrategia institucional, habría sido imposible. Su promotora, Elisa Carrió, no integra el gabinete. Y está en Miami. La falta de una estrategia institucional clara acumula tensiones en la agenda del Gobierno. Sobre todo porque, al cabo de un año de gestión, la renovación de la Justicia ha sido nula.

En este terreno, lo de Macri ha sido hipergradualismo. La baja productividad del Consejo de la Magistratura es una parte del problema. Miguel Piedecasas dejará pronto la presidencia a Adriana Donato, para estupor del Presidente. Antes de hacerlo pretende publicar las auditorías realizadas en los juzgados federales de la Capital. El jueves pasado Piedecasas recibió la información cruda, que debe organizar. En los tribunales de Comodoro Py está una de las raíces de la degradación institucional que se registra en el país. Por complicidad, o por asociación con la corrupción, han sido proveedores de impunidad para la política. La exhibición de esa radiografía, aunque sea imprecisa, provocará polémicas en el Consejo. Un dato significativo: esa inspección fue una iniciativa del Colegio de Abogados que dirige Guillermo Lipera. No se ocurrió a algún consejero. Tampoco a Juan Bautista Mahiques, el representante del Poder Ejecutivo.

El Consejo no pudo destituir al camarista Eduardo Freiler. La Cámara de Casación Penal sigue con cuatro vacantes sin cubrir. En la Sala I de la Cámara Federal Penal, donde sobrevive Freiler, falta agregar un camarista. Lo mismo sucede con la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Y con la Cámara Nacional Electoral.

El Consejo debe, además, definir un cargo clave en ese fuero: quién será el juez competente en las cruciales elecciones bonaerenses. María Servini de Cubría está subrogando el juzgado de La Plata. Pero en la Casa Rosada prefieren reemplazarla. Ella sugirió un sucesor: Carlos Villafuerte Ruzo. Sin embargo, José Torello y Pablo Clusellas sugieren a Juan Manuel Culotta, el juez federal de Tres de Febrero. Una saludable señal de independencia. Seis meses atrás, Culotta allanó a Jorge Macri la Municipalidad de Vicente López en una investigación por la compra directa de 20 camionetas Toyota a su hermana, Daniela Macri. Jorge Macri sueña con ser candidato a senador, a pesar de que María Eugenia Vidal prefiera a Gladys González y Facundo Manes.

En la lista de cuestiones pendientes del Consejo está también la cobertura del juzgado federal de Río Gallegos. Es estratégico: Santa Cruz ha sido la escena principal de los delitos que se imputan a los Kirchner y a sus subordinados, de Lázaro Báez a José López. El concurso para normalizar ese tribunal, que debía celebrarse la semana pasada, fue postergado por lo menos hasta abril. Los postulantes kirchneristas impugnaron a dos jurados y, previendo que no ganarían, consiguieron la prórroga. En muchos temas, el joven Mahiques, que representa a Macri en el Consejo, tiene una agenda propia. Pero las críticas contra él igual impactan en su padrino, el presidente de Boca y propietario de bingos, Daniel Angelici. Su principal acusadora, Carrió, lo calificó de "delincuente" en la mesa de Mirtha Legrand. Días más tarde, "Lilita" festejó un aniversario de ARI con Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Angelici, enardecido, se quejó ante Macri. Y tuvo una discusión durísima con Larreta. Sin embargo, su blanco principal fue Francisco Quintana, cabeza de Pro en la Legislatura porteña. Angelici está en lo cierto: cuando aplaudió a Carrió por decir que "hay que terminar con la concupiscencia entre fútbol y política", Quintana aún no había renunciado a la Comisión de Institucionales de Boca. Allí está por Angelici. ¿Ya se habrá alejado? El ministro bonaerense Gustavo Ferrari, todo olfato, fue más previsor: cuando vio los aplausos de Vidal, dimitió a la conducción de Boca. Promete irse antes de Navidad.

Para Macri, que siempre fue desdeñoso con la dimensión institucional de la vida pública, las mortificaciones judiciales se están transformando en un problema de primera magnitud. No sólo se demora el Consejo de la Magistratura. La situación procesal de Milagro Sala ha impulsado un complejo juego diplomático frente al cual el Gobierno reaccionó en cámara lenta. De nuevo el gradualismo.

Presión por Sala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, conminó a las autoridades argentinas, en especial a las de Jujuy, para que liberen a Sala, como había pedido el Grupo de Trabajo de la ONU. En la Cancillería tratan de atenuar el costo citando la Constitución: Sala está en prisión por una orden de la justicia jujeña, por lo tanto, para cumplir con la CIDH deberíamos intervenir los tribunales de la provincia, es el mantra.

Los radicales van más allá. Solidarios con su correligionario Gerardo Morales, justifican que Sala esté tras las rejas. La CIDH arguye que se la castigó por protestar. Morales y los líderes de su partido lo admiten. Pero aclaran que por ese cargo ya fue excarcelada. Algunos, como Ernesto Sanz, reconocen que esa detención fue un error. Todos explican que Sala sigue en la cárcel por un caso de extorsión a cooperativistas para apropiarse de fondos públicos destinados a viviendas. Y que, como presionó a testigos, merece la prisión preventiva. En la UCR rechazan que sea al revés: que esos delitos se le imputaron para mantenerla en prisión. El entredicho terminará en la Corte, antes de fin de año. Si Sala queda libre, ¿Báez reclamará lo mismo para sí? Su trance es bastante similar. Aunque a él nadie lo llora.

Los radicales apuestan a que el juicio oral, en febrero, convierta a Sala en un Schoklender. Pero la discusión sobre esta controvertida líder forma parte de una trama regional que facilita el trabajo de Jorge Taiana, su defensor internacional. El ex canciller conoce el terreno tanto como Leandro Despouy, el representante del oficialismo ante los organismos internacionales de derechos humanos. Es un duelo cifrado: Despouy fue el verdugo del kirchnerismo cuando era auditor de la Nación.

El primer detalle relevante es que quien sigue el caso Sala en la CIDH es Paulo Vannuchi, un brasileño que fue ministro de Derechos Humanos de Lula da Silva. Para Vannuchi debe ser apasionante reclamar garantías procesales a Macri, un aliado de Michel Temer, a quien su partido acusa de golpista. Vannuchi tuvo, además, un respaldo inesperado. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, pidió por Sala. Es raro que el titular de la OEA se pronuncie sobre un tema antes de que lo haga la CIDH. Salvo que tenga motivaciones políticas para hacerlo. Almagro puede tenerlas. Él aspira a la presidencia de Uruguay, amparado por José Mujica. Su problema es que acaba de recibir un coscorrón de Mujica por haber condenado la persecución de opositores en Venezuela. Es posible que, reclamando por Sala, Almagro haya querido compensar ese pronunciamiento.

El jefe de gabinete de Almagro es, además, un lobbista del kirchnerismo: Gustavo Cinosi. Ex socio del antiguo abogado de Báez, Jorge Chueco, compinche de negocios de los Alperovich, Cinosi es íntimo de Carlos Zannini. Sin embargo, su influencia puede ser equívoca. Porque Zannini, que iba a ser el "garante del proyecto" secundando al desviacionista Daniel Scioli, se refugió en el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi, y tramita una opulenta jubilación en la provincia. Zannini está muy lejos de Sala. Además, Almagro no convocó a Cinosi por los Kirchner, sino porque le habría conseguido el aval de Washington para dirigir la OEA. Un perfecto doble agente, como sugiere su apellido.

Sobre los gestores del reclamo por Sala puede haber malentendidos. Sobre su objetivo, no. El kirchnerismo pretende convertir a la líder piquetera en el Leopoldo López de Macri. Aunque el venezolano jamás haya tocado una moneda. Martirizar a Sala puede resolver un problema a los feligreses de Cristina Kirchner: Macri no acepta ser el presidente ajustador y represivo que ellos necesitan. La denuncia de que Sala fue puesta en cautiverio por razones políticas aproxima a Macri con ese identikit. Además, la saga tiene otro propósito: es un ensayo general por si un juez dicta la prisión preventiva de la señora de Kirchner.

El problema fractura al kirchnerismo. Horacio Verbitsky, titular del CELS, que patrocina a Sala, denunció a sus antiguos compañeros, los piqueteros Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, y también al consultor de la Santa Sede Juan Grabois, de pactar la emergencia social con el Gobierno traicionando la causa de Sala. Los acusó de ser colaboracionistas subordinados a Jorge Bergoglio.

Grabois contestó desde su cuenta de Facebook. Aseguró que nunca olvidará a "la Flaca", como llama a Sala, de la que también es abogado. Y reprochó al titular del CELS haber recibido fondos de la Fundación Ford, del British Council y de la Fuerza Aérea durante la dictadura. Verbitsky debe explicar de tanto en tanto su vínculo aeronáutico. Pero nunca se lo habían enrostrado desde el campo nac&pop.

La denuncia de Verbitsky se volvió más significativa porque Cristina Kirchner la hizo suya. Al reproducirla en las redes sociales, ella adhirió a las descalificaciones contra Bergoglio.

Se podría pensar, entonces, que Sala quebró un vínculo que parecía inquebrantable. Sería un error. Ese lazo se rompió antes. Y no fue por Sala, sino por alguien mucho más polémico sobre quien no pesa una prisión: Aníbal Fernández, cuya postulación en la provincia el Papa nunca pudo tolerar.