Después de una larga siesta el Instituto Nacional de Semillas (Inase) se terminó de despertar y realizó un gran operativo de control sobre la importación, producción y comercialización de semilla de alfalfa ilegal RR.

Semanas atrás en estas páginas Gerónimo Watson, que trabaja en la industria biotecnológica, había denunciado cómo se ofrecía abiertamente y por Internet alfalfa resistente a glifosato, una tecnología que en nuestro país no cuenta con la aprobación comercial. Por lo tanto, la siembra, cosecha y venta de esta semilla representan una actividad ilegal que se realiza alegremente frente a un Estado impasible. Eso sí, ese mismo Estado también es el que sabe observar sus obligaciones y es implacable con las exigencias regulatorias para quienes quieren cumplir las normas y trabajan para aprobar desarrollos de cultivos forrajeros transgénicos.

Sin demasiados complejos, el Estado que supimos construir ofrecía al mismo tiempo dos opciones: un camino largo y costoso para quienes quieren trabajar por derecha y una autopista sin controles de velocidad para la ilegalidad. "Los agentes de control son eximios cazadores dentro del zoológico, pero pierden totalmente la puntería cuando salen al campo", escribió Gerónimo Watson, que tuvo que lidiar con la desidia de los funcionarios de turno.

¿Representará el operativo del Inase con la semilla de alfalfa ilegal una vuelta del Estado ausente sobre el resto de la industria semillera? ¿Ajustará la puntería para salir a buscar la bolsa blanca en soja y trigo? Son preguntas cruciales en momentos en que la Comisión de Agricultura comenzó el debate sobre la modificación de la ley de semillas. Porque la mejor ley que pueda llegar a salir del Congreso, probablemente el año que viene porque se terminan los tiempos parlamentarios, es papel pintado si no hay un organismo eficaz de contralor. Con un Estado ausente, los nueve proyectos para cambiar la actual norma y las horas que lleve alcanzar los consensos básicos serán como que discutir el sexo de los ángeles o cuál debería ser la velocidad máxima de las rutas sabiendo que no habrá radares o dispositivos de control.

Las mejores intenciones volcadas en una ley no serán suficientes para salir de la actual y vergonzosa situación donde sólo un 15% del área de trigo y soja se siembra con semilla fiscalizada.

En los años noventa el área con semilla fiscalizada de estos dos cultivos alcanzaban el 40% de la superficie total. De haberse mantenido ese porcentaje, ¿se estaría ahora discutiendo con este tono las modificaciones a la ley de semillas? No, es lo que responden los productores y semilleristas consultados.

La caída de la superficie de semilla fiscalizada representa una ganancia de cortísimo plazo sólo para los que venden y compran la bolsa blanca pero hipoteca a futuro a la competitividad de la agricultura y el mejoramiento genético de las variedades con sus techos de producción y adaptación a nuevos ambientes. Nada más y nada menos.

Lo cierto es que en lugar de tener más investigación tenemos cada vez menos si nos guiamos por la estadística que dice que para la soja en la campaña 93/94 había 18 obtentores y ahora quedan sólo 9. Los multiplicadores sufrieron en ese período la misma caída proporcional, de 628 a 391. Trabajo calificado que se tiró alegremente por la ventana. Una lástima porque es una fija que con mínimo orden en la comercialización de semilla se generará una retribución suficiente como para que muchos emprendedores comiencen a desarrollar genética adaptada a distintos ambientes específicos. Para David Hughes, presidente de Argentrigo, se evaden 100 millones de dólares por año con la semilla ilegal en el cereal. ¿Cuántos planes de mejoramiento se activarían de poder capturar al menos una parte de ese monto? Para la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) por cada 1% de crecimiento en el área sembrada con semilla fiscalizada se generarán 850 puestos de trabajo en la cadena semillera.

La todavía tímida vuelta del Estado en la actividad semillera con los operativos de control con la alfalfa ilegal genera expectativas. Y aunque es cierto que aquí se toman como logros cuestiones que el resto de los países productores de alimentos ya tienen resueltas desde hace mucho tiempo, no deja de ser un primer paso.

De continuarlo, la futura ley de semillas tendrá sentido.